Seguir la pista del dinero…

La financiación de los partidos no se produce con las cuotas de sus afiliados, sino con el dinero de las administraciones. Los partidos son muy exigentes con lo del dinero: sablean inmisericordemente a todos sus cargos públicos, ministros y ministras y ministres, consejeros de Gobierno, diputados, senadores, parlamentarios regionales, consejeros de Cabildo, concejales de ayuntamiento. En general, a todos ellos se les obliga a abonar al partido un porcentaje de su paga (y aquí es cierto que cada partido actúa como prefiere, unos exigen más porcentaje y otros menos, unos piden cacho sólo a los cargos públicos electos, y otros lo hacen incluso a sus enchufados en las administraciones: “el partido te pone, el partido te cobra”). Y no se trata de las cuotas que pagan todos los afiliados por el mero hecho de serlo. Esas cuotas suelen ser mucho más reducidas y una parte de ellas se desgravan en Hacienda.

En realidad, los partidos viven gracias a las suculentas entregas de fondos de las instituciones públicas. El Parlamento de Canarias, por ejemplo, destina una parte no desdeñable de su presupuesto a nutrir generosamente de recursos a los grupos parlamentarios de la Cámara. Lo hace en base a un reparto por el que los grupos reciben una cantidad fija y otra variable, en función del número de diputados con los que cuentan. No es diferente a lo que se hace en el Congreso y en el Senado, o en los propios ayuntamientos y Cabildos. El reglamento del Parlamento establece que esos recursos deben ser usados solo para sostener el funcionamiento de los grupos parlamentarios, no puede destinarse a atender las necesidades de los partidos. Pero estamos en el reino de la trapisonda legal, del “hecha la ley, hecha la trampa”, y lo cierto es que es de dominio público general que los partidos viven gracias a los ingresos regulares que reciben de sus grupos parlamentarios.

Para pasarse por el refajo la norma que impide financiar a los partidos con dinero de los grupos parlamentarios, se inventó hace décadas un mecanismo sutilmente fraudulento que consiste en que los grupos parlamentarios pueden pedir a sus partidos informes, dictámenes o estudios sobre cualquier cosa, y pagar por ellos. La norma establece que ese pago debe responder a criterios contables y de mercado, es decir, que no se pueden pagar centenares de miles de euros por un informe ridículo, realizado copiando de la Wikipedia.

Y es tirando de esos supuestos informes y estudios –que en la mayoría de los casos jamás se han encargado ni realizado- como los grupos parlamentarios transfieren cada legislatura –en su conjunto- millones de euros a sus partidos. Es una pequeña e ilegal desvergüenza consentida por todo el mundo, porque los partidos también tienen que pagar todos los meses secretarios, contables, oficinas y teléfonos, y afrontar campañas electorales cada tanto, y no les llega con las subvenciones que reciben por los resultados electorales, ni con lo que aportan sus afiliados. Como todo ellos comparten el mismo problema, aquí todo quisque se hace el longui. Y los partidos siguen haciendo caja.

Es precisamente en ese punto donde surge una cierta sensación de pavor ante lo que vaya a ocurrir con los cuartos no justificados de la extinta Nueva Canarias pre canarista, esos dineros que el Ministerio y el Parlamento y los Cabildos y Ayuntamientos siguieron ingresando a partir de agosto del año pasado en las cuentas del canarismo romaní, incumpliendo la sentencia que declaraba el partido disuelto. Es perfectamente probable que la Nueva Canarias post canarista tenga que devolver hasta el último euro de ese dinero, y también es probable que no pueda hacerlo. La Mesa del Parlamento de Canarias ha parado los pagos, ha abierto un expediente y ha consultado a Interior y el Tribunal de Cuentas. Si le contestan a la consulta alegando que las subvenciones no podían destinarse a un partido que legalmente había dejado de existir, será un problema para el canarismo: el nuevo bloque se las va a ver y desear para devolver lo gastado y acometer la campaña que viene. Pero si contestan que con la norma en la mano el dinero de los grupos no podía pasar directamente a la caja del partido, a todos les va a dar un soponcio. La Mesa no quieren pillarse los dedos, quiere saber “A dónde va mi dinero?”. Y no basta con una explicación en el programa ad hoc creado por la tele para lucimiento del vicepresidente.  Es probable que todo esto acabe con una investigación judicial sobre el uso ilegal de los fondos del grupo por el partido. Muy mal asunto.