Ayer tocaba que Víctor Aldama tuviera todo el protagonismo en la Comisión de Investigación del Parlamento de Canarias sobre las mascarillas. No todos los días nos toca un tipo capaz de sacar de su chistera de prestidigitador mordidas, viajes a Leningrado con Begoña, pisos secretos en Atocha y señoritas. Nos quedamos con las ganas, Aldama se negó a contestar a las preguntas como un Fiscal del Estado cualquiera, y sólo perdió la compostura ante la socialista Nira Fierro, que dedicó toda su intervención a llamarle mentiroso.
Desechado Aldama por su negativa a abrir el pico, la estrella del día es para Antonio Olivera, jefe de Gabinete de Torres en el ministerio, y tras el cese de Blanca Méndez y durante los primeros meses de la pandemia, director del Servicio Canario de Salud. Olivera fue asediado por sus señorías Espino y Enseñat, que no le dieron tregua. Con Espino reaccionó como un gatito cohibido, aguantando un insoportable tercer grado pasmosamente preciso. Con Enseñat se revolvió cual gato panza arriba, entrando en debate y contestando airadamente. Fue llamado al orden por el herreño Acosta en un par de ocasiones.
Básicamente su intervención se centró en responsabilizar a la imputada Ana María Pérez, directora de recursos económicos, de todas las decisiones sobre contratación, y se ensañó con el también imputado Conrado Domínguez, del que aseguró que había reconocido públicamente haber sido quien decidió comprar a RR7, algo de lo que hasta hoy no había constancia alguna. Según Olivera, el juez cuenta con un informe elaborado por un funcionario de Presidencia, en el que Conrado reconoce ser el promotor de la compra que hizo perder 4 millones a la Comunidad Autónoma. También le acusó de haberle ocultado durante un año que se habían pagado esos millones por un material que no había llegado. Y hasta dijo –es lo más difícil de creer- que Conrado en ningún caso tenía permiso para ocupar un despacho y gestionar contratos con proveedores antes de ser nombrado –él también, por el mismo Torres- director del SCS. Muy afectado aseguró que él no tuvo conocimiento de que eso ocurriera, y que de haberlo sabido lo habría impedido. Está claro que Pérez y Domínguez tienen ya adjudicado el triste papel de cortafuegos de este escándalo.
Pero que Olivera les responsabilice y señale –a ella por decidir por su cuenta compras por ochenta millones, a Conrado por ocultar lo que ocurría con las compras fraudulentas- no exime al hombre de Torres de caer en fabulaciones increíbles. La mejor, la que tiene que ver con el primer encargo del Gobierno a Soluciones de Gestión. Olivera declaró en el Congreso que el contacto con Soluciones de Gestión se produjo por una inesperada llamada el día 21 de abril de 2020 del empresario Rotaeche, representante de la empresa de Aldama, ofreciendo incluir a Canarias en una compra masiva de Puertos del Estado. Ayer, Olivera aseguró que no conocía a Rotaeche, ni sabe quién le dio su teléfono, pero aun así, el día 22 de abril formalizó un pedido de casi tres millones de mascarillas. El primer medio millón se recibieron al día siguiente, y el resto los días 25 y 28 de abril. Esa es la compra cuyo pago no dejaba dormir a Torres, por la que Koldo se interesó en varias ocasiones, y de la que Olivera informaría al propio Koldo –una persona completamente ajena a la empresa contratante- filtrándole las órdenes internas de pago, tras recibir el encargo de Torres de acelerarlo.
Se trata de la compra y entrega más rápida de la historia de las licitaciones del Gobierno regional: día 1, oferta, día 2 contrato por 6,8 millones, día 3 recepción de la mercancía en los depósitos del Gobierno.
Pero hay cosas aún más increíbles: Olivera insistió ayer en que en ningun caso, dio instrucciones a su subordinada Ana María Pérez para que formalizara oferta alguna (tampoco la de Rotaeche, por tanto). Solo informó a Pérez de su existencia y fue ella la que decidió hacerlo todo en un día. Qué diligencia. Y que atrevimiento de la misma funcionaria que su jefa anterior, Blanca Méndez, predecesora de Olivera, definió como una persona obediente, incapaz de actuar o tomar decisiones de ese calibre por su cuenta y riesgo.
Olivera pretende que traguemos con una historia imposible de creer. A la espera de que se demuestre o pague el pato la señora Pérez, yo prefiero creer que quien podía hacerlo le dio a Rotaeche el teléfono de Olivera, que Olivera debió hablar con el varias veces, que la llamada del día 21 fue para informarse de cómo iba el expediente, y que la firma se aceleró, porque la mercancía apalabrada desde tiempo antes iba a llegar al día siguiente. Lo del 1·2·3 se explica bastante mejor así. Y también los guasap de Koldo a Sánchez en agosto. Olivera cree que somos tontos: no existe ningún Gobierno que pueda contratar de forma directa y legal 80 kilos y deje decidir a una funcionaria a quien se contrata.
