El jefe de Gabinete de la consejera de Derechos Sociales, Javier Sánchez González, se tomaba ayer a cachondeo las denuncias sobre prostitución y supuestos abusos sexuales a un menor, en el complejo de Porto Bello, en Puerto Rico, uno de los centros provisionales dependientes de la Consejería. Sánchez descalificó la información y advirtió a Pedro Guerra, que se hizo eco desde ‘Tiempo de Canarias’ la información, denunciada al parecer por trabajadores de la contrata que atiende a los menores, de que “este año te llevas el Pulitzer”.
No es la primera vez que empleados de Noemí Santana insultan o menoscaban en twitter a periodistas. De hecho, se trata de una especialidad de la casa: cualquier información crítica sobre las deficiencias de la gestión de Santana o los suyos es airadamente replicada en redes sociales, siguiendo los mecanismos de ‘guerra de redes’ ya usados por la consejera cuando aún no lo era. Es una técnica que se ha utilizado masivamente para contestar a críticas contra la gestión de la Dependencia por parte de Noemí Santana y Miguel Montero, y en la que colaboran aguerridamente no sólo los activistas podemitas, también algún consorte de enchufados de última hora.
La cuestión es que no parece de recibo que ante la noticia de presuntos abusos sexuales a menores -algo extraordinariamente grave, si se confirma- un responsable de la Consejería cargue con armas y equipo contra el mensajero. Sobre todo si de paso oculta que la Consejería conocía anticipadamente la denuncia pero no la elevó a la fiscalía o la policía nacional, porque “los menores son competencia de la Policía Canaria”, según la explicación dada ayer por la consejera. Curiosa explicación competencial, porque en ese mismo centro, cuando se han producido motines, agresiones físicas y destrucción de mobiliario, a quién se ha acudido ha sido a la policía local de Mogán o a la Guardia Civil.
En este caso, Noemí Santana se limitó a llevar a cabo una investigación interna, en la que no se detectó la existencia de abusos sexuales, pero sí de ‘deficiencias’ en el funcionamiento de la instalación provisional de Puerto Bello, sobre las que –con escasa sintonía con las burlas del jefe de sus asesores- la consejera ha tenido que decir que se actuará “con contundencia”. Las ‘deficiencias’ descubiertas fueron comunicadas ayer a toda prisa a la Sección de Menores de la Fiscalía, casi al mismo tiempo que el Gobierno urgía el traslado de los cuarenta menores más conflictivos de Porto Bello a otros centros. Curiosas reacciones ante una noticia a la que se intentó quitar importancia durante toda la mañana, montando un sorprendente debate sobre las intenciones de quienes filtraron la denuncia, remitida a la Consejería y a la alcaldía de Mogán. Todo ello mientras el jefe de gabinete de la consejera ironizaba con el premio a Pedro Guerra.
Sin ironía, pero sí con sarcasmo, la pregunta es: ¿En manos de quién estamos? Noemí Santana ha demostrado en dos años en Derechos Sociales que se puede hacer mucho peor de lo que parecía el récord histórico de uno de los departamentos históricamente peor gestionados del Gobierno de Canarias. Hace falta hacer méritos para lograr eso. Mientras ellos señalan periodistas en Twitter, alguien debería contestar a lo que es realmente importante: ¿Por qué la consejera no llevó a la Fiscalía la denuncia? ¿No le dio crédito? ¿No la consideraba importante?
Un dato: el niño implicado –como presunta víctima- en los abusos denunciados, anda fugado del centro, al parecer para evitar nuevas agresiones. No es el único. El director del centro, que compareció ayer ante la fiscalía, reconoció que no es el único caso. Otros diez niños se encuentran en paradero desconocido.
¿Tampoco es eso un indicio de que algo no funciona?