La contundencia es una virtud política que suele ejercerse hacia abajo. Cuanto más lejos queda el responsable del Consejo de Ministros, más sencillo resulta ser contundente con él. Por eso, cuando Sánchez promete que se esclarecerán las negligencias y se actuará con contundencia tras el desastre ferroviario, conviene preguntarse hasta qué piso del edificio está dispuesto a subir. Porque despedir a un trabajador de un centro de control por haber cometido un error es fácil. Resolver la responsabilidad política de lo sucedido es otra cosa.
Hay una confusión interesada entre culpabilidad penal y responsabilidad política que está convirtiéndose en una de las grandes coartadas de nuestra vida pública. La primera corresponde establecerla a los tribunales, con pruebas, garantías y atribución individual de conductas. La segunda se exige a quienes gobiernan y administran servicios cuya seguridad depende de decisiones, inversiones, procedimientos y controles. Para pedir la dimisión de un ministro no hace falta acusarlo de haber cometido un delito. Basta con considerar que su gestión ha fracasado o que ya no ofrece la confianza necesaria para seguir al frente.
El ministro de los tuits no conduce los trenes, ni maneja los cambios de vía, ni autoriza cada movimiento. Nadie sensato le atribuiría esas funciones. Pero dirige el departamento responsable de la política ferroviaria y tiene que responder por el funcionamiento del sistema. Si para exigirle responsabilidades hubiera que demostrar que estaba sentado ante una pantalla dando una instrucción equivocada, habríamos inventado la irresponsabilidad ministerial absoluta. Bastaría con delegar todas las tareas para quedar exonerado de todas sus consecuencias.
La hipótesis del error humano quizá sea cierta. Un trabajador puede equivocarse, incumplir un protocolo o adoptar una decisión desastrosa. Habrá que averiguarlo. Pero precisamente porque los seres humanos se equivocan existen los sistemas de seguridad. Su función consiste en impedir que una equivocación aislada se convierta en una catástrofe. Cuando las barreras sucesivas dejan de proteger, la investigación tiene que recorrer toda la cadena, por peligroso que resulte para quienes ocupan sus eslabones superiores.
Si se confirma la secuencia que está trascendiendo -la caída del sistema primario LZB, el bloqueo del reinicio del Iryo y la posterior invalidación del ASFA-, estaremos ante algo que exige una explicación mucho más amplia que la conducta del último trabajador que intervino. Habrá que esclarecer qué ocurrió con cada protección, qué procedimientos se activaron y por qué se permitió continuar una operación en esas condiciones. También si las decisiones adoptadas eran excepcionales o formaban parte de una manera habitual de gestionar las incidencias.
Puede haber causas técnicas, problemas de compatibilidad, defectos de procedimiento o decisiones operativas equivocadas. Precisamente por eso resulta prematuro señalar a un empleado como explicación suficiente. Si todavía ignoramos las causas, las ignoramos para todos. La prudencia no puede convertirse en un privilegio reservado al ministro mientras las sospechas descienden con toda libertad hasta la mesa del trabajador.
Lo que sí permite plantear esa acumulación de incidencias es una duda política: si el sistema estaba preparado para responder con seguridad cuando dejaba de funcionar en condiciones normales. La calidad de una organización se mide también por su capacidad para gestionar lo excepcional. Un ferrocarril seguro tiene que prever averías, interrupciones y errores humanos. La seguridad no puede depender de que todo funcione siempre y de que nadie se equivoque nunca.
Sánchez ha dicho que no es asumible que se produzcan dos accidentes gravísimos en menos de un año. La expresión obliga a algo más: si un resultado no es asumible, habrá que explicar quién responde por él. Porque, si después de declararlo inaceptable se mantiene intacta la dirección política y se espera a encontrar una responsabilidad entre el personal operativo, lo sucedido habrá sido perfectamente asumible para el Gobierno. Lo que no se habrá asumido es ninguna consecuencia.
Después de dos desastres, la exigencia de una dimisión no necesita apoyarse en una sentencia anticipada. Se apoya en la pérdida de confianza, en la obligación de rendir cuentas y en la necesidad de que la revisión del sistema tenga una credibilidad que su actual dirección difícilmente puede proporcionar. El ministro Puente debe dimitir. Las explicaciones que ha dado para no hacerlo apestan. Nos hablan de su catadura moral. Su salida no reparará el daño ni sustituirá la investigación, pero establecerá que dirigir un servicio público esencial comporta algo más que defender sus resultados cuando convienen. Si finalmente un trabajador incumplió sus obligaciones, también tendrá que responder en el ámbito que corresponda. Pero su eventual culpabilidad no puede servir de salvoconducto a toda la organización. La contundencia que promete Sánchez tendrá algún valor cuando alcance también a quienes nombró y sostiene. Para fulminar al último de la cadena no hace falta una gran determinación política. Basta, sencillamente, que el último no tenga a nadie más debajo.
