La ministra Montero
Es difícil –muy difícil- entender qué diablos le pasa a este Gobierno con Canarias. Es verdad que en las islas se ha instalado ya cierta resignación ante el hecho de que cada vez que vez que se incorpora una nueva administración, haya que dedicar un par largo de años a explicarles absolutamente todo, lo que es el REF, cómo funcionan las excepcionalidades, porqué en Canarias no se paga IVA sino IGIC o lo del descuento en el transporte aéreo. Hay una recurrente resistencia en los ministerios económicos a aceptar excepcionalidades permanentes en el largo plazo, y también la creencia de que por aquí somos unos quejicas consentidos que se pasan el día tomando mojitos a la orilla del mar y contando subvenciones europeas. Es obvio que la realidad de Canarias ese mucho más compleja que ese pringoso delirio con el que nos juzgan y describen desde hace años en los despachos de la meseta ministros godos y funcionarios probos. Ha habido momentos mejores y peores, situaciones en las que nos hemos hecho valer más, y otras en las que hemos aceptado lo que tocara. Podría decirse que la última etapa de gobierno del pacto de las flores, con el PSOE como referente de Gobierno en Madrid y en Canarias, el nivel de sometimiento ha aumentado ligeramente. Torres transigió inicialmente con algunos ukasses nacionales, como la reducción del alcance de las exenciones fiscales en el negocio audiovisual, que reventaban nuestro diferencial fiscal con península para las ayudas al cine. También mantuvo Torres un discreto silencio cuando se planteó dejar fuera a Canarias de la gratuidad del transporte público, que sólo iba a ser para los territorios con trenes de cercanías. Pero al final, el puesto tiende a imprimir carácter: Madrid acabó por transigir, y eso permitió a los socialistas locales respirar algo más tranquilos. Pero ahora que están fuera del Gobierno, parece que no les importa nada hacer un papelón bastante deprimente en lo de los menores emigrantes no acompañados, aceptando tragarse sin rechistar las ruedas de molino con las que Moncloa decide que el PSOE canario debe comulgar.
Por si eso no fuera ya de por sí bastante indecoroso, la ministra Montero, especialista en chascos varios, ha anunciado la intención de su Gobierno de rebajar las actuales ayudas vinculadas a incentivos regionales para las empresas canarias, de tal manera que desaparezca todo diferencial con Península, y en ningún caso puedan superar el 50 por ciento de la inversión. Esa es la propuesta que perpetra el borrador redactado por Hacienda para cambiar la regulación de subvenciones estatales fomentando la inversión y la actividad empresarial. En Canarias, esas ayudas tienen fijado un techo máximo mayor que en el resto del Estado, de tal forma que los incentivos regionales en las islas pueden llegar al 70 por ciento cuando se trata de empresas pequeñas, al 60 por ciento en las de tipo medio, y al cincuenta si se trata de grandes empresas. El Ministerio quiere unificar el porcentaje de subvención a todos los tipos de empresa, -algo objetivamente injusto- y lo hace además pasándose por el refajo la recomendación de Bruselas. El año pasado, atendiendo a la condición ultraperiférica de las islas, Europa aumentó un diez por ciento más el techo de las subvenciones a Canarias, permitiendo así que desde 2024 hasta el 2027, las pequeñas empresas pudieran conseguir ayudas de hasta el 80 por ciento de su inversión productiva.
Montero no sólo desdeña la recomendación de Bruselas de mejorar las condiciones diferenciales a Canarias. También unifica las ayudas, para que Canarias quede equiparada al resto de los territorios españoles, como si el REF no existiera. Frente a eso, el Gobierno regional lleva peleando por mantener la situación existente. Manuel Domínguez cursó una carta a la señora Montero requiriéndole que el borrador fuera revisado, para evitar graves perjuicios a las empresas, y pidiendo una cita con la ministra, que ni siquiera ha contestado. Quizá haya sido esa ausencia de respuesta la que ha provocado que las asociaciones empresariales canarias se manifestaran unánimemente contrarias a la voluntad uniformadora del Gobierno nacional.
Llueve sobre mojado: no es ni la primera vez ni será la última que desde Hacienda se intenta meter a Canarias en el saco del resto de las regiones. Desde el primer REF, el de 1973, el forcejeo ha sido constante, pero se han ido consolidando mejoras que deberían considerarse definitivamente incorporadas al fuero canario. El problema es que hoy la única preocupación real del Gobierno Sánchez es poder cumplir sus compromisos con Esquerra y Junts. Cumplir con lo que los indepes exigen para mantener a Sánchez en Moncloa, también haría saltar por los aires cualquier excepcionalidad en las islas.
