Astrid Pérez, presidenta del Parlamento de Canarias, destituida el lunes como líder del PP de Lanzarote.
Astrid Pérez ha descubierto, después de dieciocho años al frente del PP de Lanzarote, que el partido está por encima de las personas. Lo ha dicho ella misma, con esa solemnidad resignada que se emplea cuando no queda más remedio que aceptar una decisión tomada por otros. La frase tiene, en su caso, un matiz especialmente cruel: el partido está tan por encima de las personas que puede prescindir de quien lo dirigió en Lanzarote durante casi dos décadas, disolver su ejecutiva y colocar una gestora sin necesidad de explicar demasiado por qué.
La dirección regional del PP ha decidido intervenir la organización lanzaroteña y apartar a su presidenta. No se trata de una discrepancia menor ni de un relevo pactado. Es –lisa y llanamente- una defenestración. Pérez no ha podido despedirse en un congreso, presentar balance ni entregar el mando a un sucesor elegido con su consentimiento. Manuel Domínguez ha optado por liquidar la ejecutiva y entregar el partido a una comisión transitoria que se ocupará de reorganizarlo y de preparar las candidaturas para las elecciones.
La crisis viene de lejos. Comenzó después de las elecciones de 2023, cuando Pérez abandonó la Alcaldía de Arrecife para presidir el Parlamento de Canarias. El traslado a Tenerife dejó espacio para el crecimiento de otros dirigentes, particularmente Yonathan de León, que la sustituyó como alcalde, y Jacobo Medina, que llegó a ocupar la Vicepresidencia del Cabildo. Los relevos generacionales suelen ser presentados como una muestra de vitalidad hasta que quienes deben ser relevados descubren que los jóvenes tienen la incómoda costumbre de querer mandar.
Las relaciones entre Astrid y sus antiguos colaboradores se deterioraron rápidamente. Jacobo Medina perdió primero la vicepresidencia del Cabildo y después la secretaría general del partido. Pérez colocó en su lugar a María Jesús Tovar, una dirigente de su confianza, mientras aumentaba la contestación contra ella en las organizaciones locales. Lo que durante un tiempo pudo presentarse como una suma de desavenencias personales terminó convirtiéndose en una rebelión interna.
Tampoco ayudaron sus relaciones con el grupo parlamentario popular ni con los restantes integrantes de la Mesa de la Cámara. Astrid ha cultivado la costumbre de acumular adversarios en Lanzarote, en el Parlamento y en la dirección regional de su partido. Puede que no todo el PP se hartara de ella, pero molestó a la gente suficiente para que Manuel Domínguez pudiera apartarla con el respaldo de la dirección nacional.
El nombre elegido para sustituirla era José Valle, presidente de la Cámara de Comercio de Lanzarote y La Graciosa, un empresario con buena consideración social y relaciones fluidas con distintas fuerzas políticas. Astrid aceptó inicialmente su incorporación, pero puso condiciones: Valle tenía que hacerse cargo primero de una gestora, limpiar los establos y asumir el coste de enfrentarse a una purga de familias del partido. Si sobrevivía, podría aspirar luego a la presidencia. Valle no aceptó pasar ese viacrucis. Prefería entrar por la puerta principal y no por la sala de máquinas. La filtración –probablemente envenenada- de su posible candidatura provocó nuevas protestas y obligó a suspender el congreso insular a celebrar en noviembre. Sin candidato de consenso y con la guerra declarada, Domínguez decidió intervenir el partido. Una gestora controlada por la dirección regional decidirá ahora quién manda y, algo todavía más importante, a quién se coloca en las listas.
Astrid amagó con liarla, irse al grupo mixto y montar un quilombo de cuidado. Pero al final recibió la llamada de Madrid y ha respondido con disciplina. Ha recordado sus dieciocho años de trabajo, ha agradecido el apoyo de los militantes y ha proclamado que las siglas están por encima de las personas. No parece, al menos por ahora, que vaya a marcharse a Vox ni a causar una ruptura que comprometa al Gobierno. Dicen que el PP le reservara una salida al Senado. El infierno está empedrado de promesas políticas incumplidas. Pero Astrid sabrá.
La crisis de Astrid contiene una magnífica paradoja: el PP puede quitarle a Astrid la dirección insular, la ejecutiva, el control de las candidaturas y cualquier posibilidad de seguir mandando en Lanzarote. Lo que no puede es quitarle la Presidencia del Parlamento de Canarias. El reglamento de la cámara no contempla que su presidenta pueda ser destituida porque abandone el partido o porque se deje de confiar en ella. Solo perdería el cargo si renuncia, deja de ser diputada o termina la legislatura. Incluso convertida en diputada no adscrita, podría continuar presidiendo el Parlamento contra la voluntad del PP y de Coalición.
Astrid ha perdido su cargo del partido, pero conserva el institucional. Puede que por eso haya decidido recordar que el partido está por encima de las personas. El partido, ciertamente, puede aplastar a una persona. Lo que no siempre puede es levantarla del sillón.
