La Comisión Europea considera –como la mayor parte de los españoles, según los sondeos- que la ley de amnistía no responde a un interés general, sino a un acuerdo político para investir a Sánchez como presidente del Gobierno, a pesar de haber perdido las elecciones. El representante de la Comisión ante el Tribunal de Justicia de la Unión ha calificado la amnistía, avalada por el Constitucional español, como una autoamnistía encubierta: un pacto entre un prófugo de la justicia y un presidente dispuesto a garantizar la impunidad de sus socios a cambio de mantenerse en Moncloa. Es un varapalo al discurso del Gobierno y al comportamiento del Constitucional de enorme magnitud. Porque, aunque el Gobierno intente disimularlo con argumentos peregrinos, la Unión ha puesto en cuestión el fundamento moral y democrático de esta inútil legislatura. Lo ha hecho además con palabras duras, poco frecuentes en el lenguaje europeo: la ley es imprecisa, desatiende las recomendaciones de la Comisión de Venecia y compromete el efecto útil de la directiva europea contra el terrorismo. En Bruselas no se tragan el cuento de la reconciliación. Y lo dicen alto y muy claro: lo que se ha aprobado en España no es una amnistía legítima, es un negocio político.
La intervención de la Comisión Europea ante el Tribunal Europeo de Justicia es la puntilla a un Gobierno que lleva meses encadenando humillaciones en el escenario continental. La más reciente, la pérdida del sillón en el Eurogrupo, tras una campaña diplomática descoordinada, errática y basada en supuestos compromisos que nadie llegó a creerse. El candidato español, impertérrito ministro de Economía en funciones durante semanas, fue descartado sin contemplaciones. Sánchez no logró convencer ni a sus socios cercanos. Fue una derrota sin paliativos que retrata su falta de peso real en las instituciones europeas, más allá del marketing y la propaganda, disciplinas en las que este Gobierno se ha convertido en experto.
A eso se suma el incumplimiento del compromiso asumido por España —y personalmente por el presidente— de alcanzar el dos por ciento del PIB en gasto militar en 2024, antesala de la autocomplaciente y patética historieta del descuelgue de los objetivos pactados por Europa para loa próxima década. Alcanzar el dos por ciento del gasto en 2024 fue un compromiso reiterado ante la OTAN y Bruselas y recogido en todos los documentos presupuestarios enviados a la Comisión, que quedaron en papel mojado. Sánchez ha jugado en esto a su juego preferido: ser el defensor del progresismo y la paz ante sus bases, y al mismo tiempo pasar por aliado fiable ante sus socios internacionales. Pero la mentira al final no tiene mucho recorrido. Los dobles discursos, tarde o temprano, se acaban pagando.
España se aleja del núcleo duro de las decisiones estratégicas de la Unión. El Gobierno se presenta como referentes de la agenda progresista europea, pero lo que se ve fuera es otra cosa: opacidad, desequilibrio institucional, ataques al poder judicial y acuerdos de gobierno con partidos contrarios al proyecto europeo. El sanchismo, con su alergia a la rendición de cuentas y su obsesión por controlar todos los resortes del Estado, genera una desconfianza creciente. Cada vez cuesta más explicar lo que ocurre en España sin que surjan comparaciones con Hungría.
La intervención de la Comisión Europea ante el Tribunal Europeo de Justicia deja claro que no todo vale. Las instituciones europeas no parecen dispuestas a bendecir maniobras que ponen en riesgo los principios del Estado de derecho. Cuando se cuestiona la separación de poderes, se usa el BOE como herramienta de autodefensa penal, se usan fondos europeos para cometer ilegalidades o se exigen excepciones ibéricas al menú comunitario, Europa puede tardar en intervenir, pero no tiende a mirar para otro lado. La crítica de la Comisión a esta amnistía no es una intromisión: es la continuación de las advertencias de la Comisión de Venecia. Sería estúpido ignorar lo que opina Bruselas.
Pero Sánchez no rectificará. Al contrario: responderá con más propaganda, más victimismo, y más acusaciones de conspiración mediática y judicial. En su lógica autoritaria, quien critica sus decisiones o no está de acuerdo con sus políticas, no puede defender la democracia, sólo conspirar contra ella. Y ya ni siquiera disimula su opinión: la Comisión Europea se une al fango. El único europeísta que queda en Europa es él.
Curiosa paradoja: mientras Sánchez convierte la soberanía española en moneda de cambio para garantizar el apoyo de los indepes, el prestigio internacional de España se evapora. Cuando toque pedir ayuda, reclamar fondos o exigir solidaridad, nos recordarán que, mientras otros construían Europa, en España el Gobierno construía su mayoría parlamentaria a base de cesiones ilegítimas. Cuando otros defendían el derecho europeo, aquí se fabricaban leyes para premiar a quienes quisieron romper la nación. En fin, es lo que hay: por mucho que Sánchez nos venda su liderazgo global, su imagen resulta muy triste: es la de un presidente dispuesto a cualquier cosa para aguantar aunque sólo sea un día más.
