Llevamos dos meses viendo las consecuencias de la entrada masiva de inmigrantes en Ceuta. Miles de personas ocupan sus playas, plazas y calles, han congestionado hasta el colapso los servicios públicos ceutís y sus dispositivos de acogida. El Gobierno ha movilizado recursos, aprobado ayudas y establecido un mando único para gestionar la crisis. Lo que no ha hecho es promover una reforma de la Ley de Extranjería que permitiría abordar el vacío jurídico abierto en la frontera marítima de la ciudad. “No conviene actuar en caliente”, se nos dice, “es mejor actuar con calma”. Porque las leyes no deben aprobarse para responder a situaciones concretas. Es un viejo axioma jurídico: no legislar bajo presión de los acontecimientos.
En materia de vivienda, se lo han tomado con calma. Una calma que ha durado ocho años. Sánchez prometió en 2015 que no habría ni un desahucio más con un Gobierno socialista. Pero los ha habido por cientos de miles. Se aprobó una inútil Ley de Vivienda, se sucedieron los anuncios de construcción de centenares de miles de casas, pero los precios continuaron alejándose de los ingresos de la gente. Entonces llegó el desahucio de Maricarmen, y los alegatos de indignación, las protestas y acampadas. En pocos días, el Consejo de Ministros aprobó dos decretos que deberá convalidar el Congreso este viernes.
Que la situación de la vivienda exija medidas es indiscutible. También lo es que Maricarmen puede ya regresar a su casa, como permitirá el acuerdo entre su abogada y la empresa propietaria, alcanzado con la mediación del Ayuntamiento de Madrid. La cuestión es… ¿por qué la conmoción pública justifica legislar de inmediato en un caso, mientras en el otro se invoca la prudencia después de dos meses de crisis?
Ceuta no necesita únicamente más funcionarios y más plazas de acogida. La llegada de decenas de miles de personas puso de manifiesto un problema legal concreto sobre la actuación en la frontera por mar. Puede discutirse cómo modificar la norma, cuáles son los límites impuestos por los derechos humanos y qué apoyos parlamentarios existirían para hacerlo. Pero esas son razones para abrir el debate legislativo, no para aplazarlo. De hecho, el Senado ha aprobado hoy, a propuesta del PP, una iniciativa para extender el rechazo en frontera a las entradas irregulares por mar. Se podrá estar a favor o en contra de esa fórmula, censurar su inhumanidad o su inutilidad; pero su debate abordaría un problema que ha quedado al descubierto, y que miles de ceutís exigen afrontar.
La presión de unos cuantos jóvenes acampados en Sol, y el terremoto emocional alimentado por los medios ante la situación de Maricarmen, ha provocado una gestión tan apresurada que hadado lugar a un auténtico sainete: el Gobierno anunció el martes que había aprobado dos reales decretos leyes. El miércoles apareció uno en el BOE. El otro, que incorpora la renovación automática de los alquileres, quedó para el jueves. Lo más sorprendente es que este segundo texto contiene un artículo que modifica el primero, publicado el día antes. Quizá exista una explicación técnica para esa secuencia, pero políticamente lo que se transmite es algo muy poco tranquilizador: el Ejecutivo pide al Congreso que vote de urgencia unas normas cuyo contenido definitivo pudo haber sido modificado después de su aprobación por el Consejo de Ministros.
La ministra de Vivienda compareció ante los medios para explicar los acuerdos mientras las negociaciones y los trabajos sobre los dos textos seguían dejando dudas. A ella, un montón, porque no fue capaz de responder a las preguntas sobre el contenido de los decretos. Reconoció no ser capaz de precisar lo que planteaban los decretos.
El ridículo de la ministra es la consecuencia de convertir un problema estructural en una carrera de obstáculos de tres días. Se parte un paquete en dos para aumentar sus posibilidades de salir del parlamento; se presenta como respuesta a Maricarmen una batería de medidas que afecta a millones de contratos; y se convoca una votación inmediata sin tener asegurados los apoyos de Junts. Cada socio podrá justificar después su voto ante las cámaras. Inquilinos y propietarios tendrán que vivir con lo que diga la letra pequeña.
Hay, además, una diferencia entre frenar los desahucios y resolver el problema de la Vivienda. Proteger a personas vulnerables frente al desahucio es una obligación. Pero España arrastra, según el Banco de España, un déficit de unas 750.000 viviendas. Su gobernador ha advertido de que las medidas de protección deben diseñarse con cuidado para evitar que desanimen la construcción o reduzcan la oferta de alquiler.
Si los decretos superan al viernes, habrá que explicar por qué Ceuta debe esperar una reforma que el Gobierno ni siquiera intenta impulsar, mientras la política de vivienda se regula entre una rueda de prensa, una noche de retoques y dos ediciones del BOE. La prudencia legislativa parece depender bastante poco de la gravedad del problema, y mucho más del enfado de los votantes a la izquierda del PSOE.
