La portavoz de Junts, Miriam Nogueras
Junts volvió a poner hoy contra las cuerdas al Gobierno de España, sumándose al PP y Vox y votando contra tres decretos, los del impuesto a las energéticas, la reforma de las pensiones y el decreto ómnibus aprobado por el Consejo de Ministros la víspera de Nochebuena, con el que Sánchez pretendía colar casi un centenar de medidas de una tacada. La técnica de sacar adelante asuntos que merecerían una ley no la inventó Pedro Sánchez. De hecho, los decretos están para eso, para acelerar los trámites y hacer las cosas más rápidas, sorteando los complejos mecanismos parlamentarios que se ponen en juego para aprobar una ley. Lo que sí es un invento sanchista son estos decretos ómnibus que ahora ha puesto de moda el Gobierno, y que se usan para colar medidas muy dispares, para lograr que no se raje nadie. En el ómnibus, las iniciativas del Gobierno se mezclan como en una coctelera en la que se agitan juntas y bien revueltas las ayudas al transporte público y a los damnificados por la DANA, con la revalorización de las pensiones o el sorprendente regalo al PNV de un palacete parisino valorado en varios millones de euros. El ómnibus es un trágala que consiste en meter en el mismo saco medidas que todo el mundo apoyaría, y medidas muy polémicas que la oposición no quiere apoyar. De esa forma, se coloca a la oposición al Gobierno ante la disyuntiva de votar en contra de la revalorización de las pensiones o las ayudas del DANA, si se quiere evitar que el PNV se haga con el palacio de París donde hoy se ubica el instituto Cervantes. Por ejemplo. La aprobación de una parte de las medidas con las que se está de acuerdo, obliga a apoyar a todas las demás medidas, aunque no se comparten. Es una técnica fullera, que a Sánchez le ha funcionado en alguna ocasión. Pero ayer no.
Ayer, el socio Puigdemont se montó otra de sus venganzas, con una jornada terrible para el Gobierno que pone de manifiesto de nuevo el grado de descomposición de la denominada mayoría de legislatura, y la soledad de un Gobierno al que no apoyan ni siquiera sus socios.
Junts no parece dispuesta a dar tregua a Sánchez, al que acusan de no cumplir los compromisos contraídos, vaya descubrimiento. Andan los neoconvergentes muy descontentos con los resultados de la última reunión en Bruselas con los socialistas, y Puigdemont está decidido a mantener el pulso para obligar a Sánchez a cumplir los acuerdos suscritos a cambio del apoyo a su investidura. Ayer, Junts envió a sus cargos públicos un argumentario interno justificando la negativa a votar contra los decretos de Sánchez. El documento explica que se había avisado al PSOE de lo que iba a suceder, pero a los socialistas les dio igual, que Junts no va regalar sus votos a Sánchez, y que si el PSOE quiere el apoyo del grupo catalán, tiene que cumplir con todos los acuerdos pendientes: reconocimiento del catalán como idioma cooficial en la Unión, amnistía política, traspaso de las competencias para la gestión integral de la inmigración y –algo inaceptable para Sánchez- debatir la cuestión de confianza. “Hemos votado no a los tres decretos porque el PSOE continúa actuando como ha venido haciendo toda la legislatura. El PSOE no tiene mayoría. Depende de la voluntad de otros partidos y, lo quiera o no, también de los siete votos de Junts”. Por eso, ayer votaron contra el ómnibus y los otros dos decretos, provocando la triple derrota del Gobierno probablemente más débil de la historia de la Democracia. Toda hace pensar que la decisión de no apoyar a Sánchez en las votaciones clave se va a mantener, conformándose así una nueva mayoría en la oposición, hasta que Sánchez cumpla con sus compromisos o –quizá- se preste a realizar un gesto extraordinario –de esos que tanto gustan a Puigdemont- como podría ser reunirse con él en Bruselas, antes las cámaras de televisión.
Mientras se despeja la incógnita de cómo podrá mantenerse un Gobierno que carece de votos para gobernar, para Canarias, el bloqueo de los decretos supone complicaciones añadidas a los perjuicios que implica para el resto de los españoles la derrota gubernamental. Para las islas, supone que si hay que mantener la gratuidad del transporte –como pretenden cabildos y Gobierno regional- tendrá que pagarse con los impuestos de los canarios. Y supone también que, sin prórroga de las medidas para la recuperación de La Palma tras el volcán, los palmeros volverán a ver retrasada la materialización de sus ayudas este año.
Dicen en Coalición que no hay que alarmarse, que no pasa nada, que el Gobierno Sánchez segregará los asuntos canarios para que se voten aparte. Personalmente creo que no ocurrirá así, o al menos no ocurrirá así inmediatamente: el Gobierno tiene sus propias prioridades, tiene que ocuparse primero de lograr aprobar la revalorización de las pensiones e intentar salvar el desastre –para el Gobierno- de que no se haya aprobado el impuesto a las energéticas, o evitar que las ayudas por la DANA se retrasen. ¿Qué prioridades parlamentarias tendrá el Gobierno? Es improbable que sean las que más afectan a las islas.
