Una imagen de los aviones que sobrevuelan o se dirigen a Canarias, en la app de seguimiento de vuelos Flighradar24.
En Canarias, viajar no es una opción. Es una necesidad. Para salir de las islas o saltar de una a otra, no hay carreteras ni trenes. Y a partir de esa realidad indiscutible, se forjó una de nuestras reivindicaciones más sentidas: el descuento para residentes en los viajes de avión y barco. Su conquista fue un camino largo, plagado de dificultades, recelos del Estado y tentaciones de recorte. Con la insularidad, viajar fuera de Canarias suponía un esfuerzo económico desproporcionado. Mientras los turistas llegaban en chárter, a precios irrisorios, los canarios apenas podían permitirse salir de su isla, ni siquiera para cuestiones esenciales como estudiar, trabajar o recibir atención médica.
Durante el franquismo y hasta bien entrada la Transición, existía un sistema de ayudas al transporte para militares, policías, guardias civiles y otros funcionarios. Las ayudas cubrían parte de los desplazamientos a la Península, para que el personal funcionario aceptase destinos alejados o considerados penosos. La población local no contaba con ningún tipo de bonificación, y el coste de los viajes era prohibitivo. La discriminación era evidente: los canarios no podían optar a esa ayuda si no trabajaban para el Estado, mientras si podía optar cualquier funcionario peninsular destinado temporalmente en las islas. Esa situación de agravio fue el argumento clave que esgrimieron las fuerzas políticas y sociales isleñas para reclamar el descuento por residencia. Y fue en ese contexto de desigualdad donde, finalmente, el Gobierno de Felipe González estableció en 1987 el descuento del 33 por ciento para los residentes canarios, presentándolo como una equiparación de derechos, en respuesta a una reivindicación histórica.
Inicialmente, el descuento se aplicaba sólo a los desplazamientos entre Canarias y la Península. En 1998, tras una fuerte presión social y política, el Estado lo extendió a los viajes interinsulares. Esa ampliación fue clave para garantizar la cohesión territorial del Archipiélago. En 2001, el gobierno Aznar subió el descuento al 50 por ciento. Con la crisis de 2008, el coste del sistema se disparó y sonaron por primera vez las alarmas en Madrid. Se estudió limitar el número de viajes subvencionados por persona o restringir el acceso al descuento a determinados colectivos, como estudiantes o enfermos desplazados. La idea se filtró en 2012, durante el gobierno de Mariano Rajoy, cuando Cristóbal Montoro habló de revisar la sostenibilidad del modelo. La respuesta canaria fue unánime: ni hablar de recortes. Los cabildos, el Parlamento, los sindicatos y las organizaciones sociales defendieron una movilidad plena y sin restricciones, reclamando que el descuento no es una subvención, sino una compensación por el hecho insular.
En 2018, y tras años de reivindicaciones, se alcanzó por fin el descuento del 75 por ciento. El acuerdo se había cerrado en la tramitación de los Presupuestos de 2018, bajo el gobierno de Rajoy, a propuesta de Coalición, pero la medida no se puso en marcha hasta julio de ese año, cuando ya gobernaba Sánchez. Fue su gobierno quien firmó la orden del actual descuento, tras una negociación política con Nueva Canarias. La pugna por colgarse la medalla aún dura: Coalición y el PP lo vendieron como fruto de sus pactos presupuestarios, el PSOE y Nueva Canarias como un compromiso de los nuevos tiempos.
El aumento provocó un efecto perverso: las aerolíneas empezaron a inflar el precio base de los billetes, sabiendo que el Estado pagaba las tres cuartas partes. Fue entonces cuando el ministro Ábalos propuso estudiar un sistema alternativo, que podría pasar por bonos de transporte para determinados colectivos o precios máximos regulados. El argumento oficial era controlar el gasto y evitar el encarecimiento artificial de los billetes. Las instituciones canarias volvieron a reaccionar en bloque para parar cualquier restricción.
La pandemia pospuso la revisión, aunque Bruselas sigue presionando para reformar el actual sistema de ayudas. De hecho, en 2023, la Comisión señaló que la bonificación distorsiona el mercado, sugiriendo pasar del modelo actual de descuentos a otros más controlados. Hoy, el sistema cuesta más de 700 millones de euros anuales al Estado, una cifra que seguirá creciendo si no se controlan los precios de los billetes. El retraso en el pago a las compañías ha provocado alarma –probablemente infundada- sobre la intención futura del Gobierno. Por eso, este domingo, durante el Congreso del PSOE de Lanzarote, el ministro Torres y la responsable federal de Economía del PSOE, Enma López, acusaron al PP y Coalición de “intoxicar” a los canarios con “un bulo” para “tapar sus problemas de gestión”.
En realidad, el problema de gestión es retrasarse en los pagos: desplazarse entre las islas o viajar a la península no es un lujo para los canarios. Mientras siga habiendo mar de por medio, seguirá existiendo la obligación de compensar la distancia.
