Controles aleatorios de documentación a pasajeros que llegan de Italia en el Aeropuerto del Prat.
Vivimos tiempos de pura escenografía: ni Italia ha cerrado sus fronteras a los españoles ni España ha hecho lo propio con los italianos. Ninguno de los dos gobiernos podría hacerlo sin vulnerar el principal derecho asociado a la ciudadanía europea: la libertad de circulación. Lo que han hecho Meloni y Sánchez es restablecer temporalmente los controles sobre los viajeros procedentes del otro país. La diferencia parece un tecnicismo, pero permite medir la diferencia que existe entre el estruendo político y las consecuencias reales de una decisión inane.
Un español que viaje a Italia puede ser obligado a mostrar el DNI o el pasaporte, esperar en una cola y someterse a comprobación policial. Lo mismo le puede pasar a un italiano que llegue a España. Si su documentación está en regla, seguirá adelante. No necesita visado, no tiene que justificar el motivo de su viaje y no puede ser rechazado ni retenido por ser español o italiano. Si no dispone de documentación, o existen dudas sobre su identidad, puede ser apartado mientras se realizan las comprobaciones oportunas. Es decir, tendrá problemas, pero no habrá perdido su derecho a entrar.
La situación es diferente para los ciudadanos de países ajenos a la Unión. A ellos se les puede comprobar el pasaporte, el visado, el permiso de residencia y la regularidad de su estancia. Este es el objetivo declarado por Italia: detectar entre los pasajeros procedentes de España a personas que pudieran haber entrado irregularmente por Ceuta y desplazarse después hacia territorio italiano. España ha respondido aplicando controles equivalentes a quienes llegan desde Italia, utilizando como justificación la presión migratoria de la ruta del Mediterráneo central.
Basta mirar un mapa para descubrir la endeblez de los argumentos de ambas partes: Italia y España no comparten frontera terrestre. Para viajar desde Ceuta hasta Roma hay que abandonar la ciudad, cruzar el Estrecho, recorrer España y tomar un avión o un barco, trayectos en los que la identidad del pasajero ya queda registrada. Además, Ceuta no forma parte del espacio Schengen y la mayor parte de quienes entraron durante la avalancha fueron devueltos o permanecen localizados. El supuesto peligro que Meloni pretende conjurar resulta, por tanto, difícil de identificar.
La respuesta española tampoco es razonable. Si Madrid considera que los controles italianos carecen de fundamento, parece idiota sostener que la mejor forma de demostrarlo es imponer la misma medida. La reciprocidad sólo tiene un pase como gesto político, pero no convierte una medida estúpida en razonable. Solo duplica las colas, los retrasos y las molestias.
Es cierto que Schengen permite restablecer temporalmente los controles internos ante una amenaza grave para la seguridad o el orden público. Pero exige que sean necesarios, proporcionados y utilizados como último recurso. No basta con invocar genéricamente la inmigración ni con enviar una comunicación a Bruselas. Debe explicarse qué peligro concreto existe, por qué no puede afrontarse mediante controles policiales ordinarios y de qué manera la medida contribuirá a neutralizar la amenaza.
Nada de eso aparece claro en este caso. Italia controla selectivamente a viajeros que llegan de España; y España revisa aleatoriamente entre el cinco y el diez por ciento de quienes llegan desde Italia. Los vuelos continúan, los barcos navegan y los ciudadanos comunitarios siguen cruzando las fronteras. El resultado más visible son pasajeros obligados a llevar la documentación a mano, aeropuertos menos fluidos y policías que se avergüenzan de una escenificación de dudosa utilidad.
Meloni reaccionó precipitadamente a la avalancha de Ceuta, probablemente pensando más en su opinión pública y en la competencia de la extrema derecha italiana que en la seguridad de su país. Resulta desproporcionado que España replique con tanta firmeza por unas molestias aeroportuarias. Pretender presentar el asunto como una cuestión de dignidad produce pudor: muchos habríamos preferido ese arrebato de dignidad con Marruecos, que permitió que 72.000 personas fueran lanzadas contra la frontera de Ceuta en dos días.
Esto es una confrontación esencialmente cosmética. Meloni puede decir que protege Italia y Sánchez que defiende la dignidad de España. Ninguno consigue demasiado, salvo incomodar a ciudadanos de viaje y erosionar un poco más el espacio común europeo. Dos gobiernos representando una disputa fronteriza sin fronteras comunes ni realmente cerradas: puro gesto para consumo interno.
