Hemos cometido el disparate de convertir el acceso a la tecnología en una suerte de derecho natural de la infancia. Cada vez es más común ver a niños de diez años con móvil propio, preadolescentes con una vida digital más intensa que la real y adolescentes que viven enganchados como yonquis al algoritmo. Sin embargo, seguimos sin asumir con seriedad las consecuencias de ese estado de cosas. Por eso resulta importante —además de sensato— que tres países europeos, España, Francia y Grecia, hayan propuesto establecer una edad mínima común para el acceso de los menores a las redes sociales. Una propuesta prudente, no alarmista, que no busca censurar, sino proteger.
Los impulsores de la iniciativa —responsables de digitalización de los tres países— no han fijado aún una edad concreta. Prefieren abrir el debate a escala europea y avanzar en una posición común. Pero lo relevante no es la edad concreta, sino el principio de que no todo vale, y no todo es aceptable a cualquier edad. Las redes sociales son hoy la principal plaza pública del siglo XXI y, al mismo tiempo, un espacio lleno de trampas, adicciones, manipulaciones y riesgos para quienes no tienen aún las herramientas cognitivas y emocionales para gestionarlas.
Hemos tolerado —por desidia, por desconocimiento o por cobardía política— que plataformas diseñadas para maximizar la atención y la dependencia tengan como parte de su público objetivo a niños y adolescentes. Se acepta que un menor de doce años tenga Instagram o TikTok. Se asume que un joven de catorce años pueda pasar cinco o seis horas diarias navegando por contenidos sin filtro alguno. Y obviamos que esta exposición constante no es neutra: tiene consecuencias sobre el desarrollo personal, la salud mental, la relación de los niños y jóvenes con su cuerpo, el sexo, la violencia, el éxito o el control de la frustración.
No quiero hacer un discurso moralista o meapilas: no se trata de responsabilizar a la tecnología de los crímenes y dislates del mundo en que vivimos; no quiero demonizar las redes. Pero cada día estoy más convencido de la necesidad de establecer límites razonables, del mismo modo que establecemos una edad mínima para conducir, para votar o para beber alcohol. No todos los derechos son necesariamente absolutos, y menos aún cuando está en juego la protección de los menores. En el mundo real no permitiríamos que un niño entrara solo en una licorería. Pero en el mundo digital le damos acceso libre a espacios mucho más tóxicos, sin adultos presentes, sin control y sin reglas.
La propuesta de España, Francia y Grecia parte, además, de un reconocimiento crucial: los actuales sistemas de verificación de edad son un burdo coladero. Marcar una casilla, introducir una fecha falsa o usar la cuenta de otro son barreras ridículamente simples, que supera sin dificultad el más tonto de la clase. No se trata solo de llenar más papel con leyes inútiles sobre lo que debería hacerse. El esfuerzo será útil si se centra en diseñar mecanismos de verificación eficaces y medidas que obliguen al control de los padres sobre lo que pueden y no pueden ver sus hijos. Esto no puede ir de prohibir el móvil hasta los dieciséis, ni de imponer una Internet aséptica y censurada. Es absurdo pretender apagar el mundo digital. De lo que se trata es de enseñar a usarlo con sentido.
Retrasar la incorporación a las redes hasta una edad en que el menor tenga mayor madurez, más capacidad crítica y más herramientas para lidiar con la ansiedad, la comparación permanente, el acoso, la sobreexposición y la mentira convertida en espectáculo.
Las redes no son un juego inocente, son un negocio. Un negocio gigantesco, sostenido por la dependencia de sus usuarios y la explotación de sus datos. En ese mercado, los menores son un objetivo preferente: más vulnerables, más fácilmente manipulables, convertidos en consumidores mucho antes de ser ciudadanos. ¿De verdad vamos a seguir haciéndonos los distraídos?
La buena noticia podría ser que algo empieza a moverse, pero la mala es que llegamos muy, muy tarde. Los estudios alertan del impacto negativo de las redes en la química cerebral y la salud mental de los adolescentes (y también de los adultos, pero esa es harina de otro costal). Millones de niños viven alegremente expuestos a graves trastornos alimentarios, ansiedad, depresión, autolesiones. Y no hablamos de casos aislados, sino de una tendencia epidémica. Las generaciones de hoy se forman en la ignorancia creciente, el rechazo al esfuerzo y la lectura, la inseguridad, la presión estética, el culto al influencer, la sobreexposición emocional y el miedo a no pertenecer. Por eso hay que legislar. Sin histerias ni mentiras. Con determinación, con respeto a la libertad, pero con conciencia de los riesgos. Proteger no es censurar; regular no es reprimir. Las sociedades se definen por lo que deciden proteger. Y los menores no pueden quedar a merced del caos digital.
Ojalá se entienda que cerrar las redes a los niños no es la solución mágica, pero sí un paso necesario. Como lo fue la regulación del trabajo infantil o la escolarización obligatoria. Ojalá este impulso político no se diluya en Bruselas entre matices, eufemismos y presiones de los lobbies.
