Los ministros Torres y España, y el presidente Clavijo.
La idea de aprobar un decreto Canarias nació en agosto del año pasado, grande y rolliza, como un pavo de Navidad. Quizá por eso, fue entonces calificada por el PSOE y Nueva Canarias como petición coalicionera “a los reyes de Oriente”. Al final, con bastante demora, el regaló fue aprobado, pero salió del Consejo de Ministros del pasado martes convertido en una miniatura, una suerte de pequeño huevito Kínder defectuoso, sin siquiera una sorpresa dentro. Empezó siendo la fórmula elegida para cumplir la Agenda Canaria, sin esperar por unos Presupuestos que Sánchez no ha sido capaz de presentar en tres años. Era entonces un jugoso documento de 35 artículos, doce disposiciones adicionales, medio centenar de medidas y un impacto económico próximo a los 2.000 kilos. Mucho pavo, que ha terminado achicharrado en su trámite, reducido a la autorización para que Canarias pueda gastar una parte de su propio dinero y a medidas prometidas a La Palma que Sánchez se había olvidado de cumplir. Podría decirse que hoy no es es exactamente un ‘decreto Canarias’. Más bien, un ‘decretillo La Palma’, con disposición adicional.
Aún así, Clavijo acierta cuando asegura que cualquier avance es mejor que ninguno. La bonificación del 60 por ciento del IRPF para los residentes en La Palma, la moratoria de los préstamos concedidos a los agricultores afectados por el volcán y la corrección del perjuicio que las ayudas del Posei causaban a algunos autónomos son medidas necesarias. También llega con años de retraso la continuidad de los fondos para la recuperación de la isla. Nada de eso debe despreciarse porque afecta a personas que siguen esperando una respuesta pública después de haber perdido sus casas, sus fincas o sus negocios. Pero reconocer la utilidad de esas decisiones no obliga a participar en el artificio propagandístico de presentarlas como el inicio del cumplimiento de la Agenda Canaria. Mucho menos cuando los cien millones que Sánchez autoriza para La Palma no salen realmente de una nueva aportación estatal, sino del superávit de la propia Comunidad Autónoma.
Madrid autoriza a Canarias a utilizar dinero de Canarias y después incluye la autorización en el listado de concesiones realizadas a Canarias. Es una modalidad bastante perfeccionada de generosidad administrativa: permitir a alguien abrir su cartera y atribuirse el mérito de lo que pueda encontrarse dentro. Y algo parecido ocurre con los aproximadamente 600 millones del superávit autonómico de 2025. No es dinero que aporte el Estado, sino recursos recaudados y no gastados por Canarias debido al apretado corsé de las reglas fiscales. La autorización no concede, además, una libertad absoluta para gastarse la pasta. Deberá destinarse a inversiones que no comprometan los objetivos de déficit y deuda, y también ajustarse a las condiciones establecidas por Hacienda. Es una flexibilización útil, pero no una transferencia estatal ni un cheque de libre disposición. Y no es exactamente un regalo exclusivo a las islas, Moncloa no nos quiere tanto: otras siete comunidades podrán beneficiarse de posibilidades semejantes, lo que rebaja lo suyo la supuesta condición de conquista específicamente canaria.
Del decreto inicial han desaparecido la financiación de nuevas plazas de la Policía Canaria, los recursos para Dependencia, las inversiones en vivienda protegida, la educación de cero a tres años y buena parte de las medidas relacionadas con el REF, las infraestructuras, el agua, la energía o el transporte. El Gobierno sostuvo que muchas de aquellas peticiones no pertenecían a la Agenda Canaria. Sin embargo, cerca de cuarenta de las 49 propuestas tenían respaldo en la propia Agenda, en el Estatuto de Autonomía o en los últimos Presupuestos aprobados, los de 2023. No eran ocurrencias añadidas a la carta a los Reyes Magos, sino compromisos acumulados y nunca cumplidos.
Clavijo ha preferido salvar lo poco obtenido y mantener abierta la negociación. Es comprensible. Con un solo voto en el Congreso y un Gobierno estatal sin mayoría estable, Coalición Canaria intenta convertir cada concesión en una demostración de influencia. El ridículo empieza cuando la necesidad política de mostrar resultados obliga a exagerarlos. Un paso adelante puede ser también un paso diminuto, especialmente si se compara con el camino que queda pendiente. Tampoco puede presentarse como logro consumado el nuevo sistema de financiación autonómica. La propuesta aportaría más recursos a Canarias y mantendría fuera del sistema los fondos del REF, pero todavía debe convertirse en ley y reunir una mayoría parlamentaria inexistente. Confundir lo anunciado con lo logrado puede convertirse en costumbre, cuando se trata de Agenda Canaria.
Después de casi tres años de apoyo de Clavijo al caos sanchista, el balance para las islas continúa siendo escaso y pobre. El decreto no desbloquea la Agenda, más bien certifica su bloqueo. Lo demás es un enjuague político para que Madrid pueda decir que cumple y el Gobierno canario pueda presumir de que consigue. Entre ambas propagandas quedan las medidas, los recursos y los compromisos que siguen pendientes. A la espera del segundo decreto, el que no va a llegar.
