La mesa de dialogo de Caracas entre chavistas y oposición domesticada.
A un lado de la mesa se sienta el chavismo que Trump decidió conservar después de la caída de Maduro. Al otro, una representación opositora escogida también por Washington. No participan María Corina Machado, principal dirigente del movimiento que derrotó electoralmente al régimen, ni Edmundo González, vencedor de las elecciones presidenciales y, por tanto, presidente electo de Venezuela. Venezuela ha estrenado un diálogo bajo tutela de Estados Unidos.
La mesa se reúne en Caracas, pero su arquitectura fue diseñada en el despacho de Marco Rubio. Estados Unidos eligió a Dinorah Figuera para dirigir la delegación opositora, estableció los límites de la negociación y bendijo el encuentro. Hay que reconocer que la fórmula se supera en cinismo: se decide desde Washington quién puede negociar, sobre qué puede hacerlo y con quién debe sentarse, para anunciar que los venezolanos están resolviendo autónomamente sus problemas y avanzando hacia la democracia.
El comunicado de las partes afirma que el proceso se basa en el respeto a la soberanía nacional, la negociación de buena fe, la igualdad política y el reconocimiento recíproco. La solemnidad de esas palabras contrasta con la miseria argumental de la propuesta. La soberanía consiste en aceptar las condiciones impuestas por el hombre –Donald Trump- que derribó a Maduro, sostuvo después un Gobierno provisional chavista y pretende decidir a quién se entrega finalmente la república.
Es preciso denunciar este delirio. El chavismo arruinó el país, destruyó sus instituciones, persiguió a sus adversarios, encarceló a miles de ciudadanos y falseó unas elecciones que perdió. Resulta incomprensible que quienes vencieron en las urnas hayan sido excluidos de la negociación destinada, supuestamente, a restaurar la democracia. María Corina Machado ni siquiera fue consultada. Edmundo González ha desaparecido del diseño estadounidense pese a encarnar el mandato electoral expresado por los venezolanos. En su lugar comparecen representantes de la Asamblea Nacional elegida en 2015, cuya legitimidad democrática no se discute, pero que no puede sustituir la voluntad manifestada en las últimas elecciones presidenciales.
La operación permite a Trump manejar la transición como si se tratara de una adjudicación: primero decide qué parte del chavismo resulta aprovechable para garantizar condiciones ventajosas en la compra del petróleo, después selecciona una oposición aceptable, menos incómoda y más manejable. Finalmente, ambas delegaciones escenifican una negociación de la que saldrá probablemente un nuevo calendario electoral, alguna renovación institucional, la liberación de parte de los presos políticos y un par de concesiones para presentar el resultado como un proceso de reconciliación nacional entre chavistas domesticados por Trump y demócratas a la orden de USA.
Quizá este procedimiento tutelado traiga estabilidad a Venezuela, y evite más violencia y sufrimiento. Pero conviene no confundir utilidad con legitimidad e imposición con democracia. Si el voto de los venezolanos puede ser sustituido por la solución que Washington crea conveniente, las elecciones dejan de ser ña fuente del poder y se convierten en algo que la potencia administradora puede aceptar. Es volver al ‘gran garrote’.
Pero lo más alarmante no es que Trump y su corte sigan administrando el mundo como si fuera una empresa de su propiedad. Eso es lo que vienen haciendo con resultados poco recomendables, y ahí está la crisis del Golfo como prueba del algodón, o la cadena de disparates y crímenes encadenados en los últimos meses en política internacional o emigración. Lo que más llamativo resulta es el silencio internacional. Los Gobiernos que durante años reconocieron a la oposición venezolana contemplan ahora sin objeciones cómo Estados Unidos decide quién la representa. Las instituciones que invocaron el derecho internacional frente a Maduro aceptan que la fuerza vuelva a ordenar la política venezolana. Nadie parece dispuesto a incomodar a Trump recordándole que la democracia consiste en respetar el resultado electoral, no en fabricar los interlocutores más convenientes para él.
Vivimos un tiempo atroz en la que las normas valen cada vez menos y el poder vale cada vez más. El derecho internacional se aplica contra los enemigos y se interpreta generosamente cuando estorba a los aliados. La soberanía se proclama vacía de contenido. Y la voluntad popular merece respeto solo si produce el resultado que las potencias quieren.
Venezuela necesitaba librarse del chavismo y recuperar sus instituciones, no cambiar una tutela autoritaria por otra tutela autoritaria y además extranjera. Trump no está devolviendo el país a sus ciudadanos: está imponiendo qué venezolanos van a recibirlo en qué condiciones. Y el resto del mundo asiste en cobarde silencio a ese reparto.
