Tinta de calamar

En los últimos tres días, Televisión Española ha dedicado más tiempo a informar y debatir en su magazine político de mañana sobre la propuesta antiabortista de Vox en Castilla-León, que a cualquier otra cuestión de actualidad en el país. El tratamiento dado por la tele de todos (al menos de la que pagamos todos) a la estupidez de la ultraderecha española, no parece responder a criterios objetivos de servicio público, sino más bien al servicio muy privado del Gobierno que hoy controla y maneja la tele.

Por supuesto que no es discutible el interés informativo de la última intentona de Vox por llamar la atención y dividir al país. Pero el tratamiento ofrecido por la tele de este asunto dista mucho de ser el que se ha dado a otras cuestiones polémicas, como la reducción de penas a los violadores como resultado de la aplicación de la ‘Ley del sí es sí’. No se produjeron entonces estos maratones informativos mañaneros, ni se abusó de la imagen de los responsables de la aprobación de la ley. La televisión pública mantiene en bucle la imagen de ese personaje un tanto chulesco que es el vicepresidente castellanoleonés García-Gallardo, encajándola cada vez que pueden con la del presidente Fernández Mañueco y el candidato Núñez Feijóo, en un intencionadamente confuso totum revolutum, cuyo objetivo es recordarnos a todos que la derechona da mucho miedo.

No quiero pecar de ingenuo pero yo soy de los que creen que la televisión debería tratar estos asuntos polémicos –y para 80.000 mujeres que abortan al año en España, muy dolorosos- con mucho más tacto y cautela. Las tonterías acientíficas de Vox sobre el latido fetal o las ecografías en cuatro dimensiones, dan grima. Pero es la consideración ultraderechista de que las mujeres que abortan necesitan que alguien les recuerde que deben pensar antes de decidirse, lo que supone de hecho un desprecio a su madurez y autonomía. Por cierto, una propuesta con una base no muy distinta a la obligación de retrasar tres días laborables la decisión definitiva sobre abortar –una vez que se acude al centro de planificación- para así poder reflexionar sobre lo que implica someterse a una interrupción del embarazo, como si las mujeres acudieran alegremente a los centros sin haber meditado previamente.

Esa instrucción de esperar tres días se sigue cumpliendo en Canarias –y esa sí como obligación-, a pesar de que hace ya un par de años que el Parlamento aprobó una proposición no de ley –una recomendación a la Consejería de Sanidad- para que se modifique el protocolo humillante y perverso que exige que las mujeres se sometan durante tres días a esa reflexión añadida a la que las ha decidido a abortar. Obligar a esa espera cuando la decisión es ya firme y se acude al médico para ponerla en práctica, es una crueldad psicológica, que se ejerce sin necesidad, porque la administración sigue instalada en la idea de que las que abortan son como menores de edad, incapaces de decidir autónomamente lo que necesitan hacer.

Lo cierto es que ni nadie aborta por gusto, ni mantener una posición contraria a la normalización del aborto es ilegítimo. Pero sí lo es el timo de aplicar criterios anticientíficos, o utilizar un asunto que provoca en muchísimas mujeres tristeza y desgarro, con fines declaradamente partidarios. En ese sentido, la ultraderecha ha cometido una mezquina torpeza: convertir el aborto en epicentro de su guerra cultural contra la izquierda, y ofrecer a un Gobierno desgastado y desprestigiado una munición que va a aprovechar durante meses. Después de doce años de la ley de plazos de Zapatero, el Constitucional de Pumpido ya ha anunciado que en febrero se ocupará del aborto. Vamos a estar con eso hasta las elecciones. Es lo que tiene esta carpetovetónica derecha nuestra: si a la izquierda se le agotan los argumentos, siempre están dispuestos a ofrecérselos gratis.