A mí que no me cuenten más milongas. Estoy harto de discursos en politiqués que marean la perdiz y no significan absolutamente nada. Lo único cierto de todo este debate falsamente conciliador de ahora es que Cataluña contribuye hoy al sistema de financiación con casi 28.000 millones de euros. Con más de ocho millones de ciudadanos, con ingresos más altos que la media nacional, la aportación de Cataluña a la caja común es absolutamente imprescindible para las regiones más pobres. Si la pasta se queda en Cataluña como resultado del acuerdo suscrito entre Esquerra y el PSOE para que los catalanes no paguen impuestos al Estado, en Canarias y otras regiones pobres, vamos a pasarlo mal no, lo siguiente. Los cálculos sobre el impacto que la salida de Cataluña del sistema de caja común provocaría en Canarias, cifran en tres mil millones la afectación al presupuesto de nuestra región. ¿Puede Canarias sostener con recursos propios un taponazo de esa envergadura? No. Ni puede Canarias, ni puede la mayoría del resto de España. Illa puede sacarse de debajo de las legañas fantasías como la cuota de solidaridad y otras zarandajas, pero si su intención es –y lo es- retirar 28 megakilos de la caja común, que nos venda solidaridad es una tomadura de pelo.
Ayer el presidente seny inauguró su gira por el extrarradio catalán intentando convencer a los canarios que sacar 28.000 millones del reparto no es un problema. Desde luego, no lo será para él que podrá gastarse los cuartos en más ridiculeces nacionalistas, más embajadas y más programas infumables de TV3, pero no para Canarias, Andalucía o Extremadura, que tendrán que despedir médicos y profesores para que la gente más rica e insolidaria de España empedre sus calles con privilegios de oro macizo sobre la ruina del resto de los españoles. ¿Pero qué clase de progresismo de baratillo es ese? Uno no entiende como pretenden hacernos creer que es posible cuadrar el círculo de la financiación si Cataluña sale del sistema.
Fernando Clavijo se pasó ayer una hora entera escuchando amablemente las explicaciones del molt honorable president, y abandono la reunión declarando salomónicamente que es posible para Canarias mantener la defensa de sus necesidades e intereses en el modelo que defiende Illa. Es otra muestra más del ‘modo canario’ de hacer política que tan buenos resultados nos está dando esta legislatura en la que no le hemos logrado cobrar ni una –ni una- al Gobierno Sánchez, mientras seguimos hablando como si nos fuera en ello la vida, de una agenda canaria absolutamente vacía de resultados. Clavijo puede decir Misa en arameo: puede decir que si de lo que se trata es de ampliar las competencias y desarrollo del Estatuto Catalán, eso es “plenamente compatible” con los intereses de Canarias, porque hacerlo está contemplado en la Constitución. Es muy educado salir con una reflexión tan jesuítica. Pero tan inútil a los efectos de lo que se trata como decir que si de lo que se quiere es regar el jardín, lo mejor es una manguera extensible. Lo que Illa pretende no es mejorar el Estatuto. Lo que quiere es no volver a soltar un solo euro recaudado en Cataluña, y Clavijo deberías saber eso perfectamente. Lo que Illa pretende es que Cataluña se incorpore al sistema del País Vasco y Navarra, contemplados en la Constitución como privilegios forales.
No quiero ponerme muy jacobino, pero el hecho de que la Constitución acepte la continuidad de privilegios insolidarios de inspiración casi medieval, en dos de las regiones más ricas de España- no es para aplaudir. Es, de hecho, uno de los mayores defectos formales de una Constitución que logró superar los códigos del franquismo, pero no los de la Historia. Había que tenerlos cuadrados en el 78 para atreverse a quitarle los fueros a Navarra. Y devolvérselos al País Vasco –el franquismo sólo los toleró en Álava- fue una compensación a las otras dos provincias vascas, castigadas sin fueros por Franco, por traidoras. El cupo vasco fue una decisión constitucional justificada en la Historia, pero motivada realmente para apaciguar las ínfulas nacionalistas de un territorio gobernado entonces por el PSOE –era el partido mayoritario en el País Vasco- pero con una derecha nacionalista que coqueteaba con el terrorismo. En 2002, cuando se confirmó definitivamente un sistema que sólo se había establecido por veinte años, porque ya no había marcha atrás. Ahora el País Vasco y Navarra son territorios con una fiscalidad confederal, anclados en una nación que presta servicios en sus territorios, recibiendo a cambio el Estado una ridícula propinilla a la que llamamos cupo.
En fin, que Illa no quiere profundizar la Constitución. Eso es un cuento. Quiere lo mismo que lograron los hoy ricos vascos y navarros: dejarnos en cueros, eso sí, con buenos modales y mucha educación. Y ha venido aquí primero, a que le riamos las gracias.
