Resulta casi grotesco, pero ya nadie se escandaliza: la mujer del presidente del Gobierno está citada a declarar por presuntos delitos de tráfico de influencias, corrupción y malversación. Y el debate nacional parece centrarse en si podrá acudir o no porque a su abogado le coincide la fecha con un señalamiento en Arona. No es broma: el argumento de la defensa de Begoña Gómez es que ese día su letrado tiene que estar en un juzgado de Tenerife. Son capaces de convertir en relevante la agenda de Antonio Camacho y no el hecho brutal de que la mujer de Pedro Sánchez deba rendir cuentas por aprovechar el apoyo de Moncloa para sus negocios privados.
Lo normal, lo democrático, sería que este hecho hubiera provocado una crisis institucional de primer orden. Pero vivimos en un país en el que lo inaceptable se ha vuelto perfectamente asumible. Y lo hemos asumido como un suma y sigue, una cadena de hechos graves, cada uno más escandaloso que el anterior, que se disuelven en la espuma diaria de la política como espectáculo.
Ya no nos extraña que los tres coleguis que acompañaron a Pedro en su reconquista del poder, o estén en prisión o en capilla, a punto de entrar, Que dos miembros de la familia directa del presidente hayan sido procesados por malversación de caudales públicos. O que un ministro clave del Gobierno lo esté también por corrupción. O que lo mismo ocurra con el fiscal jefe del Estado, imputado sin que nadie en el Gobierno se sonroje. O que el secretario general del PSOE —número dos del partido y muñidor de la moción de censura a Rajoy por “indecente”— haya acabado en la cárcel por el mismo patrón de indecencia que decía combatir. Todo esto debería ser inaceptable. Pero lo aceptamos.
Aceptamos que se pacte una amnistía con los golpistas catalanes y que, para más escarnio, fueran ellos mismos quienes redactaran la ley que debía exonerarlos. Aceptamos que se justifique esa desvergüenza con el argumento de que es necesario para “la convivencia”, cuando en realidad el único objetivo fue impedir que gobernara el partido que había ganado las elecciones. Aceptamos que se renuncie a la igualdad entre españoles con una financiación a la carta para contentar a ERC mientras se ningunean las demandas de Canarias, Valencia o Andalucía. Aceptamos lo más cutre: que ministros y altos cargos se paseen por burdeles y saunas mientras pontifican sobre feminismo; que se compadreara con empresarios como Aldama y Pérez Dolset, con negocios alimentados por contratos públicos y favores políticos; que el aparato del Estado se ponga al servicio del blanqueo y de la intoxicación mediática para tapar las miserias propias. Aceptamos, incluso, una política exterior convertida en un circo de intereses: apoyo decidido a la dictadura de Maduro en Venezuela; complacencia con la represión de Pekín; guiños diplomáticos a quienes socavan el orden internacional mientras se presume de multilateralismo en Bruselas. Todo ello compatible con discursos solemnes sobre derechos humanos que se desmigajan sobre la conciencia de una sociedad cada día más incrédula y desinteresada. Cada día más decidida a aceptar que esto es inevitable, que todos son iguales.
Lo realmente perverso no es solo que haya tantos golfos crecidos. Lo alarmante es la anestesia colectiva surgida de la acumulación de escándalos. Cada uno de ellos, aislado, habría tumbado hace años a cualquier Gobierno. Ahora no. Ahora se superponen, se tapan unos con otros, y al final todo es paisaje. Una mancha más en la pared ennegrecida.
Aceptamos —¿y por qué no?— que el PSOE, durante décadas el partido más importante del país, responsable de su modernización, principal garante de la democracia española, se haya convertido en un cascarón hueco donde ya no existe democracia interna y todo depende de la voluntad de Sánchez, César Castejón, dueño del partido, del Gobierno y del silencio de sus cuadros. Los mismos que ayer se proclamaban guardianes de la ética pública hoy sonríen, aplauden y aclaman.
Por eso el caso de Begoña Gómez no indigna. Porque llega después de todo lo anterior, forma parte del mismo magma. Se asume con resignación: otra raya en el agua. Y mientras, se extiende la idea de que no ocurre nada, de que todo es relativo, de que da igual quién robe, manipule, engañe o utilice el poder en beneficio propio. La democracia se erosiona cuando se acostumbra a tolerar lo intolerable. Cuando dejamos de reaccionar ante los abusos, se convierten en norma. Y ese es, quizá, el mayor triunfo del sanchismo: no haber convencido, sino haber agotado a la sociedad hasta hacernos creer que ya nada importa.
El día que la mujer de Sánchez se siente en el banquillo —si es que llega a hacerlo— no se hablará de moral, ni de ética, ni de responsabilidad política. Seguiremos parloteando cínicos y despreocupados de si el abogado puede o no estar presente en el juicio porque tiene otro señalamiento en Arona. En ese detalle grotesco, se condensa esta época de anormal normalidad.
