La Comisión Bilateral Estado-Generalitat reunida bajo la presidencia del ministro Ángel Víctor Torres, aprueba la financiación para Cataluña, que será «singular, federal y generalizable»
La nueva cesión de Sánchez a Esquerra Republicana —la gestión íntegra del IRPF en Cataluña—, presentada como una demostración de la capacidad de diálogo y entendimiento del Gobierno con los indepes, no es solo un escándalo. Es un insulto a comunidades como la nuestra, que lleva años reclamando reformas razonables, sin obtener siquiera una respuesta.
Aquí hemos cumplido con todo: estabilidad presupuestaria, superávit sostenido, deuda contenida. Lo único que hemos pedido es un poco de lógica: ajustar la regla de gasto a nuestro crecimiento económico, poder reinvertir en sanidad, dependencia o educación lo que hemos ahorrado. Que no nos castiguen por cumplir la disciplina fiscal. ¿Resultado? La ministra de Hacienda no nos contesta ni los correos. No nos hacen ningún caso, porque no tenemos capacidad de presión.
Mientras tanto, en Barcelona se pacta —fuera del Consejo de Política Fiscal, fuera del Congreso, fuera del sistema— una “financiación singular” para una comunidad rica, que incluye recaudación propia, agencia tributaria ampliada y cuota de solidaridad (la parte que les tocará poner a ellos para sostener el Estado)… por definir. Como negociación, resulta bochornosa: te damos todo lo que nos pides, y no te pedimos nada por si te niegas. Todo el pastel para ti, y ya veremos si compartes luego con nosotros las migas.
Como este país es de risa, Junts desdeña el acuerdo y no ha querido participar en la negociación, porque este apaño se le ocurrió a ERC a cambio de hacer presidente a Illa. Incluso amenazan con tumbarlo en el Congreso: “No hay nuevo modelo de financiación, ni singular ni plural”, dicen. Pero sólo son lágrimas de cocodrilo. El acuerdo es todo lo que un indepe de un territorio rico podría querer: ceder a Cataluña la gestión íntegra del IRPF no es una reforma técnica, ni siquiera una concesión política más. Es, lisa y llanamente, la rendición del Estado, la renuncia explícita a los principios que han sostenido —con más o menos acierto— nuestro sistema de financiación de las regiones, desde que tenemos autonomía. El Gobierno vuelve a renunciar a lo que dice defender –la igualdad- a cambio de un puñado de votos para seguir en el machito.
Es muy grave: el IRPF no es un tributo cualquiera. Es el eje estructural de la Hacienda Pública, el instrumento que hace posible la redistribución entre personas y territorios, garantiza la progresividad del sistema y permite sostener —en condiciones mínimamente equitativas— los servicios públicos esenciales. Sin él, el Estado se queda sin su principal herramienta para corregir la desigualdad. No solo entre ricos y pobres, sino entre comunidades más prósperas y otras con menor capacidad fiscal.
Que el IRPF pase a ser recaudado y gestionado exclusivamente por una región rica, rompe de facto el principio de solidaridad sobre el que se construyó el modelo autonómico. Pero el problema no es solo lo que se hace: es cómo se hace. No hay negociación multilateral, ni transparencia, ni respeto institucional. Lo que hay es una transacción bilateral, cocinada en privado, para sostener a un Gobierno cada vez más frágil, a cambio de convertir el Estado en una suma de excepciones. El PSOE ha optado por romper el principio de igualdad, y además ha enterrado de paso, cualquier posibilidad de afrontar la necesaria reforma general de la financiación. Pero no pasa nada: aquí lo único importante es mantener esta legislatura zombi, aunque eso implique vaciar de contenido el sistema común.
Porque la cesión del IRPF a Cataluña rompe el sistema por varias vías: desde un punto de vista técnico, descoordina toda la política fiscal, debilita la lucha contra el fraude y provoca desigualdades reales entre los contribuyentes. Políticamente impone un modelo a la carta, sin consenso, con trato preferente a una parte de los españoles. Y desde la perspectiva institucional entrega a una comunidad que amenaza con romper el Estado uno de los instrumentos fundamentales del Estado. ¿Qué puede salir mal?
La financiación singular catalana —llámese como se quiera: soberanía fiscal, concierto camuflado, privilegio estructural— no es extrapolable a las demás regiones. Lo que se vende como un modelo replicable es, en realidad, un traje a medida hecho con retales de chantaje político y cesiones sin retorno. No estamos ante una mejora para todos, sino ante un premio injusto a quien no lo necesita ni merece.
La lógica ha muerto. El sanchismo suprime el interés general: cree sólo en su interés inmediato. No construye país: construye mayorías parlamentarias a cualquier precio. Y si para eso hay que regalar soberanía fiscal a los mismos que quieren desmontar el Estado, adelante. Lo importante no es la igualdad, la justicia territorial, la equidad, o la redistribución. Lo importante es llegar al día siguiente con otra votación salvada.
Lo llaman “modelo singular”, pero en realidad es un concierto encubierto, sin legalidad foral, sin transparencia ni control. Y si nadie lo para, será también el precedente para que Galicia reclame lo mismo, y luego Valencia, y después Madrid responda bajando sus impuestos. Están abriendo la puerta a desmontar el país. No les va a hacer falta ni recurrir a otro procés.
