Lo advirtió: si Sánchez no actúa para hacer frente a la situación de colapso migratorio a la que se enfrentan las islas, el Gobierno de Canarias recurriría a los tribunales denunciando al ejecutivo estatal. Después, se lo dijo personalmente al propio Sánchez durante su encuentro estival en La Palma. Y ayer, Clavijo remató la advertencia anunciando en declaraciones a la radio, en el contexto del inicio del curso político, que se le acabó la paciencia. Horas después, el portavoz del Gobierno, Alfonso Cabello, flanqueado por el vicepresidente Manuel Domínguez, anunciaba la decisión del Consejo de acudir a la Justicia para reclamar que el Estado responda a la situación crítica que supone no poder atender a los casi 5.300 menores que Canarias mantiene bajo custodia… una decisión cantada, que ayer mismo fue presentada al Pacto Canario por la Emigración, un pacto que es hoy apenas una cáscara vacía: el portavoz parlamentario del PSOE, Chamo Fanquis, había asegurado, antes de materializarse la reacción del Gobierno regional, que el pacto migratorio está roto, acusando al PP de romper la unidad de Canarias en el Congreso al rechazar la reforma de la Ley de Extranjería. Franquis cree que Clavijo también es culpable, por no ser capaz de obligar al PP a cambiar su posición. “Con su estrategia de desgastar al Gobierno de Sánchez, el PP está dañando a Canarias”. Un argumento que esconde una amenaza…
Es obvio que denunciar al Gobierno de la nación supone un antes y un después en la política de paños calientes y buen rollito que Clavijo ha querido presentar desde que llegó a la presidencia como el modo canario de hacer las cosas. Y supongo que la decisión de quebrar las relaciones con Sánchez es fruto del aburrimiento y la impotencia. Clavijo intentó por todos los medios posibles que el PSOE y el PP se comprometieran a alcanzar un acuerdo para modificar la Ley de Extranjería, de tal forma que se garantice el reparto de menores inmigrantes entre las regiones españolas, porque no es de recibo que sea Canarias quien soporte un esfuerzo insostenible.
El PP puso algunas condiciones para apoyar la ley, por ejemplo, la declaración de emergencia y la garantía de financiación nacional. El PSOE se negó en redondo siquiera a discutir esas propuestas, aplicando su conocida política de las lentejas: si quieres las tomas, y si no, las dejas. Un curioso sistema parlamentario este de ahora, en el que se pide al adversario el apoyo a una ley propia, sin permitir siquiera al que debe apoyarla incorporar la más mínima enmienda. El PP acabó bloqueando la toma en consideración del debate de la Ley, facilitando al Gobierno la salida que quería: la culpa de que Canarias y Ceuta sigan soportando sin apoyo alguno un esfuerzo que en buena lógica corresponde a todo el Estado, es del PP, ese partido facha y racista que se niega a todo.
A partir de ahí, en el mismo límite del verano, Sánchez volvió a lo suyo, que es la propaganda: Dedicó hora y media de sus vacaciones a reunirse con Clavijo y anunciar que el Estado financiará el esfuerzo extraordinario de las islas, con 50 millones de euros. Es la declaración más cínica que podía esperarse: esos 50 millones son los mismos que el Estado aportó en 2022 y 2023, cuando las necesidades de financiación eran muy inferiores. No se ha mejorado en absoluto la financiación, se ha anunciado –en agosto- que se mantiene la misma financiación que había en los dos años anteriores, como si la situación fuera la misma. Lo cierto es que Canarias se gasta ahora en total cerca de 300 millones en atender a los menores inmigrantes, en sostener un sistema al borde mismo del colapso, en intentar tratar con humanidad y respeto a una creciente masa de pibes a los que cada día resulta más difícil encontrar un acomodo razonable.
Y después de los 50 millones, que además Canarias no sabe gastar bien, según asegura el ministro bocachancla, Sánchez obsequió al respetable con un paseíllo por el África cercana, con la tardía visita a tres de los países emisores –Mauritania, Senegal y Gambia- para anunciar un día una cosa –visados legales para 250.000 trabajadores para combatir la inmigración ilegal- y al día siguiente (¿o fue al revés?) justo la política contraria: restricción, cierre de fronteras y expulsiones en caliente.
Es chocante que la inmigración se haya convertido ya –también en la España continental- en el cuarto problema que más preocupa a los ciudadanos. Es sorprendente que ahora se acuse a los adversarios de racistas, mientras se defienden públicamente las mismas posiciones que antes defendían los adversarios. Del Aquarius para acá ha llovido mucho. Pero en Canarias hay casi 5.300 jóvenes migrantes con pocas posibilidades de integración. Y -si se cumplen los pronósticos más siniestros- antes de final de año pueden ser el doble.
