Tender puentes

por | 19 noviembre, 2026 | A babor

Zapatero y Sánchez, en un acto de la Internacional Socialista.

La publicación de un manifiesto suscrito por 150 intelectuales, académicos y antiguos dirigentes de partidos tan distintos como el PSOE, el PP, Ciudadanos, UPyD o el catalanismo moderado ha sorprendido en una campaña extraordinariamente polarizada. No porque sus firmantes hayan descubierto alguna verdad revelada, o porque sus opiniones merezcan mayor consideración que las de cualquier otro ciudadano, sino porque proponen algo extraordinario en la España de nuestros días: ponerse de acuerdo para defender nuestra convivencia democrática. La Constitución, la separación de poderes, la independencia judicial, el respeto a las instituciones, la responsabilidad de los gobernantes y la legitimidad de los otros, de quienes piensan de manera diferente a nosotros. No parece algo particularmente revolucionario, apenas los principios sobre los que se levantó nuestra democracia.

El manifiesto nace en Cataluña, precisamente donde la política de bloques, la confrontación identitaria y la exclusión del discrepante provocaron una de las fracturas más profundas de nuestra historia reciente. No es casual que personas que han vivido durante años bajo la presión del independentismo sean ahora quienes reclamen una nueva cultura de concordia. Entre los firmantes del manifiesto hay antiguos socialistas como José Luis Corcuera o Juan José Laborda, liberales como Francesc de Carreras, intelectuales como Fernando Savater, Félix Ovejero o Andrés Trapiello, y políticos procedentes de tradiciones ideológicas muy diferentes. No han dejado de pensar de manera distinta. No han renunciado a sus convicciones. Simplemente asumen que ninguna de esas convicciones tiene sentido si desaparece el espacio compartido en el que puedan defenderse. Esa debería ser la principal función del debate público: construir puentes, no cavar trincheras. Gobernar no puede consistir en mantener permanentemente movilizada a la mitad del país contra la otra mitad, sino en encontrar soluciones que puedan ser aceptadas por mayorías amplias.

Es justamente lo contrario de lo que hemos vivido durante las dos últimas legislaturas: la polarización es hoy una herramienta de gobierno. La división entre buenos y malos, zurdos y fachas, demócratas y enemigos de la democracia, ha servido para justificar alianzas, descalificar discrepancias y convertir cualquier crítica al Ejecutivo en una agresión propia de traidores, indocumentados o mafiosos. La campaña electoral es una nueva vuelta de tuerca en la confrontación permanente. El PSOE parece haber decidido que su principal oportunidad de supervivencia consiste en ocupar todo el espacio de la izquierda, desplazándose hacia posiciones más extremas para canibalizar el voto de Sumar y Podemos. La confrontación ya no es solamente un recurso retórico: se ha convertido en una estrategia electoral que necesita exagerar las diferencias, alimentar los temores y presentar la alternancia como una amenaza casi existencial.

Resulta obscena esa utilización sistemática del miedo: la alternancia no es una anomalía que deba evitarse a cualquier precio, es una de las condiciones esenciales de la democracia. Los gobiernos no son propietarios del poder. Y ninguna victoria electoral concede patente de corso para apropiarse de las instituciones o negar la condición democrática de quienes quieren sustituir al Gobierno. Por supuesto, la responsabilidad de la crispación no pertenece solo a un partido. La oposición contribuye a degradar el lenguaje político y convierte el Parlamento en un escenario de descalificaciones. Pero resulta especialmente grave que sea el propio Gobierno quien haga de la división su estrategia de permanencia.

Gobernar implica una responsabilidad institucional que va mucho más allá de ganar elecciones, y por eso merece ser celebrado este manifiesto. No tanto por su diagnóstico de la legislatura, que cada ciudadano podrá compartir o no, como por su reivindicación de una cultura política que hemos perdido. La Transición no fue posible porque desaparecieran las diferencias, sino porque personas con biografías, convicciones y hasta enemistades irreconciliables comprendieron que había algo más importante que imponer sus verdades: construir un país en el que todos pudiéramos vivir. No se trata de idealizar aquella época o ignorar sus errores. Se trata de recordar que el consenso no es debilidad, sino inteligencia política. Negociar no equivale a rendirse y respetar al adversario no es ceder ante sus ideas. El verdadero liderazgo consiste en ser capaz de convencer a los tuyos de que hay que entenderse con los otros.

España necesita recuperar esa ambición. Necesita una política capaz de discutir sobre vivienda, educación, sanidad, productividad, inmigración o financiación territorial sin convertir cada discrepancia en una batalla moral. Necesita un gobierno que gobierne para todos y una oposición que aspire a sustituirlo sin considerar ilegítimo todo lo que hicieron sus predecesores.

Los firmantes del manifiesto no ofrecen una solución milagrosa. Ofrecen la voluntad de encontrarnos. En un país donde tantos se dedican a levantar muros, que 150 ciudadanos de procedencias tan distintas hayan decidido tender un puente, merece -por lo menos- un aplauso.