Sin ruido ni alharacas, huyendo del debate inane que hoy calienta redes y parlamentos, La Laguna ha dado los primeros pasos para implantar una tasa a las visitas turísticas guiadas que recorren sus calles y se detienen en sus edificios más notables. La propuesta, aún en fase de redacción, no tiene nada de revolucionaria: el Ayuntamiento ha encargado a Gesplan la elaboración de dos ordenanzas —una general y otra fiscal— que regulen el cobro a los turistas por participar en estas rutas. Lo que se plantea no es un peaje de entrada ni una tasa turística encubierta. Es un mecanismo para que quien accede a un servicio organizado —con guía, recorrido, narrativa histórica y soporte técnico— contribuya a financiar parte de su coste. Se trata de una tasa ajustada, selectiva y perfectamente alineada con lo que ocurre en las principales ciudades patrimoniales de Europa.

El profesor Max Trapero presentó ayer en el Guiniguada la que probablemente sea una de las obras capitales de su carrera: su monumental diccionario de toponimia en diez volúmenes, en un acto presidido por Fernando Clavijo y en el que intervinieron algunos de sus amigos, como el rector de la ULPGC, Luis Serra; el catedrático Manuel Lobo; y la también catedrática Dolores Corbella, de la Real Academia Española. Fue un acto con vocación académica, entrañable y discreto, como todo lo que tiene que ver con Trapero. Pero los que estuvimos allí tuvimos la sensación de estar viviendo un momento solemne: la conclusión y presentación pública de una obra en la que se destilan cincuenta años de investigaciones y trabajo de campo.

Cada vez más, las sospechas se convierten en sentencia cuando alguien las filtra. Una conversación en la que un político rechaza una oferta de soborno puede transformarse en una acusación de connivencia con el crimen organizado. Esa es, en esencia, la historia de lo que le ha ocurrido a Gustavo Matos, expresidente del Parlamento de Canarias, convertido en objeto de linchamiento sin que medie contra él acusación formal alguna.

Eurovisión es un espectáculo frívolo y espectacular a partes iguales. Un concurso que gusta a algunos por lo que es: una gran fiesta kitsch, una celebración hortera de los tópicos nacionales, de las puestas en escena delirantes, del orgullo pop y de cierta idea de Europa, un tanto infantil, plastificada y probablemente conservadora.

La tercera manifestación convocada bajo el lema “Canarias tiene un límite” ha vuelto a llenar las calles, quizá esta vez con menor intensidad que en la primera gran movilización del año pasado. Esa es la impresión general —compartida incluso por algunos asistentes— y respaldada, aunque con matices, por los datos de participación ofrecidos por la Delegación del Gobierno. Según las cifras de Anselmo Pestana, algo más de 23.000 personas habrían secundado la protesta en el conjunto del...

Este domingo se celebrará la tercera convocatoria de manifestaciones en todas las islas —y en otros lugares— bajo el lema “Canarias tiene un límite”. Se trata de una llamada legítima al debate público sobre los desafíos estructurales que enfrenta el Archipiélago: la presión turística, el coste de la vivienda, la precariedad laboral y el impacto ambiental de este modelo económico. Como en ocasiones anteriores, la convocatoria se expresa con fuerza, con un lenguaje emocional, incluso ofensivo....

Este lunes el Gobierno decidió dos cosas. La primera, iniciar la liquidación del actual modelo judicial de garantías, quitando a los jueces de la instrucción penal para dársela a los fiscales. La segunda, dejar claro que esa decisión no es casual, ni técnica, ni jurídica, sino abiertamente política. El Gobierno la hace coincidir con la decisión fiscal en el caso del hermanísimo de Sánchez, pidiendo archivar la investigación. Y no porque no haya indicios más que suficientes de que se produjeron contratos públicos a dedo, a beneficio del hermano presidencial. Ocurrirá exactamente lo mismo cuando el juez hilvane la relación de Begoña con el dueño de Air Europa, financiador de sus negocios académicos y la implicación de Sánchez en esta suculenta tramoya, y decida seguir adelante con la causa.

Vivimos un tiempo de estupidez. Y no porque abunden los ignorantes pomposos —que también—, sino porque la estupidez se ha convertido en una forma aceptada de participación social. Nos rodea por todos lados una estupidez activa, militante, combativa. Una idiocia que se manifiesta, convoca, escribe manifiestos, llena titulares y se encadena a los árboles, para impedir que nadie los toque, aunque se estén cayendo a pedazos.

No es habitual sancionar a los de uno. Menos aún que se haga con contundencia, sin rodeos y en tres frentes distintos. Pero eso es exactamente lo que ha ocurrido: la Dirección General de Patrimonio Cultural del Gobierno regional, que dirige Miguel Ángel Clavijo, ha tramitado y formalizado tres expedientes sancionadores por infracciones graves contra el patrimonio arqueológico, con multas que suman más de 600.000 euros. Las sanciones afectan a una empresa privada —Cuna del Alma—, y a un Cabildo y un ayuntamiento gobernados por Coalición Canaria, el partido al que pertenece Clavijo.