Quousque tándem…

La magistrada María Celia Blanco, del Juzgado de Instrucción número 2 de San Cristóbal de La Laguna, decretó ayer por segunda vez el sobreseimiento y archivo del ‘caso grúas’, en lo que probablemente sea el carpetazo definitivo a este sainete político judicial, con argumento de venganza. El caso arrancó con una decisión administrativa bastante trivial: el 24 de junio de 2014, la Junta de Gobierno de La Laguna acordó un préstamo de 120.000 euros a Autogrúas Poli, empresa que prestaba el servicio de recogida de vehículos al Ayuntamiento y que estaba intervenida municipalmente por su mala situación económica. Previamente, el Pleno de la corporación, sin ningún voto en contra y con la abstención de Por Tenerife-Nueva Canarias –el partido con el que se presentó en aquella ocasión Santiago Pérez- y Unidos se Puede, había acordado la modificación presupuestaria que permitía iniciar el expediente para conceder ese préstamo. En la Junta de Gobierno no estuvo presente Fernando Clavijo, y seis meses después, la empresa devolvió al Ayuntamiento la totalidad del dinero con intereses, en un plazo muy inferior al fijado. Año y medio después, tras la publicación de algunos alarmantes artículos sobre robo de materiales en el depósito de las grúas municipales, se creó una Comisión Especial de Estudio sobre el servicio, que no detectó irregularidades. No fue hasta mayo de 2017, dos años y medio después de que se hubiera devuelto el préstamo, y después de que el PSOE abandonara el Gobierno de Fernando Clavijo, cuando Santiago Pérez -que había defendido en pleno el levantamiento del reparo para salvaguardar los puestos de trabajo de la empresa y que se abstuvo en la votación- presentó la denuncia contra Clavijo por haber concedido el préstamo.

El recorrido del caso sorprendió por su extrema politización, las sorprendentes vicisitudes judiciales que jalonaron su desarrollo, incluyendo sucesivas reconvenciones jerárquicas a la jueza Blanco, cuya instrucción el Supremo consideró en su auto de archivo “minuciosa y encomiable”. La última de esas reconvenciones se produjo cuando la magistrada Blanco entendió que no hubo prevaricación en el préstamo a Grúas Poli, y estableció por primera vez la inexistencia de responsabilidad penal por parte de los encausados José Alberto Díaz, anterior alcalde lagunero, el concejal Pérez Godiño, y la técnica Rosario Hernández. Ese primer auto exculpatorio fue revocado por instrucción de la Audiencia Provincial, que consideró que antes de proceder al sobreseimiento, la jueza debía citar como investigado al técnico Alejandro Cordero y sustanciar el sobreseimiento de los investigados.

Tras hacer lo que le pidió la Audiencia, la magistrada ha dictado el mismo auto, basándose en la resolución del Supremo que archivó todos los cargos existentes contra Clavijo, tras ser denunciado por el concejal Pérez, en una investigación judicial que lleva dando tumbos por los juzgados más de cuatro años, y que lastró las negociaciones entre Coalición Canaria y Ciudadanos, provocando que Clavijo tuviera que retirarse de la pelea por la Presidencia del Gobierno, tras las últimas elecciones.

El ‘caso Grúas’ podría con esta reiterada decisión judicial quedar definitivamente cerrado y resuelto sin consecuencia alguna para ninguno de los acusados, ni para la jueza que intentó archivarlo en sucesivas ocasiones y fue reprendida por la Audiencia por hacerlo. Pero quizá no ocurra eso: no es fácil que se rindan  quienes lo iniciaron, provocando no sólo ríos de tinta, nuevos registros literarios en la información judicial y un ‘portadismo creativo’ que algún día se estudiará en las facultades de periodismo como ejemplo de manipulación y que acabó por tener una enorme influencia en los acontecimientos políticos de la pasada legislatura y principios de esta.