La consejera de Hacienda y el portavoz del Gobierno acuden a la rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno que aprobó definitivamente el proyecto de cuentas de 2027.
Los presupuestos permiten encontrar siempre alguna cifra de la que presumir. Si aumenta el gasto, son expansivos. Si se contiene, son responsables. Si crece una consejería, demuestra el compromiso del Gobierno con un sector; si mengua, es que se ha logrado atender al contexto. Conviene por eso leer los presupuestos más allá de su mera presentación: por ejemplo, las cuentas canarias para 2027 plantean una cuestión que merece más atención que el habitual intercambio de felicitaciones y reproches, que es cómo sostener los servicios públicos -y mantener la inversión- cuando se retira el dinero extraordinario que ha contribuido a financiarla.
El Gobierno presenta un presupuesto de 13.209 millones de euros, un 5,7 por ciento más que el anterior. Es una cantidad considerable, fruto de un aumento sustancial de la recaudación fiscal, que permite reforzar políticas esenciales. La sanidad, la educación, la atención social y la vivienda necesitan recursos. Cuadrar un presupuesto es bastante más complicado que explicarlo en una rueda de prensa. Pero el crecimiento global cuenta sólo una parte de la historia. Importa saber qué aumenta, qué disminuye y qué margen queda para actuar. La Administración puede gastar más y disponer de menos capacidad para emprender proyectos. Puede recaudar más y tener casi todo ese incremento comprometido antes de empezar el ejercicio. Y puede mejorar la financiación de sus servicios sin conseguir que el ciudadano perciba una mejora equivalente. Entre una consignación presupuestaria y una consulta médica, una plaza de dependencia o una vivienda entregada hay un recorrido que no siempre se materializa. La documentación del proyecto ofrece pistas. En la comparación consolidada con el presupuesto inicial ajustado de 2026, el gasto de personal aumenta casi 500 millones de euros, cerca de un diez por ciento. Las inversiones reales disminuyen cerca de cien millones y las transferencias de capital caen 353,7 millones. Son movimientos importantes que merecen una explicación. Tras esas partidas están las nóminas, los equipamientos, las obras y las ayudas con las que se sostiene buena parte de la actividad pública.
El aumento del gasto en personal responde a necesidades tasadas y teóricamente justificadas. Los servicios públicos precisan profesionales, las plantillas envejecen (y cobran más), hay obligaciones y actualizaciones salariales y existen carencias que afrontar. Lo razonable sería explicar cuánto del incremento sirve para pagar compromisos anteriores, cuánto permite incorporar trabajadores y qué mejoras concretas se esperan. Las cifras adquieren sentido cuando pueden relacionarse con un resultado.
En la inversión pesa la finalización de los fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia. Eran recursos extraordinarios, con un calendario conocido, y su retirada condiciona la comparación entre ejercicios. Sería falso atribuir toda la caída a la voluntad del Gobierno de invertir menos. Pero tampoco se explica la caída mencionando el final de esos fondos: se conocía su duración, cabía preparar las actuaciones que tendrían continuidad, cuáles concluirían y qué necesidades habría que atender después con recursos propios. Y ahí está el debate: Europa ha proporcionado una oportunidad excepcional para acometer transformaciones y financiar proyectos. Ahora toca ver qué se ha conseguido con ese dinero y qué capacidad conservamos para seguir. Los edificios nuevos necesitan mantenimiento, los equipos requieren renovación y los servicios que se ponen en marcha generan obligaciones futuras. La temporalidad de la financiación no convierte en temporal las necesidades de la población. La vivienda sigue haciendo falta cuando se termina el programa que ayudó a construirla.
Canarias tiene dificultades que exigen constancia presupuestaria: el acceso a la vivienda, la dependencia, las infraestructuras hidráulicas, la energía o la modernización de los servicios públicos. Sus plazos desbordan los de una convocatoria europea, incluso los de una legislatura. Si la inversión acaba absorbiendo los ajustes necesarios para sostener el funcionamiento ordinario de la Administración, estaremos resolviendo las obligaciones inmediatas a costa de aplazar otras que regresarán siendo más caras y urgentes. Esa posibilidad merece discutirse ahora.
El Parlamento debería aprovechar la tramitación para exigir una explicación de la evolución de la inversión y de los compromisos que podrán mantenerse durante los próximos años. Y la oposición haría un buen servicio si acompañase sus demandas de gasto con propuestas sobre cómo financiarlas. Pedir que todo aumente resulta sencillo mientras no haga falta sumar. Este presupuesto de 2027 nos permite comprobar cómo afronta Canarias el final de una etapa excepcional.
La pregunta es cuánto de lo que se ha hecho estos años podrá sostenerse y qué proyectos seguirán adelante. Gobernar exige pagar las facturas del presente y reservar capacidad para las necesidades que vienen. Los fondos extraordinarios terminan en algún momento. Ahora es el momento de asumir la responsabilidad de preparar lo que vendrá después.
