Cientos de Inmigrantes esperan ser trasladados al nuevo centro provincial instalado en Ceuta ayer jueves.
En Ceuta se apedrea a los militares. Están desarmados y tienen que salir por patas. La cosa sesta bien fea. Por eso, Sánchez ha descubierto que la inmigración irregular exige fronteras, procedimientos rápidos y expulsiones. Después de rechazar durante años las peticiones de mayor control, por ser una concesión a los discursos del fachismo racista, su Gobierno ha elegido ahora la aplicación más dura del Pacto Europeo de Migración y Asilo. El Gobierno que en enero anunció una regularización extraordinaria que va ya por más del millón de inmigrantes, pretende resolver ahora en doce semanas procedimientos de asilo que pueden prolongarse años. El Ejecutivo del Aquarius, que hizo de la acogida el símbolo fundacional del ‘gobierno bonito’, abraza ahora las fórmulas más restrictivas de la Unión Europea. Eso sí, mientras el ministro Marlaska sigue repitiendo con cínico desparpajo que la reforma será ‘garantista’. Cree el ministro que las garantías aumentan proporcionalmente al número de veces que se pronuncia la palabra garantía.
Pero la realidad es menos reconfortante. Llueven pedruscos, y los anteproyectos aprobados por el Gobierno extienden el procedimiento fronterizo a quienes lleguen irregularmente por Ceuta, Melilla o en patera; restringen el derecho de permanencia mientras se tramitan determinadas solicitudes; permiten elaborar una lista de países considerados seguros; amplían periodos de privación de libertad y reducen las posibilidades de recurso. No se trata de cumplir obligados con Bruselas. El pacto europeo ofrece distintas opciones y España ha escogido –lo dice la Comisión Española de Ayuda al Refugiado- las opciones más severas.
Es cierto que las circunstancias han cambiado y que una crisis como la de Ceuta, exige modificar las políticas migratorias. Lo que no resulta admisible es presentar lo que es un volantazo como mera continuidad de las eficacísimas políticas del Gobierno. Sánchez no ha pasado de una política humanitaria a otra responsable. Ha pasado de hacer su propaganda de gestos de acogida, a hacer propaganda de gestos de expulsión, sin detenerse nunca en el incómodo territorio intermedio donde se encuentran los medios, la planificación, la gestión y la información a los ciudadanos de lo que de verdad se hace y se quiere conseguir. Porque aprobar expulsiones es más fácil que ejecutarlas. Para resolver en doce semanas lo que hoy puede tardar hasta cinco años, no basta con cambiar una ley. Hacen falta más funcionarios que examinan solicitudes, más intérpretes, más asistencia jurídica y más jueces resolviendo recursos. También se necesitan plazas, policías, documentación fiable y acuerdos de retorno con los países de origen. Nada de eso aparece por generación espontánea por mucho que se publique un cambio normativo en el BOE. Si no se aportan medios, el nuevo sistema sólo sustituirá una montaña de expedientes pendientes por otra montaña de resoluciones imposibles de ejecutar.
Hay además una contradicción política difícil de esconder. En enero, el Gobierno defendió una regularización extraordinaria sin acordarla previamente con sus socios europeos. Veintidós países -casi toda Europa- han expresado preocupación por las consecuencias sobre el espacio Schengen. Moncloa negó cualquier efecto llamada y trató las advertencias como exageraciones de la derecha. Tras la avalancha de Ceuta y las pedradas, anuncia ahora medidas más duras incluso que las exigidas por el pacto europeo. Si ambas decisiones forman parte de una misma estrategia, es la de un pollo sin cabeza.
La regularización y el rigor pueden defenderse. No son incompatibles. Tiene sentido regularizar a personas que llevan años trabajando y viviendo en España, del mismo modo que resulta imprescindible distinguir con rapidez entre quien necesita protección internacional y quien utiliza el asilo para evitar ser devuelto. Lo absurdo es adoptar una decisión sin anticipar sus efectos y correr después hacia el extremo contrario cuando esos efectos producen una crisis.
La política migratoria no puede construirse a base de aspavientos morales y golpes de autoridad. Exige controlar las fronteras, ofrecer vías legales de entrada, proteger al refugiado, devolver a quien no tiene derecho a permanecer y distribuir solidariamente las responsabilidades. Exige también una relación respetuosa con Europa y una política exterior capaz de responder, si Rabat utiliza personas para presionar a España.
Sánchez comparecerá por fin en el Congreso, tras cogerse un mes de vacaciones. Llegará con su reforma bajo el brazo y la presentará como prueba de su determinación. Pero el problema no es que rectifique. Tras la avalancha y las piedras no queda ya otra. El problema es rectificar tarde, empujado por los acontecimientos y sin reconocer que la política anterior ha fracasado.
