Rodríguez Zapatero ha pedido a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional que corrija al juez Calama y deje fuera del caso Plus Ultra la investigación sobre sus negocios en Bolivia. Para eso existen los recursos: para que las decisiones de un juez puedan ser revisadas por otros jueces.La defensa de Zapatero sostiene que Calama ha concedido a la UDEF una “patente de corso” para investigar toda su vida profesional. El juez replica que nadie queda blindado frente a los indicios de nuevos delitos que aparezcan durante una investigación. La Sala decidirá quién tiene razón. Es un debate jurídico valioso y necesario: establecer si los 200.000 euros cobrados por gestiones ante las autoridades bolivianas aparecieron legítimamente al investigar el rescate de Plus Ultra o son el resultado de una pesquisa general y prospectiva sobre la vida del expresidente. Ese es el procedimiento: se recurre una resolución, se exponen argumentos y otro tribunal resuelve. Zapatero actúa con tiento. No busca enfrentarse directamente. Otros hacen su trabajo. Él utiliza los instrumentos del Estado de derecho para defenderse, el Gobierno y el PSOE han elegido un camino mucho más peligroso, denunciado el jueves por la presidenta del Supremo en la apertura del año judicial, que es ir a una guerra abierta con los jueces. Porque lo que no encaja en Derecho es que el Gobierno señale como conspirador, activista o lobo solitario a cada magistrado que adopta una resolución que le incomoda.
La suspensión cautelar de determinados efectos electorales de la llamada ley de Nietos ha provocado una reacción brutal en Moncloa y Ferraz. Óscar López ha calificado el auto del Supremo de “salvajada” y “atropello”. También ha acusado a algunos jueces de comportarse como “salvapatrias” dedicados a derribar al Gobierno y “lobos solitarios” que actúan a las órdenes de Aznar. Puente denuncia la existencia de un sector de la judicatura que hace política para llevar al PP y Vox al poder. Y la portavoz socialista, Montse Mínguez, aunque evita repetir literalmente esas expresiones, confirma su contenido: “Tenemos ojos en la cara y estamos viendo lo que estamos viendo”. La secretaria de Organización del PSOE, Rebeca Torró, ha ido por otra vía igualmente tramposa: sostiene que PP y Vox “cargaron contra los exiliados y ahora contra sus hijos y nietos”. De ese modo sustituye la discusión jurídica –si se acreditó realmente el exilio y si una instrucción administrativa amplió indebidamente la ley– por una acusación moral contra quienes recurrieron. Lo de menos es que ni el PP ni Vox existían durante la autarquía franquista. Aquí vale ya todo. Esto es una guerra.
Criticar una resolución judicial no es lo mismo que acusar a sus autores de intentar derribar al Gobierno. Discutir la fundamentación de un auto no equivale a presentar a los jueces como terroristas solitarios que responden a las órdenes del expresidente Aznar. La expresión “lobos solitarios” se utiliza habitualmente para describir a individuos que actúan inspirados por una organización terrorista. Aplicarla a magistrados del Supremo no es una crítica jurídica, sino una forma de señalamiento.
Más reveladora aún es la advertencia de Mínguez: “independencia no significa inmunidad”. Por supuesto que no, los jueces responden por sus actos, como todo quisque. Lo hacen mediante mecanismos establecidos en lasleyes y los procedimientos: los recursos, la recusación, la inspección, la responsabilidad disciplinaria y, cuando corresponda, la penal. Los jueces no responden –afortunadamente- ante los ministros ni ante la dirección del partido que gobierna el país. Si el Ejecutivo los somete a una campaña de intimidación cuando sus autos resultan molestos, entonces lo que se está cuestionando es precisamente su independencia.
El PSOE ha terminado construyendo una doctrina judicial basada en algo tan simple como el mecanismo de un silbato: cuando una resolución beneficia al Gobierno, debe respetarse y cualquier crítica constituye un ataque a las instituciones. Cuando lo perjudica, aparecen el lawfare, los salvapatrias, los lobos solitarios y la conspiración ultraderechista para alterar la voluntad popular. La independencia judicial queda así reducida al derecho de los jueces a coincidir con el Gobierno. Y si no, “más madera, que es la guerra”. Una guerra que parece fruto de la acumulación de causas judiciales que afectan a Zapatero, a Begoña, a Santos Cerdán, a Leire y a decenas de personajes próximos a Ferraz. Una estrategia organizada para presionar a los tribunales, que solo se explica como resultado del nerviosismo y la creciente agresividad de losdiscursos en el PSOE.
Los ministros deberían aprender a defender la posición del Gobierno recurriendo a argumentos. En una democracia, las resoluciones judiciales se rebaten con argumentos y recursos. Llamar “lobo solitario” a un juez no es defenderse de la injusticia. Es hacer sonar los tambores para advertir a todos de que el Gobierno está dispuesto a meternos en otra guerra.
