El Rey en la apertura del año judicial.. A su izquierda, el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortizy la presidenta del Supremo y del Poder Judicial, Isabel Perelló. A su derecha, el ministro de Justicia, Félix Bolaños; el vicepresidente del Supremo, Dimitry Teodoro Berberoff, y el presidente de la Sala Civil del Supremo, Ignacio Sancho Gargallo
El Rey Felipe presidió ayer el acto solemne de la apertura del año judicial, en el que, entre otras autoridades, se encontraba presente y con gran protagonismo el Fiscal General del Estado, encausado por el Tribunal Supremo. Álvaro García Ortiz, está procesado por el delito de revelación de secretos, por la filtración de un correo confidencial relacionado con la investigación del novio de la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Ese auto, dictado por el magistrado Ángel Hurtado, con el respaldo de la Sala Penal del Supremo, considera que existen indicios claros para llevar el caso a juicio, y apunta que García Ortiz actuó por “indicaciones recibidas de Presidencia del Gobierno”, aunque no se aportaron pruebas sólidas que respalden esa afirmación. Es la primera vez en la historia de democracia española en que un fiscal general es procesado, lo que –de una forma obviamente perversa- supone un hito institucional sin precedentes.
El proceso judicial sigue su curso normal hacia un juicio oral, a menos que García Ortiz decida dimitir antes o el Gobierno decida cesarlo. Ninguna de esas opciones se baraja siquiera. En vez de eso, y a pesar de las insistentes peticiones de las asociaciones de jueces y fiscales mayoritarias para que no lo hiciera, García Ortiz participó ayer en la inauguración del año judicial, forzando una imagen impensable hace unos años, cuando el mínimo sentido de la decencia institucional habría aconsejado la renuncia inmediata del máximo responsable del Ministerio Público. Pero en la España de 2025, nada es imposible: parece normal que un fiscal general procesado ocupe su puesto en un acto de Estado, como si nada pasara, y utilizara su tradicional discurso ante el rey para informar de la gestión de la fiscalía y el estado del crimen en este país, a glorificarse a sí mismo y explicar que es inocente.
La paradoja de un fiscal general defendiéndose a sí mismo ante quienes han de juzgarlo, y ante su segundo, que ha de ejercer la acusación en la causa, y haciéndolo en un acto público de singular relevancia del que en ningún caso debería ser protagonista, alcanzó tintes de sainete.
Feijóo decidió no salir en la foto y no legitimar con su presencia la escenificación de un poder judicial sometido al desgaste y al deterioro moral de una cita surrealista. Y entonces llegó lo más chocante: dirigentes de la izquierda acusando a Feijóo de faltar al respeto al Rey.
Es difícil encontrar un giro más grotesco. Quienes han convertido la figura de la Corona en objeto de sospecha permanente, han pactado con fuerzas republicanas que no reconocen la legitimidad de la Monarquía, y toleran que en el Parlamento se insulte a Felipe VI, se atreven ahora a dar lecciones de lealtad institucional. Es cierto que Feijóo, al no acudir al acto, les ha permitido invertir el relato: ya no se habla del fiscal procesado que sonríe mansamente a dos pasos del Rey como si con él no fuera la cosa, sino del líder de la oposición que “planta” al Monarca.
La maniobra es profundamente hipócrita. Si se ha comprometido la dignidad del Rey, no lo ha hecho Feijóo, sino el Gobierno que le coloca al lado de un fiscal general procesado. Si alguien erosiona la imagen de la Jefatura del Estado, no es quien se niega a posar en la foto, sino quien obliga a la Corona a compartir protocolo con un encausado. Lo ocurrido retrata con claridad la degradación institucional que atravesamos. Como recordó en su intervención la presidenta del Supremo, la separación de poderes ya está suficientemente cuestionada. Lo está por las injerencias políticas en la justicia, y las acusaciones genéricas contra las jueces que realizan el presidente del Gobierno y su ministro de Justicia. Ahora, además, se degrada la propia puesta en escena de las instituciones. Se fuerza al Rey a participar en un acto que transmite el mensaje equivocado de que en España no es importante si un cargo público está procesado, siempre que cuente con la confianza del presidente Sánchez.
Esta historia tiene un valor simbólico. Porque la democracia no se sostienen solo en leyes y reglamentos: también lo hace en las formas, en la apariencia de respeto, en el cuidado de los rituales institucionales. Y cuando se cruza esa línea, cuando se acepta como normal lo que es inaceptable, la democracia se debilita sin remedio.
Feijóo no cometió un desaire al Rey. Tomó la decisión política de no prestarse a validar con su presencia una situación que nunca debió producirse. Su ausencia es discutible —quizá habría sido más efectivo asistir y señalar públicamente el escándalo—, pero lo que resulta poco defendible es la presencia y el dircursete del fiscal general procesado. Ese es el verdadero escándalo, y el terreno en el que debería situarse el debate, si es que cabe algún debate de valor en una sociedad dividida en dos trincheras irreconciliables.
La izquierda ha preferido girar el foco: ha optado por convertir a Feijóo en el villano de la jornada, para tapar la incomodidad de la foto, para distraer de la evidencia de un Gobierno que, en su huida hacia delante, está dispuesto a arrastrar a todas las instituciones a la ciénaga.
