Pere Aragonès, presidente de la Generalitat, y Pedro Sánchez
Tres años después de su última reunión, se celebró ayer en Madrid la Conferencia Sectorial del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, para informar a los responsables regionales de gestión de Fondos Europeos, sobre el funcionamiento del último de los instrumentos basados en el reparto de los dineros aprobados para hacer frente a las consecuencias de la crisis del Covid, en total unos 20.000 millones de euros que habrán de gastarse las regiones. El Banco Europeo de Inversiones entregará directamente a las comunidades autónomas los primeros tres mil millones de Fondo de Resiliencia Autonómica, en base a los proyectos presentados. Sin embargo, la reunión quedó condicionada por una petición urgente de la consejera Asián, que planteó el martes incluir en el orden del día solicitar información al ministerio sobre cómo influirá en la financiación de las regiones el régimen singular para Cataluña, que Sánchez ha ofrecido a Esquerra Republicana a cambio de que apoye la investidura de Illa.
Se trata de una petición envenenada, probablemente dirigida a reventar la reunión convocada por Hacienda, pero sorprendentemente presidida por el ministro de Economía. Y es que la oferta de Sánchez a los republicanos ha soliviantado a todas las regiones –incluyendo las que Gobierna el PSOE- y provocado un aluvión de airadas críticas, sin lograr siquiera convencer a Esquerra. De hecho, la mayoría de los dirigentes republicanos prefieren –o al menos eso han dicho- ir a nuevas elecciones antes que apoyar a Illa como nuevo presidente. En cuanto a los neoconvergentes de Junts, el rechazo a mercar financiación por investidura de Illa ha sido categórico: Puigdemont tuvo el cinismo de preguntarse muy enfadado cómo pueden mezclarse los dineros de Cataluña con el apoyo a la investidura y calificó la operación de “escándalo”. Un rasgamiento de vestiduras bastante chocante, después de todo lo que han logrado los indepes a cambio de apoyar la continuidad de Sánchez en Moncloa.
En Canarias, la posibilidad de que se materialice una financiación singular para Cataluña –un eufemismo que esconde la voluntad de ERC de gestionar el cien por cien de la fiscalidad catalana, con un concierto similar al del País Vasco- ha disparado las alarmas. El pasado lunes fue Fernando Clavijo quien explicó que si Sánchez acepta la propuesta republicana se romperá el fondo de solidaridad interterritorial, “entrando en un terreno muy peligroso que puede quebrar las relaciones entre el Estado y las comunidades autónomas”. Clavijo insistió en lo injusto que resulta para las regiones más pobres un sistema singular que favorezca a Cataluña. También los diputados canarios del PP en el Congreso, Jimena Delgado, Guillermo Mariscal y Carlos Sánchez plantearon el martes que la negociación bilateral entre el Estado y Cataluña hace peligrar “más que nunca antes” los dineros que reciben las islas por financiación autonómica.
Hay motivos para estar preocupados, y eso a pesar de que –de momento- Sánchez se ha limitado exclusivamente a jugar con las palabras, sin hacer ninguna propuesta concreta. Aprovechó la abracadabrante entrevista que concedió a La Vanguardia el pasado domingo, para plantear que él y su partido consideran que existe “margen para una financiación singular” de Cataluña. Una expresión, esta de la singular, que no es siquiera novedosa: está recogida en el propio sistema de financiación.
En su relación con Cataluña, Sánchez ha establecido desde hace ya años un formato de doble lenguaje: al principio, ese doble lenguaje le obligaba a reconocer sus cambios de criterio, pero el presidente del Gobierno ha acabado por aprender que la clave de marear la perdiz sin tener que desdecirse está en las palabras: ya no dice cosas tan contundentes como que “no habrá indultos”, “no se modificará el Código Penal” o “la Amnistía es claramente inconstitucional”. Ahora basta con llamar consulta al referéndum de autodeterminación o calificar de financiación singular lo que ERC quiere, que es lisa y llanamente un modelo de soberanía fiscal que permita la recaudación por la agencia tributaria catalana de la totalidad de los impuestos que se recauden en Cataluña. A cambio de hacerse con toda la recaudación, Cataluña abonaría al Estado una cantidad –un cupo, al estilo vasco- por los menguantes servicios que el Estado preste en Cataluña. Eso es lo que pide Esquerra. Pero esta vez no va a recibir más que la difusa singularidad: no hay tiempo material para definir un modelo de financiación distinto para Cataluña. Tendría que pasar obligatoriamente por la reforma de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas, y eso no puede producirse de aquí a finales de agosto.
Si para entonces Illa no es president, habrá que repetir elecciones. Y eso sin contar con que Puigdemont reviente antes absolutamente todo. Un panorama tan singular como posible.
