Evelyn Alonso ni perdona ni olvida

por | 28 marzo, 2021 | Crónicas canallas

La concejal ha recibido ya recados de la dirección nacional de Cs que busca ahora su reincorporación ‘pacifica’

Apenas 48 horas después de adherirse la Fiscalía a la petición de medidas cautelares solicitadas por la concejal chicharrera Evelyn Alonso, para evitar su expulsión de Ciudadanos, la jueza responsable del caso -Noelia Gallo-, suspendió provisionalmente la expulsión decidida el pasado 29 de junio, por entender que Ciudadanos vulneró los derechos fundamentales de su concejala, quebrantó sus propias normas al no ofrecer a Alonso la opción a defenderse, sin que conste en el procedimiento de expulsión “la incoación del expediente en el que se permita presentar alegaciones a la afectada”, sin que hubiera motivos para adoptar la decisión de expulsión “a través del procedimiento sumarísimo” y sin más trámite que el burofax del 22 de junio de 2020 por el que se exigió a la concejal contactar urgentemente con la dirección del partido, sin explicar la urgencia de esa petición.

En la práctica, la decisión del Juzgado de Instrucción número 6 de Santa Cruz de Tenerife permite a la concejal Alonso recuperar todos sus derechos políticos y económicos, participar en los consejos de administración de la Sociedad de Desarrollo y del Parque Marítimo, así como recuperar la dedicación exclusiva, y por tanto su salario. Es el mismo criterio de la sentencia dictada el 14 de octubre de 2019 por la magistrada María Gabriela Reverón, devolviendo la condición de concejales de Ciudadanos a Juan Ramón Lazcano y a la abogada Maltide Zambudio. En aquella ocasión, Zambudio, tras incumplir las instrucciones de su partido y votar a Patricia Hernández –lo que ella ha reconocido por escrito- también solicitó y obtuvo cautelares, lo que le permitió seguir en el grupo municipal de Ciudadanos, hasta que la nueva dirección del partido pactó con ella y Lazcano (y con los díscolos del Cabildo) su reincorporación.

La dirección nacional del partido podía haberse mantenido en la denuncia contra ambos, pero al final prevalecieron las tesis de Melisa Rodríguez, que tras las elecciones había apostado por el desalojo de Coalición Canaria de todas las instituciones y corporaciones de Canarias. Después de haber animado secretamente a sus concejales para que votaran con el PSOE de Santa Cruz, Melisa intercedió por Zambudio y Lazcano y los recuperó para el partido, cuando ya estaban integrados en el poder local. Es cierto que eso no duró mucho: los conflictos entre Zambudio y Lazcano forzaron la dimisión de éste y su sustitución por Evelyn Alonso, partidaria de cumplir las instrucciones iniciales de Ciudadanos y reponer en el ayuntamiento al alcalde que había ganado las elecciones.

El resto de la historia es conocida: Alonso apoyó la censura contra Patricia Hernández, que perdió la alcaldía, y lo hizo a pesar de la oposición de la nueva dirección de su partido, que le exigió primero que renunciara al acta y después que asumiera la política de entendimiento con el PSOE. Fue por eso fulminantemente expulsada, exactamente igual que se había hecho antes con Zambudio y Lazcano, pero por hacer justo lo contrario que ellos.

Y el partido no sólo la expulsó, sino que la privó de su trabajo como asesora del Grupo Parlamentario Mixto (integrado por dos diputados de Cs) y la sometió a una brutal persecución política y mediática, con acusaciones de ser ‘una corrupta’, lanzados a los medios de comunicación por el propio responsable de organización nacional de Ciudadanos, Carlos Cuadrado. Cuadrado fue, de hecho, el principal artífice de la decisión de expulsarla, adoptada por la ejecutiva de Ciudadanos, entendiendo que Alonso había desobedecido las directrices del partido apoyando una moción de censura no autorizada.

Como resultado de aquella expulsión del partido, que se produjo el mismo día en que su firma apareció avalando la moción de censura registrada contra Patricia Hernández, y contra la que recurrió sin conseguir medidas cautelares en el juzgado de lo Contencioso Administrativo número cuatro de la capital tinerfeña, Evelyn Alonso perdió parte de sus derechos durante la mitad del tiempo –ocho meses- que lleva integrada en la nueva mayoría vertebrada en torno a la alcaldía del nacionalista José Manuel Bermúdez. 

Ahora, lo que ha ocurrido es que se suspende esa expulsión de forma cautelar y transitoria, a la espera de una decisión que se producirá en el juicio a celebrar el próximo 14 de abril. Ocurra lo que ocurra dentro de dos semanas, la sentencia definitiva sobre el asunto –al tratarse de una cuestión que afecta a derechos políticos fundamentales- puede durar algo más de dos años, entre recursos y apelaciones, lo que permitiría a Evelyn Alonso mantener su actual condición en el consistorio durante lo que resta de mandato.

Esa es la parte de la historia que da la razón a la concejal, que en estos días ha recibido ya recados de la dirección nacional que busca –busca ahora- una reincorporación ‘pacifica’ al grupo municipal de Ciudadanos, y que parece ofrece a Alonso no sólo una reincorporación efectiva –más allá de la mera formalidad- en el grupo, sino incluso un acuerdo ventajoso económicamente para la concejal, en el procedimiento de despido nulo que Alonso ha seguido contra el grupo mixto del Parlamento de Canarias, en el que tiene bastantes posibilidades de ganar.

Sin embargo, es difícil que esas negociaciones prosperen, porque Alonso no olvida que fue sometida a un brutal linchamiento público orquestado por los partidarios de la alcaldesa censurada. “Tiene que proteger a su hijo bien; mínimo 20.000 euros al mes en su protección”, “Vuélvete a Caracas, basura venezolana”, o “Mejor muerta, hija de la grandísima puta”, son una mínima muestra de los insultos y amenazas que recibió la concejala, a través de las redes sociales, después de firmar la moción de censura.

Pero a las amenazas e insultos que sufrió por parte de personas que Evelyn Alonso considera próximas al entorno de Patricia Hernández, -Agoney Reyes, vinculado a las Juventudes del PSOE, Sara Padrón o Juan Antonio Martín, cuya actuación está siendo investigada actualmente en un juzgado de Santa Cruz- se sumó también el proceder miserable de la dirección de su propio partido: después de expulsarla y despedirla de su trabajo como asesora del Grupo parlamentario Mixto, fue sometida al público escarnio de ser tratada públicamente como tránsfuga y como corrupta, por hacer lo que el partido había pedido un año antes que hicieran Matilde Zambudio y Juan Ramón Lazcano. Y eso es algo que ella parece no dispuesta a olvidar ni a perdonar.