El ministro Ángel Víctor Torres, tras presentrar el acuerdo para ceder el IRPF a Cataluña junto al consejero catalán de la Presidencia, Albert Dalmau
La decisión del Gobierno de ceder a Cataluña la gestión íntegra del IRPF —presentada como “financiación singular” y vendida como modernización— no es una reforma fiscal: es la demolición controlada del sistema de financiación. Responde no a mejoras técnicas, sino a concesiones políticas con implicaciones devastadoras. Para el conjunto del Estado, y especialmente para regiones como Canarias, una de las peor financiadas del país. Lo ha denunciado con rotundidad el presidente Clavijo: romper la caja común y dinamitar el principio de solidaridad afectará directamente a los servicios públicos que reciben los canarios. No hay exageración ni demagogia en esa declaración: si Cataluña comienza a partir de ahora a aportar menos dinero al sistema, alguien tendrá que pagar la diferencia. Y ya sabemos quiénes lo harán: los de siempre.
Canarias, como Extremadura o Asturias, depende de un sistema que compensa –siquiera parcialmente- las desigualdades estructurales entre territorios. Si ese sistema salta por los aires, aumentará la brecha entre regiones ricas y pobres, entre las que pueden bajar sus impuestos y las que no llegan a financiar sus servicios esenciales. El resultado será un país descompensado, injusto, abiertamente insolidario. Frente a esa posibilidad, Clavijo plantea la creación de un frente común institucional. Lo que propone va de defender un principio básico de justicia territorial, pero también de impedir que se imponga un modelo bilateral hecho a medida del independentismo catalán, mientras se ignora a las comunidades leales al Estado. Sánchez obsequia a Esquerra un sistema fiscal a la carta —a Junts le regalará un Poder Judicial catalán—, mientras Canarias espera respuestas urgentes que no llegan: seguimos sin poder usar nuestro superávit para mejorar la sanidad o la dependencia, encadenados a una regla de gasto que nos castiga por cumplir, reclamando diálogo y obteniendo silencio. Seguimos siendo maltratados por un Gobierno que incumple sus compromisos en materia de atención a los menores inmigrantes, incluso a los que han pedido asilo. Aquí, hacer lo correcto no tiene recompensa. Lo que demuestra el acuerdo con Esquerra es que lo único que se recompensa es el chantaje.
Y ojo: el IRPF no es cualquier cosa. Es el pilar central de la Hacienda Pública, el impuesto que garantiza que quien más tiene, más paga, y que los recursos se distribuyen en función de las necesidades, no del lugar de residencia. Gestionarlo desde una única comunidad rica y con una agencia propia —y sin aclarar cuál será su aportación a la caja común— no es singularidad: es un privilegio escandaloso. Y un relato muy difícil de justificar: los impuestos no solo financian servicios públicos, sino que expresan un contrato social compartido. Ceder la gestión plena del IRPF a una comunidad por razones coyunturales rompe ese contrato y debilita la legitimidad del Estado como garante de la igualdad. No se trata solo de ceder soberanía, sino de abdicar de una herramienta esencial para garantizar la cohesión social y territorial. En un momento de creciente desconfianza institucional, la medida agrava la fragmentación y debilita los fundamentos del Estado.
Muchos justifican el acuerdo con Cataluña comparándolo con el régimen foral vasco o navarro. Pero no es lo mismo: los fueros, por discutibles que sean, surgen de la Historia y están reconocidos en la Constitución. Lo que no está reconocido es este nuevo cupo catalán a la carta: un concierto camuflado, sin marco legal, sin consenso, sin transparencia. Un apaño político con vocación de estructura permanente. Además —y aunque no esté en absoluto de moda—, lejos de extender el modelo foral a nuevas comunidades, debería abrirse el debate sobre la vigencia y utilidad actual de un sistema tan arcaico. Aunque legales, los sistemas de concierto son asimétricos, anacrónicos y crecientemente disfuncionales en un país que aspira a la equidad fiscal. La revisión de estos privilegios históricos debería dejar de ser un tabú y convertirse en un objetivo democrático compartido por los partidos nacionales.
La decisión de ceder a Cataluña la gestión y recaudación completa del IRPF representa una ruptura profunda con la arquitectura fiscal española. Un cambio con implicaciones estructurales que compromete los principios constitucionales de solidaridad, equidad e igualdad de acceso a los servicios públicos. El propio sindicato de técnicos del Ministerio de Hacienda, Gestha, lo ha advertido al pedir la dimisión de su ministra: esta medida perjudica directamente a regiones como Canarias, al erosionar el principio redistributivo para comprar estabilidad política con dinero público. Y es aquí donde hay que decir basta y plantar cara. No con gestos simbólicos, sino con una oposición firme, articulada institucionalmente y con respaldo social. Este disparate no se puede despachar con una puesta en escena que evita que Montero -candidata socialista en Andalucía— tenga que dar la cara por aceptar ahora un acuerdo al que antes se opuso, porque supone un lastre electoral en su tierra.
Por cierto, que vaya papelón triste el del ministro Torres, ejerciendo de comparsa en el parto de un acuerdo que perjudica directamente a Canarias. Mientras se debaten tratos de favor en Barcelona o en Ginebra, aquí seguimos como siempre, rogando que nos dejen gastar lo que hemos ahorrado. Seguimos atados a normas pensadas para castigar el déficit… aunque aquí tengamos superávit.
