Angel Víctor Torres, ayer martes, cargando contra los jueces tras el Consejo de Ministros
El Gobierno ya no es que discrepe de una resolución judicial o discuta sus fundamentos: Sánchez ha lanzado a sus ministros en tromba a esta nueva fase de la guerra, para acusar al Supremo de “adulterar” el censo, presentar a los jueces como conspiradores empeñados en derribar al Ejecutivo y señalar personalmente al magistrado ponente de la Ley de Nietos, como hombre de derechas y parte implicada en la petición de Aznar de que “el que pueda hacer que haga”. Utilizaron los mismos mimbres con la magistrada de la Audiencia que se ocupa de Ceuta: negar su capacidad de actuar de forma independiente, señalándola por haber sido concejal del PP hace veinte años. Que pecado, haber sido concejal de un partido al que votan la mitad de los españoles…
En fin: de lo que se trata es de encerrar a la judicatura en la jaula ideológica. Son los enemigos togados de la izquierda, todos ellos son de estirpe conservadora, hijos y nietos de gentes de derechas, como los nietos hipotéticos del exilio lo son de la izquierda.
La estrategia perseguida es evidente: trasladar la controversia desde el terreno jurídico al de la ilegitimidad institucional. Y el objetivo claro: que se hable de la ideología de los jueces y no del desastre de Ceuta, la corrupción del PSOE o la constante manipulación del Gobierno y su uso sectario de todos los resortes de poder.
Al juego se presta con entusiasmo el ministro Torres: es consciente de que su ‘Mando único’ promarroquí es un regalo envenenado que además no le sienta nada bien a su candidatura canaria. Mucho mejor convertirse en portavoz de la nueva ofensiva del sanchismo: la de romper con los jueces, un ensayo previo del que –probablemente- sea el último de los intentos del resistente Sánchez por voltear la tortilla: la cacería pública que se prepara contra el rey, para justo antes de las elecciones.
Los argumentos de Torres son absolutamente tramposos. Nadie ha sostenido que votar sea peligroso, ni se pretende averiguar a qué partido votarán los centenares de miles de nuevos nacionalizados. Lo que se discute no es que se quiera que haya españoles de primera y de segunda, lo que se discute es si la adquisición de la nacionalidad y la incorporación al censo de esos miles y miles, se produjo con las garantías exigibles a un asunto tan delicado. La limpieza del censo debe establecerse antes de las elecciones y con independencia de sus posibles consecuencias. Convertir la medida cautelar, establecida con buen juicio por el Supremo, en la creación de “españoles sin derechos”, solo sirve para sortear el asunto jurídico y atribuir al Supremo la intencionalidad de hacer política, para seguir alimentando la caldera. En realidad, el Gobierno necesita un conflicto institucional para volver a dividir al país entre gentes de izquierdas y gentes de derechas, y evitar que se siga hablando de la ineptitud y cobardía del Gobierno en Ceuta, de las vacaciones de Sánchez en plena crisis, o de las causas por corrupción, de las que se ocupan los mismos que consideran “peligroso” dejar votar a los nietos de Azaña, Durruti o la Pasionaria.
Más allá de la ironía, la secuencia es evidente: Óscar López habla de ‘salvajada’, ‘atropello democrático’, ‘jueces salvapatrias’ y ‘lobos solitarios’. Después le toca a Torres acusar al Supremo de adulterar el censo para impedir las votaciones. Y rematará Oscar Puente, responsabilizando al propio Poder Judicial de su propio desprestigio.
Que el tuitero Puente se muestre preocupado por el desprestigio de la judicatura resulta sarcástico. Su trayectoria pública consiste en buena medida en convertir la descalificación personal en argumento político. Pero convendría no detenernos demasiado en el personaje: lo verdaderamente inquietante es que los ataques proceden coordinadamente de varios ministros y del PSOE, cuya portavoz también se ha incorporado a la retahíla. Esto no es una suma de exabruptos individuales. Es una estrategia coordinada desde Moncloa.
Este Gobierno busca un conflicto institucional con los jueces. Si la discusión se mantuviera en el terreno jurídico, debería explicar la amplitud extraordinaria de la ley, fruto de una interpretación que superaba con creces el mandato parlamentario, y que permitió a la hermana de Oscar Puente iniciar un proceso en que se han tramitado centenares de miles de nacionalidades sin las debidas garantías de incorporación al censo. Si el Gobierno y el PSOE consiguen transformar esto en una batalla entre demócratas progresistas y jueces carcundiosos, Sánchez podrá presentarse nuevamente como víctima de poderes oscuros que van a por él, su familia y el PSOE. Y desplazar la conversación sobre Ceuta, la corrupción, la debilidad parlamentaria y los demás problemas que lo cercan.
No podemos demostrar si todo esto es otra torpeza de un liderazgo liquidado, pero aún encantado de haberse conocido, o si estamos ante una maniobra de distracción orquestada por el Gobierno y lo que queda del PSOE. No podemos probar que Sánchez haya provocado deliberadamente también este incendio, pero resulta indudable que ha decidido calentarse en su fuego, aunque corra el peligro de que arda el país entero.
