Manifestación en apoyo de Ceuta, ayer en Madrid
Inmediatamente después de los atentados del 11 de marzo de 2004 contra los trenes de Madrid, atribuir la matanza de Atocha a ETA era una hipótesis comprensible, compartida por la mayoría del país. Sin embargo, las sospechas iniciales fueron cediendo ante los indicios de autoría islamista. Aun asi el Gobierno Aznar se empeñó en mantener la versión que le convenía. Y ese fue el problema: que las pruebas señalaban en una dirección y las explicaciones oficiales seguían aferradas a otra.
Primero se encontró la furgoneta de Alcalá, luego los detonadores, la cinta coránica y las pistas de la bomba desactivada. La investigación apuntaba con rotunda claridad al terrorismo yihadista, tanto que el 13 de marzo, ya a mediodía, tras la reivindicación en medios extranjeros por parte de AlQaeda, la unidad policial especializada en terrorismo extranjero ya había asumido la necesidad de descartar a ETA. Sin embargo, todavía horas después de esa decisión, el ministro Acebes seguía presentando a ETA como la prioridad a investigar. La hipótesis inicial se había convertido en la posición política a la que el Gobierno Aznar se negaba a renunciar.
La reacción del país, que se sintió engañado y manipulado, fue contundente: el PP perdió al día siguiente unas elecciones en las que todos los sondeos le daban por ganador. Hay quien cree que resulta simplista atribuir aquella derrota sólo a esa causa, pero lo sería más aún, ignorar el descrédito provocado por la gestión informativa de la crisis. La mayor parte de los españoles percibieron que el Gobierno trató de administrar al país una versión electoralmente conveniente de la tragedia de Atocha. Al dolor por los atentados se añadió la indignación de sentirse estafados por un Gobierno decidido a mentir con tal de mantenerse en el poder.
Aquella experiencia debería habernos dejado alguna enseñanza. Por ejemplo, la de que un Gobierno no puede exigir que los hechos se adapten a sus intereses. O que la autoridad de un presidente no convierte sus afirmaciones en pruebas. Lo que estamos conociendo sobre Ceuta nos devuelve una sensación inquietantemente familiar: los gobiernos están dispuestos a mentirnos. Creen que la sociedad es capaz de aceptar cualquier trola que se sostenga firmemente desde el poder. No es así. Los ciudadanos de las sociedades democráticas son capaces de perdonar muchas cosas a quienes les gobiernan. Pero no un engaño o una manipulación que exige asumir que somos idiotas.
El lunes, Pedro Sánchez aseguró en la SER que no existe ninguna información de las fuerzas de seguridad ni de los servicios de inteligencia que apunte a la participación de las autoridades marroquíes en la avalancha de Ceuta. Sánchez exculpó absolutamente a Marruecos de algo que todos sabemos que hizo, porque lo ha hecho en muchas otras ocasiones a lo largo de la historia, y porque la lógica nos dice que algo así no puede haber sucedido sin la participación de Marruecos.
Ayer, El Español publicó un informe del Centro Nacional de Inmigración y Fronteras, remitido a la jueza María Tardón, que atribuye a fuerzas de seguridad marroquíes la planificación y ejecución de la entrada masiva, describe la intervención de gendarmes y agentes de paisano y señala con precisión una operación destinada a desbordar el control fronterizo español. Son las conclusiones de una unidad de inteligencia de la Policía Nacional, trasladadas a la Audiencia Nacional. La existencia de ese informe, que el Gobierno no ha podido negar, obliga a explicar cómo pudieron Marlaska y Sánchez descartar con absoluta rotundidad la existencia de cualquier información que comprometiera a Marruecos. Si conocían ese informe, deben explicarnos por qué lo negaron. Si desconocían la existencia de esos informes, deben explicar sobre qué fundaron su exculpación de Marruecos. Ninguna de las dos posibilidades invita a confiar.
Ceuta y el 11-M son acontecimientos muy diferentes. Entonces se insistía en una culpabilidad que las pesquisas desmentían; ahora se proclama insistentemente una inocencia que un informe policial niega. La obligación del Gobierno es dar cuenta de lo que sabe. La relación con un país vecino exige diplomacia y cautela, pero no que los ciudadanos renuncien a conocer porqué se les miente.
Todas las sociedades pueden ser engañadas. Pero en democracia es casi imposible mantener indefinidamente un engaño. Llega un momento en que los hechos pesan más que las consignas. Y ese momento ha llegado ya.
