Enterrar la Transición

por | 12 julio, 2022 | A babor

Supongo que es absurdo preguntarse qué es lo que ha llevado a varios dirigentes del PSOE de la Transición (tan diferente y al mismo tiempo tan próximo a este PSOE sanchista de ahora) a firmar un manifiesto elaborado por la Asociación para la defensa de los valores de la Transición, en el que se condena de forma categórica la futura Ley de Memoria Democrática. En el documento se atribuye al presidente del Gobierno y a Bildu querer cargarse lo que la Transición significó no sólo para millones de españoles que lograron encontrar en aquel tiempo un modelo para la reconciliación nacional –la gran aspiración del país- sino también para miles de personas de todo el mundo, asombradas ante el éxito de un proceso que nació con enormes dificultades.

Siento rabia por este deicidio consentido (cuando no ignorado) por la sociedad española de hoy: hemos pasado de un tiempo en el que la Transición era celebrada como una experiencia política a imitar, un ejemplo de cómo resolver desde la moderación y el diálogo las diferencias ideológicas irreconciliables, a creer que fue un fiasco, una suerte de desagüe planificado por el franquismo para que los fascistas que habían gobernado este país se fueran de rositas y no tuvieran que rendir cuentas ni ante la Historia ni ante los jueces.

La ignorancia es tremendamente atrevida: los revisionistas de la Transición, esta gente que quiere lograr que el país vuelva a dividirse en dos facciones irreconciliables -porque esa es la única forma que tienen de medrar-  no parecen capaces de comprender y asumir que cuando Franco muere en la cama, llorado por millones de españoles, todo el poder del país estaba en manos del franquismo, que además no tenía la más mínima intención de soltarlo. Algunas de las preguntas que se hacen los especuladores de nuestra historia son de risa: la que más me irrita personalmente –y la escucho a algunos jóvenes y no tan jóvenes de hoy- es la de por qué no se llevó a los franquistas ante los tribunales. La respuesta debería ser sencilla de entender: ¿Quizá porque los tribunales eran una institución franquista, controlada por jueces franquistas, protegida por una policía franquista y que hacía cumplir una legalidad franquista? Magistrados amparados por un ejército también franquista, respaldado por millones de españoles que se sentían franquistas… desde 1975 a 1981, España vivió una situación de gravísima crisis económica –la peor hasta hoy en nuestro país-, con instituciones débiles, tensiones centrífugas constantes en la periferia vasca, terrorismo desatado, y todo ello en medio de un constante ruido de sables, dimisiones de altos mandos militares, operaciones que provocaron al menos dos intentos de golpe de Estado, de los que uno acabó con los diputados por los suelos del Congreso.

La Transición duró poco más de cinco años, y el milagro fue que en esos años se produjera una transformación de tal calado en la sociedad española, y la aceptación muy mayoritaria de que la libertad y la democracia son la mejor fórmula de Gobierno. Fue esa aceptación la que provocó que en octubre de 1982, los socialistas lograran barrer en unas elecciones democráticas y hacerse con el poder, y la que permitió que lo ocuparan durante trece años, emprendiendo la mayor operación pacífica de transformación política y de modernización económica y social vivida en la Historia moderna de España. Con conflictos y consensos, con acuerdos y rupturas, el país cambió hasta integrarse en la Europa que dejó de tener los Pirineos por frontera. No fue nada fácil que ocurriera, ni se logró hacerlo sin derramamiento de sangre: murieron casi mil personas.

Lo que pretende ahora esta ley pactada con los herederos ideológicos de ETA por los dirigentes actuales del partido que cerró la Transición, es acabar definitivamente con la reconciliación de las dos Españas y con la Constitución de 1978, un instrumento de concordia y compromisos que fue también considerada una de las constituciones más inteligentes, avanzadas y progresistas de su tiempo. Los mecanismos para lograr la voladura constitucional pasan por la derogación parcial de la Ley de Amnistía del 77, para convertir con efectos retroactivos los crímenes de la dictadura –y hasta 1983, con Felipe González ya en el Gobierno de España- en imprescriptibles y no amnistiables. Se trata de una operación para destruir las bases del consenso constitucional, y devolver al país al discurso de la Guerra Civil. Es increíble que el PSOE pueda prestarse a eso.