Vivienda pública

El Gobierno regional propone un plan para colocar algo más de 3.600 viviendas en el mercado del alquiler –tanto público como privado- antes de 2025. Incrementar el parque de vivienda pública parece ser –al menos de boquilla- uno de los instrumentos de los que disponen las administraciones para mantener embridado el precio de los alquileres, aunque es muy poco probable que la promesa de esas 3.600 viviendas que ahora se plantean para 2025, contribuya de alguna manera a lograr meter en cintura el precio disparado de los alquileres de hoy. El plan, a financiar tirando de la recurrente e ilimitada ayuda europea, incorpora otras 2.300 viviendas  vinculadas a diferentes programas, como el Plan estatal, con cerca de 900 construcciones en Canarias, el de fomento de promociones VPO en régimen de alquiler, con 450, o el de viviendas vacías, que pretende alcanzar alrededor de otras 600. En total, según el Gobierno, el Plan 2020-2025 pondría en marcha alrededor de diez mil iniciativas para la rehabilitación, la autoconstrucción y la cesión en uso, además de programas de apoyo al alquiler, con las que el Gobierno quiere llegar a hasta a 72.000 isleños.

Se trata sin duda del plan más ambicioso nunca presentado por Gobierno alguno, pero lo cierto es que no es el primer compromiso del Gobierno regional en materia de vivienda que luego no se materializa. Ni el único que no se ha cumplido en esta legislatura.

El Gobierno parece haberse olvidado, tras esta nueva andanada de promesas y expectativas, de que nada más formarse el ‘Pacto de las Flores’ se propuso también un proyecto para la construcción de vivienda, del que –a día de hoy, más de la mitad de la legislatura- no se ha visto ni una sola casa, con la triste excepción de la docena y media de viviendas compradas, que (al parecer a partir de mañana se sabrá cómo, con qué criterios y en base a que prioridades) el Gobierno comenzara a entregar en La Palma a los damnificados por el volcán.

La urgencia de atender a las familias que se han quedado son techo en el valle de Aridane ha hecho olvidar que las iniciales previsiones del Ejecutivo no se han cumplido. Quizá eran demasiado ambiciosas, o quizá las buenas intenciones se han disuelto en el conflicto abierto entre las dos instancias gubernamentales competentes en la gestión de vivienda pública, dependiente una de la Consejería de Obras Públicas y la otra de Casimiro Curbelo. El hecho es que la propuesta de este nuevo plan –presentado primero como el plan de las seis mil viviendas, y ahora como el de las 3.600- no resulta demasiado creíble ni convincente: lo que el Gobierno propone es un plan que habrá de concluirse dos años después de las próximas elecciones, cuando quizá sigan mandando los mismos o quizá sean otros. Es exactamente lo mismo que hizo el Gobierno anterior, cuando presentó al final de la legislatura pasada su plan de vivienda –el de 2019-2022- que habría de ejecutarse por otro Gobierno. En aquella ocasión, el Consejo Económico y Social aprobó –y lo hizo por unanimidad- un dictamen sobre el anteproyecto del plan considerándolo impreciso y superficial, sin fijar metas ni objetivos, ni contemplar siquiera donde resultaba más necesario construir las viviendas. Un monumental varapalo a un documento realizado básicamente para salir del paso, después de dos décadas sin construir prácticamente ni una vivienda pública en las islas. 

La cuestión es que han pasado ya dos años y medio desde entonces, y la situación sigue siendo –en lo que a la materialización de las obras- exactamente la misma. Y es que resulta más fácil hacer planes que hacer casas.