El presidente Clavijo, y viceMontero, se han dado una semana más de plazo para concretar un acuerdo –éste sí definitivo- sobre el reparto extraordinario de los 4.000 menores migrantes no acompañados que colapsan los recursos asistenciales de las islas. El Gobierno central se ha comprometido a completar en esta semana los trámites necesarios para redactar una propuesta legal que garantice la financiación de la acogida y establezca también el reparto concreto de menores que cada territorio deberá asumir. En el encuentro, celebrado con retraso porque la señora Montero estaba indispuesta la última vez que tocaba reunirse, participó también el ubicuo ministro Torres, condimento de todas las salsas sanchistas. En realidad, lo único concreto acordado en la reunión de ayer es que, una vez el Gobierno defina su propuesta, se iniciarán las negociaciones con los grupos parlamentarios –previsiblemente a finales de este mes- para iniciar la reforma legal. El Gobierno de España no adelantó aspectos específicos ni sobre la fórmula de financiación, ni sobre el mecanismo legal que se prevé utilizar, ni sobre el número de menores asignado a cada región. Aún así, al acabar, Clavijo y Torres calificaron el encuentro como “muy fructífero”. Un día antes a Clavijo se le había calentado el pico como nunca antes durante este largo proceso de inútil negociación, y había dicho que el Gobierno estaba retrasando intencionadamente la solución del problema.
Ayer, el presidente canario destacó la voluntad de abordar la situación de emergencia, que lleva demasiado tiempo prolongándose y que Clavijo califica ya de insostenible. Torres resaltó de nuevo la disposición del Gobierno Sánchez para lograr los acuerdos que resulten necesarios y la intensidad del trabajo que se ha llevado a cabo para alcanzar un acuerdo definitivo en el plazo establecido. Se trata de una declaración fantasiosa, en tanto que no se ha logrado aún ningún acuerdo definitivo, ni se conoce cual es el plazo establecido para cumplir ese acuerdo definitivo. Lo único que se sabe es que -aunque las regiones asumen la competencia de atender a los menores-, carecen de recursos para poder hacer frente a situaciones extraordinarias como la que se está viviendo, por lo que el Estado debe asumir la financiación. El dinero que el Gobierno regional estima debe dedicarse a atender a cada menor oscila entre 90 y 145 euros por menor y día, lo que supone un gasto anual de unos 180 millones de euros. Ese es el primer asunto que hay que resolver, y el segundo, como se va a producir la distribución por comunidades, basada en criterios de población, PIB, tasa de desempleo y esfuerzo de acogida. Y ya de paso, saber si Cataluña quedara fuera del reparto porque los criterios adoptados la dejan fuera, o porque el Gobierno Sánchez ha negociado con los indepes que la asunción catalana de las competencias en inmigración permite a Generalitat hacer lo que se le antoje. O sea, que estamos como hace un año, pero encima Cataluña ha sido librada de jugar este partido.
En el vasto escenario de la política española, hay temas que parecen condenados a una eterna repetición. Uno de ellos es, sin duda, este de los menores migrantes no acompañados. Cada cierto tiempo, como si de una obra de teatro se tratase, los protagonistas se reúnen, intercambian promesas y fijan nuevos plazos. Y el ciclo se repite, con las islas instaladas en una espera interminable, que se prolonga desde el año 2023, cuando desde Canarias se comenzó a alzar la voz sobre la imposibilidad de atender la creciente llegada de menores, tirando sólo de recursos locales. Las reuniones con el Gobierno central se han sucedido desde entonces, y la promesa de soluciones inmediatas ha sido siempre la tónica dominante. Sin embargo, el tiempo pasa y las soluciones no llegan. En marzo de 2024, se anunció a bombo y platillo que se estaba ‘ultimando’ la reforma legislativa para facilitar el reparto de menores entre las comunidades autónomas. Se habló de modificar el artículo 35 de la Ley de Extranjería y de establecer criterios claros para la distribución. Pero, al parecer, el diccionario político usa la acepción hispanoamericana de ‘ultimar’: la reforma legislativa fue ultimada, sucumbió en una balasera de argumentos falsarios. Un año después, seguimos esperando que la reforma se inicie.
La idea de que las regiones compartan la responsabilidad de acoger a los menores suena bien, pero en la práctica, la solidaridad se ha mostrado más esquiva que un gato en un fiestón canino. Las cifras de acogida manejadas han sido motivo de desacuerdo e inacción, y Cataluña se ha convertido en la excepción a cualquier regla.
Mientras Canarias espera, la Generalitat ha logrado lo imposible: asumir competencias plenas en materia de inmigración, gracias a un acuerdo entre el PSOE y Junts, que permitirá gestionar la expulsión de migrantes y los permisos de residencia, en función –nos dice Puigdemont- de si hablan catalán o no.
¿Una semana más de paciencia? Vale. Pero no se hagan ilusiones.
