No sé cuánto tardará Ángel Víctor Torres en decidirse a dar una explicación creíble sobre las informaciones que se están publicando estos días. A estas alturas, con su nombre repetido en todos los periódicos de este país –incluyendo los que siempre han defendido acríticamente al Gobierno de Pedro Sánchez- es bastante absurdo creer que otra declaración general sobre la máquina del fango es suficiente. Con eso no se puede tapar el hecho de que el nombre del que fuera presidente del Gobierno de Canarias –hoy ministro de Sánchez- aparezca en varias grabaciones del informe de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, que revelan familiaridades evidentes con Koldo García y gestiones ante el entonces ministro Illa para aumentar las compras de PCRs a las empresas de Aldama, en las que Canarias ganó la liga nacional, gastándose hasta un total de 17,7 millones. Muy por encima de lo que gastó Baleares o alguno de los ministerios.
Y luego están las barbaridades que han publicado los medios desafectos, que exigen de Torres una de tres: o su dimisión, o una explicación convincente, o una denuncia ante los tribunales por difamación. No es tolerable que Torres siga sin acudir a los tribunales cuando se le acusa directamente de haber trabajado para la trama corrupta, reuniéndose primero en su despacho oficial con el ejemplo para la militancia Koldo García y con Ignacio Díaz Tapia –el cuarto mosquetero de la trama del falso marqués de Aldama, investigado junto con Javier Serrano, César Moreno y el propio Aldama- y después en un piso privado de Madrid nuevamente con Koldo García, con el gomina Aldama y con su socio Claudio Rivas. Si lo que se ha publicado no es falso, a Torres le resultaría muy difícil hilvanar una justificación plausible para haber mantenido ese encuentro secreto con un tipo que ya está en chirona porque el juez considera que es el responsable de una trama corrupta que ha levantado 70 millones de euros de este país y se los ha llevado a Venezuela.
La acusación de mediar para que el ministerio de Sanidad autorizase el proyecto de control de viajeros, y la aplicación del protocolo inventado por los laboratorios Megalab para vender PCRs, choca no sólo con la idea defendida por Torres de que él nunca dio instrucciones en Canarias para que se contratara a una empresa determinada. Es que refleja justo lo contrario: un interés claro por conseguir que se cerrara el acuerdo con Megalab que permitió a la trama seguir haciendo caja.
Sumado todo esto a los ‘casos mascarilla’ ajenos a Soluciones de Gestión, el de RR7, asumido por la Fiscalía Europea al emplearse fondos de la UE en la compra, con la ya famosa foto de Torres en un restaurante de Fuerteventura con gente del entorno de esa empresa, y a la enorme acumulación de compras al tinglado de las empresas madrileñas Damco Trading Services y Tanoja Services, administradas por Noel Jammal, por valor de casi 23 millones de euros, que resultaron ser la pantalla de una operación del presidente de la UD Las Palmas, y de su empleado Lucas Bravo de Laguna, a la sazón diputado por Unidos por Gran Canaria en el Parlamento regional.
Ni una sola explicación ha salido jamás de Torres, en ningún caso. Silencio siempre. Apenas acompañado por alguna sentencia de argumentario, como esa frase reiterada estos días hasta la saciedad, de que “quien la hace la paga y si alguien se llevó dinero que le caiga el peso de la ley”. De momento no parece que nadie la haya pagado, aunque eso cambiará si Aldama o Ábalos se deciden por contar lo que saben. De momento, un silencio total que antes estaba muy mal visto, porque… “quien calla otorga”.
Ahora es al contrario: la diputada Nira Fierro, mandamás del grupo parlamentario, se lio hace justo un mes durante la reunión de la Comisión de Investigación constituida en el Parlamento de Canarias, cuando –ante la reiterada costumbre de los citados en Comisión de no abrir la boca para decir ni pío-, aseguró que el derecho a no declarar es “tan legítimo” como el derecho a hacerlo. Fierro –que ha construido toda su carrera política de la mano de Torres-, se quejó con amargura de que se haya normalizado “juzgar silencios de los comparecientes con demasiada facilidad”.
Se trata de un cambio curioso en el viejo discurso: ese que ante las acusaciones graves exige se den explicaciones.
