Torres y Clavijo en la reunión de la Sectorial: caras sombrías
El ministro Torres aprovechó ayer para insistir –no una, sino dos veces- en la competencia entre Vox y el PP “para ver quien es más insolidario”. Da igual que el PP votara la única propuesta llevada a la Comisión sectorial por el propio Gobierno, y rechazada en su anterior sesión por la negativa de las regiones a ponerse de acuerdo. En esta ocasión, si se pusieron de acuerdo: votaron a favor del reparto propuesto por el Gobierno de la nación hace unos meses -400 menores inmigrantes- todas las comunidades, excepto Cataluña, que se abstuvo porque Cataluña no está para más solidaridades. Aunque Torres de eso no dijo ni pío, no vaya a ser que se ofenda alguien y lo de Illa no salga.
Pero Torres no se limitó a señalar la insolidaridad del PP: también dijo algo muy interesante, y también absolutamente obvio: que la reforma de la Ley de Extranjería es la única solución para resolver el problema de los menores inmigrantes. Una reforma de la ley que se plantea realizar por decreto del Gobierno, a convalidar por el Congreso en un plazo máximo de un mes desde su entrada en vigor.
La aprobación del decreto es de hecho un asunto de exclusiva competencia del Gobierno, que el Gobierno debería resolver sin más dilación, dejando que sean los partidos –a través de los grupos parlamentarios- los que decidan finalmente si la reforma se convalida o no. La Sectorial de la Infancia de anteayer no se convocó para reformar la Ley de Extranjería: no es competencia de las regiones cambiar las leyes nacionales. Eso sólo puede hacerlo el Congreso. La reunión de la Sectorial tenía un orden del día, presentado por el Gobierno y centrado fundamentalmente en aprobar el reparto voluntario de 400 menores. Algo a lo que –ya se ha dicho- sólo se negó a aceptar Cataluña, gobernada hoy por ERC, y más pendiente de que el Gobierno cumpla con el compromiso ya adquirido de transferirle todas las competencias en política migratoria.
Que esa aprobación se produjera entre grandes aspavientos de Vox, que acusa al PP de haber apoyado el reparto regional de los menores en contra de los compromisos suscritos en los pactos regionales (compromisos que no aparecen en ningún acuerdo) demuestra el nivel gallináceo del debate. Que el PSOE insista por boca de su ministro canario en que PP y Vox la misma mierda son, lo que demuestra es la presión constante que la política partidaria ejerce sobre un debate que debiera circular por otros derroteros.
La pregunta que realmente hay que hacerse es por qué el Gobierno de Sánchez no ha aprobado ya el decreto –algo que depende exclusivamente del Gobierno- y actuado en consecuencia, activando los repartos, hasta la votación por el Congreso. En el peor de los casos, en un mes daría tiempo de hacer algunos traslados, y en el mejor, con la ley ya aprobada vía decreto, los partidos deberían posicionarse sobre ella… y quien sabe, podrían producirse sorpresas. Incluso podrían llegar a superarse las reticencias y rechazos actuales, y que la ley fuera aprobada.
El presidente Clavijo insistió ayer en la idea de que la fórmula para desatascar esta situación es que el decreto ley entre en vigor de forma inmediata y permita reducir la saturación de la red de acogida de Canarias. Cree Clavijo que el decreto facilitaría la salida de unos 2.000 menores para ser atendidos en otras regiones de forma mucho más digna. Desde Canarias se defiende desde hacer un año la necesidad de un pacto de Estado de Emigración entre los dos grandes partidos, que logre acabar con la actual situación de bloqueo. Clavijo cree que en la reunión de la Sectorial muchas de las regiones demostraron estar dispuestas a asumir una mayor cuota de corresponsabilidad.
Por eso no se entiende que el Gobierno siga retrasando la aprobación del decreto, más cuando hasta desde los ministros del Gobierno –Torres- se reconoce que es la única forma de evitar el colapso. Un colapso que hoy amenaza a Canarias, pero mañana podría amenazar a Andalucía o Madrid o Cataluña, donde llegan cientos de supuestos adultos que luego se identifican como menores.
¿Por qué el Gobierno no quiere entonces arriesgarse a adelantar el decreto? ¿No quiere Sánchez exponerse a perder otra votación en el Congreso, manifestando de nuevo su debilidad? Pudiera ser: con el calendario actual, si finalmente se aprueba el decreto en Consejo de Ministros este mes de julio, la convalidación tendría que debatirse y votarse antes de terminar agosto, tras la convocatoria de un pleno extraordinario por la Diputación Permanente. ¿Teme el Gobierno la repercusión de una derrota por el voto de sus socios tradicionales en un pleno extraordinario? Quizá sea eso. Porque la otra explicación es mucho peor: que el Gobierno quiera seguir con el lío, pero no tenga ningún interés en resolver el problema.
