“Resistir, rescatar, avanzar…”

El Consejo de Ministros ha declarado la isla de La Palma zona catastrófica y ha aprobado dedicar 10,5 millones de euros a comprar más de cien viviendas, muebles y electrodomésticos, para albergar a las personas más damnificadas. La decisión, presentada como una pequeña parte de las ayudas de emergencia para la reconstrucción futura de la isla, se ha adoptado el mismo día en que se conoce que el avance destructor de la lava desde los cráteres de Cumbre Vieja al mar ha sepultado ya cerca de 750 edificios, tragándose viviendas, iglesias y escuelas, sepultando carreteras y caminos, y destruyendo todas las infraestructuras de transporte eléctrico y distribución de agua que encuentra en su lento avance hacia el mar, alcanzado finalmente anoche, tras recorrer casi dos kilómetros de distancia en tan sólo un día. Las imágenes del satélite revelan que más de 250 hectáreas de cultivos han sido devastadas por completo, y todo hace prever que la expulsión de lava más fluida –un nuevo capricho del volcán, que ha pasado de comportarse como un volcán stromboliano a hacerlo como una hawaiano– puede llegar a alcanzar hasta un millar más de edificaciones y destruir entre uno y dos centenares de hectáreas más.        

Diez millones y medio de euros es dinero. Pero no el suficiente -ni de lejos- para hacer frente a una catástrofe que  -cuando aún falta lo peor por llegar, como ha advertido hoy el presidente Torres- ya ha causado daños por encima de los 400 millones. Pero al menos significa que el Gobierno va a intervenir en serio para no dejar a los palmeros tirados. La declaración de zona catastrófica y la intervención inmediata del Consorcio de Seguros supondrá también un alivio –por desgracia, escaso e incompleto- para aquellos propietarios que tuvieran sus viviendas aseguradas. En el mejor de los supuestos, las indemnizaciones  del Consorcio no van a superar los 35.000 euros por propiedad destruida, y lo más probable es que las cantidades medias se sitúen por debajo de los 25.000 euros. Con esas indemnizaciones, es probable que no se cubran en la mayor parte de los casos ni siquiera las deudas e hipotecas activas, que habrá que pagar a los bancos a pesar de que ya no existe la propiedad hipotecada. Sin una intervención discrecional del Gobierno, la situación de desamparo de los afectados puede agravarse hasta la desesperación.      

Torres ha pedido ayer al Parlamento que todas las administraciones se impliquen y comprometan con la reconstrucción de La Palma, en un llamamiento con tintes churchilianos: “Tenemos que resistir, rescatar y avanzar”, ha dicho. Y tiene toda la razón: este es un momento muy difícil que requiere del esfuerzo de todos, de las administraciones, de las instituciones de la sociedad española, de sus empresas y organizaciones, y de las personas. Un momento para la inflexión, que precisa de un paréntesis  -siquiera de unos meses- en los tradicionales odios carniceros que enfrentan y dividen la vida pública, y que no tienen nada que ver –absolutamente nada- con los sentimientos solidarios y las actitudes prudentes del común de nuestra sociedad. No somos ni mejores ni peores que otros, ni más solidarios ni tampoco menos que los demás, pero en esta prueba de fuego, deberíamos hacer el esfuerzo de sacar nuestras mejores capacidades, nuestros valores más sólidos, y exigir que se acabe la fiesta destructiva en la que en los últimos años se ha convertido la política. Comprensión de las dificultades, generosidad con los que más lo necesitan y sobre todo compromiso en el tiempo con las soluciones posibles… esas son las recetas para salir de esta inesperada catástrofe, si no indemnes, al menos sí enteros.