Cita previa

por | 02 abril, 2022 | A babor

Rafael Yanes es un personaje singular, un tipo capaz de tirarse en parapente para celebrar su cumpleaños, vaya ganas. Excelente conversador, escritor (y bueno, por cierto), maestro, doctor en periodismo, fue alcalde de Güímar tras ganar dos veces las elecciones en su pueblo, aunque en la segunda tuvo que dejar la vara y ejercer de edil a secas, tras una moción de censura presentada por Luisi Castro. Desde junio de 2018, y por carambola, fue elegido por el Parlamento Diputado del Común. El hombre se lo ha currado desde entonces intentado imprimir su propio estilo vitalista a un puesto con tendencia al apolillamiento, al que él lleva ya casi cuatro años queriendo sacudir el polvo. En un gesto bastante inusual, nada más llegar a la Diputación Yanes empezó por quitarse de encima el coche oficial, que regaló a Cruz Roja, y ha seguido liándola con sus informes, en los que ha demostrado una ejemplar independencia del Gobierno y del partido en el que militó toda su vida, hasta hacerse cargo de su actual responsabilidad. Sus críticas a la parsimoniosa aplicación de la Ley de Dependencia, o la denuncia de irregularidades y abandono en algunas residencias de mayores de las islas, no sentaron muy bien en el Gobierno, especialmente en el área que dirige Noemí Santana, señalada en varias ocasiones por el dedo acusador del Diputado del Común.   

La cosa es que Yanes fue ayer al Parlamento a entregar su informe anual a Gustavo Matos, y aprovechó para adelantar que el mes próximo presentará un informe extraordinario sobre Dependencia en Canarias, que espera sirva para ofrecer ideas de posibles soluciones al departamento gubernamental que colecciona el mayor número de quejas presentadas ante la Diputación. El resto de su presentación fue más relajada: celebró que cada vez sean más las personas que confían en la institución para resolver sus problemas con las administraciones públicas, una forma cortés de decir que cada vez hay más quejas de la gente, y se mostró satisfecho por la mejoría en la rapidez de las distintas administraciones al contestar a sus requerimientos, y por el hecho de que el pasado año no haya tenido que firmar ninguna declaración de obstruccionismo.

Pero Rafael Yanes no sería él mismo si no hubiera aprovechado su reunión con Matos para poner en boca propia una de las quejas sobre la administración, no escrita, pero más generalizada entre el común que tiene la obligación de defender, que es la persistencia de la cita previa en las oficinas públicas. Yanes cree, como la mayoría de los ciudadanos, que ya es hora de liquidar el sistema de cita previa indiscriminada. Se impuso como resultado de la necesidad de evitar aglomeraciones, pero si las restricciones ya han desaparecido de las empresas, las universidades, el transporte, los colegios, los bares y las calles, ya va siendo hora de que los funcionarios y empleados públicos atiendan a las personas “cuando llegan a la ventanilla”.

Yanes no es un maximalista: no se opone a la planificación cuando se trata de consultas personalizadas, pero exige que los teléfonos de la administración dejen de comunicar y se descuelguen para atender a la gente que llama. Para miles de personas, especialmente mayores, la obtención de cita previa se ha convertido en un auténtico calvario, que viene a agravar el cabreo o la desesperación e indefensión de quienes precisan resolver situaciones perentorias, ayudas, pensiones, revisiones de incapacidad… Yanes puso el ejemplo de prácticas absurdas, como la de citar a las personas que lo solicitan en islas donde no residen.         

Pero no se trata de esos casos puntuales, no es solo la angustia de días de espera e interminables llamadas, para conseguir al final una cita previa dentro de dos meses. Se trata especialmente de la injusticia que supone que todo el que trabaja se haya tenido que reincorporar a sus obligaciones, mientras en las oficinas públicas se mantienen formatos que para la mayoría de los ciudadanos parecen privilegios.