El ministro Bolaños y Sofia Puente, responsable de la ‘interpretación’ de la Ley de Nietos, el jueves, en la inauguración del año Judicial.
Vivimos en un país donde cualquier resolución judicial debe abrirse paso a bofetadas entre dos sindicatos de propagandistas. Unos anuncian que la ultraderecha ha conseguido privar del voto a millones de descendientes del exilio, los otros que la Justicia ha detenido el mayor fraude electoral de la historia. Ninguna de las dos cosas es cierta.
Lo cierto es que el Supremo no ha retirado la nacionalidad española a nadie, ni ha derogado la ley de Nietos. Lo que ha hecho es paralizar cautelarmente los efectos electorales de quienes obtuvieron la nacionalidad española al amparo de la Ley de Memoria Democrática sin que conste debidamente acreditado que son descendientes de españoles exiliados por las causas previstas en la propia norma. Quedan fuera de la suspensión quienes sí puedan demostrar esa condición. La resolución no cuestiona -por ahora, al menos- las nacionalidades concedidas. Se limita a impedir que algunas inscripciones produzcan efectos electorales mientras el tribunal decide sobre el fondo del asunto. Es una diferencia sustancial: la nacionalidad pertenece al ámbito civil; la incorporación al censo permite intervenir en la formación de la voluntad política del Estado. Suspender provisionalmente el derecho a votar no equivale a revocar la nacionalidad.
El problema se creó por con la distancia existente entre la ley aprobada en las Cortes y la interpretación expansiva aplicada posteriormente por el Gobierno. La norma abrió el acceso a la nacionalidad a los descendientes de españoles exiliados por razones políticas, religiosas o relacionadas con su orientación o identidad sexual. Pero una instrucción posterior permitió presumir la condición de exiliado a partir de la fecha en que se produjo la salida de España. De ese modo, los descendientes de emigrantes meramente económicos pudieron acogerse a una ley concebida como reparación histórica.
El exilio no es lo mismo que la emigración. Quien huye de una persecución política no se encuentra en la misma situación que quien emigra para mejorar sus condiciones de vida. España fue durante décadas un país pobre, exportador de trabajadores. Eso explica la existencia de millones de nietos de españoles en América y Europa, pero no convierte retrospectivamente a todos sus antepasados en víctimas del franquismo.
El Gobierno utilizó la memoria democrática como puerta de entrada, pero terminó estableciendo un procedimiento muy laxo para la concesión de la nacionalidad. Es legítimo defender que esa laxitud es conveniente, beneficiosa o incluso justa. Lo que no es legítimo es sustituir el debate parlamentario por una modificación fruto de instrucciones ejecutivas el alcance práctico de la ley. Las leyes se amplían en las Cortes, no en el despacho de un ministerio.
La dimensión del procedimiento exige especial prudencia. Más de 2,4 millones de personas llegaron a solicitar cita, aunque eso no significa que todas lograran la nacionalidad o vayan a votar. Los expedientes aprobados superan los 544.000 y Vox cifra en algo más de 403.000 el aumento del censo exterior desde 2023. Son magnitudes distintas que se mezclan interesadamente. No hay dos millones y medio de votos suspendidos ni todos los nuevos inscritos lo son por esta ley. Tampoco es previsible de que esos electores vayan a votar mayoritariamente al PSOE. Suponer eso es tratarlos como una clientela agradecida y no como ciudadanos libres. Aún así, para evitar sospechas de manipulación resulta imprescindible que las incorporaciones al censo cumplan con la legalidad de forma escrupulosa.
El derecho al voto es fundamental, pero también lo son las garantías del censo. Si alguien ha adquirido legítimamente la nacionalidad, debe poder ejercer todos los derechos asociados a ella. Si la Administración aplicó una interpretación que desborda la ley, corresponde revisarla. Lo que no resulta aceptable es presentar cualquier control judicial como una agresión a la democracia. La democracia sirve para controlar a los Gobiernos. Y el nuestro se pasa continuamente de rosca.
Por eso su reacción ha vuelto a ser la acostumbrada: desacreditar la resolución, invocar la intencionalidad política de quienes recurrieron la manipulación y pedir al Supremo que resuelva antes de las elecciones de 2027. La urgencia hace pensar que en el PSOE sí creen que los que no podrán votar les votarían a ellos. Resulta irónico: durante años no pareció preocuparles que una instrucción redactada por la hermana del mayor tuitero del reino, el ministro Puente, incorporara centenares de miles de ciudadanos al censo. Ahora descubren que la inseguridad jurídica es mala.
La ley de Nietos nació envuelta en la retórica de la reparación histórica y terminó convertida en una nacionalización masiva. El Supremo no ha dicho aún si es o no compatible con la legalidad, pero ha impedido los hechos consumados. En una democracia seria, el censo no puede construirse sobre presunciones sentimentales. La memoria merece respeto; las elecciones precisan garantías.
