El Congreso de los Diputados admitirá mañana a trámite la proposición de ley para reformar el artículo 35 de la Ley de Extranjería, y permitir el traslado obligatorio de menores extranjeros desde Canarias, Ceuta y Melilla a otras regiones españolas. El texto de la proposición fue acordado entre el Gobierno de España y Coalición Canaria, y registrado hace una semana por los grupos parlamentarios Socialista, Sumar y Coalición Canaria.
La propuesta de modificación de la Ley de Extranjería –en realidad la ley se llama pomposamente ‘Ley Orgánica sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social’ no se ha decidido entre el Gobierno de España y el de Canarias, sino entre el Gobierno Sánchez y Coalición Canaria. El PP no ha participado en el asunto, ni la modificación final de la ley ha sido tratada formalmente por el Gobierno de Canarias, que no ha estado oficialmente en la negociación, aunque si su presidente, que es –también- quien manda en Coalición. La comitiva para conseguir el apoyo del resto de los grupos parlamentarios, con nulo éxito, dicho sea de paso (sólo se convenció a los ya convencidos), estaba integrada en representación del Gobierno de España no por la ministra de Migraciones, sino por Ángel Víctor Torres, ministro canario, y por el presidente del Gobierno de Canarias, pero yo diría que en representación de su partido. Es una curiosa ficción que el Gobierno regional haya pactado formalmente con el de España la reforma de la ley de extranjería, entre otras cosas, porque eso no es competencia del Gobierno de Canarias, sino de los partidos. Lo que es sorprendente es que la presentación de la iniciativa se haya realizado con un paseíllo parlamentario tan extraño –y probablemente inútil- como el que vimos realizar en días pasados.
Sin embargo, la propuesta parece razonable, igual que el compromiso, aun no reflejado oficialmente, de dotar cada plaza con 145 euros diarios, una cantidad suficiente para evitar el rechazo de los traspasos por motivos económicos. Cuando en Canarias y las dos ciudades africanas se supere el 150 por ciento de su capacidad real de atención, los menores sean derivados a otras regiones. La propuesta considera que es el Gobierno nacional quien decidirá en todo caso la ubicación de los menores, siempre de acuerdo con el principio de solidaridad. El mero enunciado resulta en esto algo caprichoso, porque la aceptación de los traspasos es de obligatorio cumplimiento, y si es obligatorio deja de ser solidario, para convertirse en otra cosa. Pero eso es realmente lo de menos. Lo importante es que la proposición incorpora como criterios para la distribución de menores los aprobados en la Conferencia Sectorial de 2022, cuando los únicos repartos posibles eran los voluntarios. El mecanismo es un sistema de puntuación que se basa en parámetros como la población regional, su renta, el nivel de desempleo, el número de plazas para menores en cada región o la dispersión poblacional. La iniciativa permite que una vez superado el límite de ocupación, los traslados se puedan hacer en un plazo de medio mes desde que se produjo el registro del menor. El traslado, suele demorarse ahora hasta un año.
Si la proposición llegara a aprobarse hasta 4.000 menores deberían abandonar las islas con destino a otras regiones ser trasladados en el plazo de un año. Pero no es fácil que la reforma logre aprobarse: la de Extranjería es una ley orgánica, y –por tanto- se necesita el voto de la mitad más uno de los diputados. Para poder tramitarse, bastaría con una abstención del PP, pero su aprobación requerirá del apoyo conservador, o del aún más improbable apoyo los aliados del PSOE: Junts ya ha anunciado que votará en contra, y ERC podría como mucho abstenerse, pero tampoco apoyará la modificación. El grupo de Puigdemont en el Congreso ha elaborado una enmienda para que una disposición adicional deje meridianamente claro que Cataluña no participa de la colaboración interterritorial, invocando el compromiso de Moncloa de que la Generalitat tendrá todas las competencias de inmigración, y “la Ley no resultará de aplicación en Catalunya”.
El PP tampoco está por la labor: ha contestado a la exigencia de colaboración del Gobierno de Sánchez recordando que no es el PP quien gobierna, sino los grupos y partidos que apoyan a Sánchez y que no le respaldan en esto. Como condiciones para apoyar la reforma del artículo 35, el PP ha desplegado una panoplia de medidas difícilmente asumibles por el PSOE, como la declaración nacional de emergencia migratoria –ya aprobada en las islas-, más la inmediata creación de un fondo de contingencia para poder acoger a más menores, y la garantía de que habrá una financiación sostenida del acogimiento hasta que los menores cumplan la mayoría de edad. Además, el PP plantea que el Gobierno debe aporta medios también para Murcia o Valencia, ya por encima del 150 por ciento de su capacidad de acogimiento.
