Pedro Sánchez, durante la visita a la nueva planta de Carmencita Especias, el pasado día 10.
Durante las últimas cuarenta y ocho horas han caído tantas propuestas, se han anunciado tantos cambios de voto y los socios del Gobierno se han contradicho tantas veces que resulta difícil saber qué Gobierno sostiene cada ministro. El PSOE dejó caer ayer una proposición de ley de Sumar destinada a impedir que empresas y fondos de inversión compraran viviendas. El texto obtuvo 44 votos favorables, 175 contrarios y 127 abstenciones. Entre quienes se abstuvieron estaban los diputados socialistas, es decir, la fuerza principal del mismo Gobierno al que pertenecen los ministros de Sumar que impulsaban la propuesta.
No es esta la primera discrepancia seria entre los dos partidos, pero sí una imagen bastante exacta del momento político. El Consejo de Ministros continúa reuniéndose como si existiera una coalición, pero después, sus componentes llegan al Congreso, se sientan en escaños próximos y votan cada uno por su lado.
La respuesta de Sumar llegó pocas horas después. Su grupo anunció que votaría contra el decreto del PSOE para regular los lobbies. La norma incluía a sindicatos y patronales entre los grupos de interés sometidos a registro y control, y Sumar exigía –yo diría que con una lógica aplastante- que quedaran fuera de esa regulación. El enfado tenía una explicación concreta, pero se producía inmediatamente después del plante socialista a su ley de vivienda. En política, las coincidencias temporales también suponen mensajes.
El choque fue rebajado en el último momento. Óscar López prometió impulsar una modificación para excluir a los agentes sociales y la mayoría de Sumar acabó votando a favor. Tres de sus diputados se abstuvieron. No sirvió de mucho: el decreto fue derrotado por 179 votos contra 155, con el rechazo del PP, Vox, Junts y UPN y las abstenciones del PNV, Podemos y los pocos disidentes de Sumar, por parte del grupo gubernamental.
Por tanto, no sería exacto decir que Sumar se vengó del PSOE tumbando la ley de lobbies. La norma ya carecía de mayoría suficiente. Pero el episodio confirma que el Gobierno está perdiendo incluso la unidad elemental necesaria para defender sus propias iniciativas y proyectos. Los ministros de Sánchez negocian entre ellos a través de declaraciones públicas, amenazas de voto y rectificaciones de última hora.
Una coalición no exige que sus miembros piensen igual en todo. Para eso existen los acuerdos, las comisiones de seguimiento y las negociaciones internas. Lo anormal es que las diferencias se conozcan cuando una parte del Gobierno anuncia que votará contra la otra, o cuando el PSOE permite que naufrague una propuesta de su socio sin haber pactado previamente una salida.
El problema tampoco consiste solo en la mala relación entre socialistas y Sumar. El Ejecutivo carece de una mayoría parlamentaria estable y depende de partidos cuyos intereses son distintos y, en ocasiones, incompatibles. Junts decide cada votación según su propia agenda; Podemos compite con Sumar por el espacio electoral situado a la izquierda del PSOE; el PNV protege su perfil para recolocarse cuando llegue la derecha; y ERC y Bildu calculan hasta dónde les conviene sostener a Sánchez. La mayoría de investidura existe como recuerdo de la moción de censura que sacó a Rajoy de la presidencia y al PP del poder, pero debe reconstruirse desde cero cada semana.
En esas condiciones, el Gobierno sobrevive, aunque cada día le cueste más hacernos creer que gobierna. Sobrevivir depende de que nadie encuentre todavía ventajas suficientes en un adelanto de las elecciones. Gobernar exige aprobar leyes, cumplir compromisos y ofrecer coherencia política en la gestión cotidiana de los asuntos públicos y en el cumplimiento del programa de acción del Gobierno. Son cosas diferentes.
Lo ocurrido con la vivienda y los lobbies revela también la creciente competencia electoral que se ha desatado dentro de la coalición. Sumar necesita demostrar a su menguante electorado que no es un apéndice del PSOE; el PSOE procura evitar que Sumar le imponga una agenda que considera excesiva o inconveniente, y sabe que la polarización juega a su favor. Sumar también lo sabe, pero tiene la llave de la continuidad del Gobierno. Ambos partidos prefieren seguir juntos en el Gobierno, pero necesitan presentarse ante sus votantes como si no fueran responsables de las decisiones del otro.
La coalición se ha convertido así en una convivencia sostenida por la falta de alternativas. No hay ruptura porque ninguno sabe qué ocurriría al día siguiente, pero tampoco existe ya una dirección política compartida. Se mantienen unidos para conservar el Gobierno y votan separados para conservar a sus votantes. Eso no es todavía un divorcio. Es algo aún más fatigoso: un matrimonio sin ilusión que continúa conviviendo bajo el mismo techo, discute delante de los vecinos y solo se pone de acuerdo en no dejar que la casa común sea ocupada por los vecinos de enfrente.
