El catálogo

por | 17 mayo, 2024 | A babor

Uno de los leones del Puente Serrador, con La Recova al fondo.

El ministro Torres manifestó ayer su sorpresa porque el Gobierno de Canarias haya revocado el catálogo de vestigios franquistas, como pidió el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife que hiciera. Torres ha recordado que el catalogo fue recurrido por un ‘defecto formal’, y se ha preguntado si cuando se diseñe un nuevo catálogo todos seguirán compartiendo que hay que eliminar los vestigios de la dictadura, tal y como establece la Ley de Memoria Democrática…. “Si no [ocurre así] estaríamos hablando de otra cosa”, ha sentenciado.

La historia conventual de las vicisitudes del catálogo y su recorrido por los tribunales, daría para escribir una comedia. Pero este es un asunto serio: el Gobierno de Canarias aprobó en 2022 un catálogo de elementos a eliminar o resignificar, centrado exclusivamente en Santa Cruz de Tenerife. Fue una aprobación que provocó polémica por distintos motivos: primero, por centrarse sólo en la capital tinerfeña, cuando en otros municipios de las islas perviven claros recuerdos de la dictadura. También porque algunas de las propuestas le parecieron a mucha gente excesivamente radicales. Lo cierto es que después de casi medio siglo de democracia, ya va siendo hora de cerrar de una vez este capítulo. Es algo que se les debe a las familias de los muertos y represaliados del franquismo, una cuestión de justicia que se arrastra desde hace muchos años. Pero en este asunto, como en tantas otras cuestiones ideológicas que polarizan a la gente, Santa Cruz está metida en una curiosa encrucijada: desde la república, la izquierda sólo ha gobernado la ciudad durante año y medio, y a ninguno de los alcaldes chicharreros ha parecido importarle mucho que se mantenga simbología franquista en los espacios públicos o menciones a ilustres del régimen en el callejero. Si el gobierno municipal, como se hizo en tantísimas ciudades cuando tocaba, hubiera optado durante los ochenta por una limpia más intensiva de esos excesos, eliminando los nombres más comprometidos, además de ‘resignificar’ los espacios más significados, probablemente no habría que desmontar media ciudad para cumplir con el catálogo.

Por otro lado, el informe técnico en el que se basa el catálogo es un trabajo académico, con el que se puede estar o no de acuerdo o estar de acuerdo en algunas partes y en otras no tanto. Pero este país vive instalado en un maximalismo que a veces podría confundirse con rabia furiosa: opinar públicamente que a estas alturas es bastante absurdo cambiarle el nombre oficial a La Recova nueva -‘Nuestra señora de África’-, o retirar los leones del Puente Serrador, supone aceptar una instantánea descalificación como fascista, un riesgo que nadie quiere asumir. Pero yo creo que en el espacio público el paso del tiempo consigue ‘resignificar’ algunas cosas: aunque al mercado se le pusiera ese nombre porque era el de la mujer del General Serrano, para la mayoría de los chicharreros eso no supone una exaltación del franquismo. Y los leones del Puente Serrador no representan hoy un vestigio franquista. Son una copia en bronce de los leones del monumento pétreo del siglo XVIII que está en el Puerto de los Leones de la sierra de Guadarrama. Se colocaron conmemorando la victoria del que después sería capitán general de Canarias e iniciador del puente –el entonces coronel Serrador- en el frente de Guadarrama. Pero los leones no tienen la culpa de haber sido puestos allí, y tampoco la tendrán si los quitan y los ponen a criar polvo en un almacén…

Legislar sobre la memoria puede llevarnos al absurdo, porque la memoria no pertenece a las sociedades, sino a las personas. Todos tenemos un derecho inalienable –y de facto intocable- a la memoria, como lo tenemos al pensamiento. Lo que creemos, sentimos o recordamos no puede ser establecido por ley. No se puede prohibir a la gente que piense o recuerde lo que quiera pensar o recordar, porque pensamiento y memoria forman parte de la intimidad personal y nos definen como individuos. Los gobiernos pueden legislar y pueden prohibir la exaltación del fascismo, y decretar que desaparezcan imágenes y símbolos franquistas, incluso exigir en nombre de la pureza democrática de nuestros recuerdos, que desaparezca de nuestras calles y plazas y monumentos, parte de nuestra historia. Es lo que hizo el franquismo después de la guerra –señalando como ilegítimos los recuerdos que tuvieran que ver con la república, la democracia o la libertad, y lo que parecen ahora decididos a hacer –en sentido contrario- nuestros actuales gobernantes. Restituir lo que se nos quiso hacer olvidar a la fuerza es un ejercicio de justicia, pero incluso en la ejecución de medidas correctas se requiere cierta prudencia: el exceso puede conducirnos al ridículo.