Sánchez dice que no es asumible que España sufra dos accidentes ferroviarios en un mismo año. Tiene razón, y además se le ha olvidado otro, también con víctima, pero en cercanías. La pregunta que habría que hacerle al presidente es qué acciones implica una afirmación tan rotunda. Porque declarar inasumible una tragedia y continuar administrando sus consecuencias con el repertorio habitual de condolencias, promesas e investigaciones que no concluyen, puede acabar convirtiendo la contundencia en una forma más de propaganda, otra frase que se pronuncia ante los micrófonos mientras los servicios de emergencia siguen buscando cadáveres entre los hierros retorcidos .
El accidente de Urda es aún más grave que el de Adamuz por su balance provisional de muertos, pero también porque ha ocurrido después. Después del espanto, de las explicaciones, de los compromisos de transparencia y de las garantías de seguridad. Después de que Sánchez y su corte nos asegurara que llegarían hasta el final. La repetición añade a la catástrofe una cuestión que el Gobierno ya no puede responder anunciando otra investigación: qué aprendió de la anterior y qué hizo con lo aprendido. Es verdad que los accidentes no son idénticos. Pero el viajero no compra un billete confiado en que una soldadura resista, un sistema de señalización funcione o un trabajador acierte siempre. Confía en una organización que debe revisar las soldaduras, mantener las señales y disponer mecanismos que impidan que una equivocación humana desemboque en una matanza.
Por eso resulta siniestra la rapidez con la que Sánchez y el ministro tuitero desenfundan la hipótesis del fallo humano. Puede haberlo, naturalmente. Los trabajadores se equivocan, también quienes desempeñan funciones de enorme responsabilidad. Precisamente por eso existen protocolos, controles y sistemas de protección. Si una decisión equivocada basta para provocar una colisión de estas dimensiones, habrá que investigar esa decisión y explicar qué debía impedir sus consecuencias. Encontrar al último que dio una orden no exime de responsabilidad a los responsables de todo lo que sucedió previamente.
Sánchez promete contundencia si se descubren negligencias. El problema está en un condicional, que permite aplazar cualquier responsabilidad hasta que la investigación determine quién hizo qué. La prudencia es obligatoria para atribuir una conducta delictiva. Pero un ministro responde también de su gestión, de sus prioridades, de la supervisión de los organismos que dependen de él y de las decisiones adoptadas después de una primera catástrofe. Para rendir cuentas de todo eso, el ministro Puente no necesita esperar a que un juez dicte sentencia. Puente conservó el cargo después de Adamuz. Conservarlo significaba asumir la obligación de esclarecer lo sucedido y de acreditar las correcciones necesarias. Ahora debe explicar qué medidas adoptó, cuáles siguen pendientes y qué comprobaciones permiten sostener que el servicio ofrece las garantías exigibles. No basta con comparecer de nuevo para describir lo inexplicable. Al ministro le corresponde dirigir un sistema capaz de prevenirlo.
Han pasado nueve meses desde Adamuz y la investigación sigue sin concluir. Las familias continúan esperando respuestas mientras otro accidente multiplica las preguntas. Los análisis técnicos requieren tiempo, pero esa necesidad no puede convertirse en una coartada que suspenda indefinidamente la rendición de cuentas. Entre la precipitación de señalar a un trabajador y la paciencia ilimitada que se reclama para evaluar a sus superiores hay un desequilibrio indecente a favor de quienes mandan.
De momento, la confianza en el sistema ferroviario español ha quedado por los suelos. La próxima vez que uno se suba a un tren lo hará preguntándose si se está tentando a la suerte. Esa tranquilidad se construyó durante años con inversiones, mantenimiento, inspecciones, personal preparado y decisiones responsables. Y se ha perdido en un par de mañanas. Recuperarla exige pruebas de que se conocen los riesgos y se actúa sobre ellos. Pedirnos a los ciudadanos que confíen mientras se repiten las promesas tras cada tragedia, es exigirnos más de la cuenta. De nada sirve refugiarse en las dimensiones de la red de alta velocidad -la segunda del mundo en extensión- o en los millones de desplazamientos que se realizan sin que se produzcan incidentes. Las estadísticas son útiles para evaluar el transporte ferroviario, pero no contestan a las preguntas de las víctimas y sus familias. La magnitud del servicio explica la responsabilidad que comporta. Cuanto más imprescindible resulta el tren, mayor es la obligación de garantizar que funciona en condiciones de seguridad y de explicarnos con claridad porque han fallado las garantías.
Sánchez ha elegido la palabra: inasumible. Si dos catástrofes (tres) en menos de un año son inasumibles, habrá decisiones que revisar, responsabilidades que exigir y personas que no deben continuar al frente del tinglado. La contundencia prometida tiene que alcanzar también a los cercanos. De lo contrario, habremos aprendido que lo inasumible se asume con enorme facilidad. Y las consecuencias las sufren otros.
