La pelota del caso mascarillas está ahora en el tejado del juez García García-Satoca, que debe decidirse y dictar (o no) una resolución inhibiéndose a favor de la Fiscalía Europea. Después de las últimas informaciones, parece que hay motivos para ceder los trastos… ayer se supo que la consejería de Román Rodríguez pidió al Servicio Canario de Salud modificar el pago del suministro de mascarillas a RR7 United para poder financiarlos con fondos del programa Feder. Al parecer, la primera intención del Gobierno había sido financiar la compra de las mascarillas con fondos propios, pero la Dirección General de Planificación y Presupuestos, modificó esa previa intención y decidió que hasta 40 contratos-Covid fueran cofinanciados con fondos europeos, lo que se comunicó al órgano contratante, la en aquél entonces principal responsable económica del SCS, Ana María Pérez, hoy investigada en la causa.
A toro pasado, puede decirse que la decisión de cambiar la financiación para asumirla con fondos Feder fue una monumental metedura de gamba, pero en el momento que se tomó la decisión, y con el Gobierno regional forzado a un gasto sanitario extraordinario por la pandemia, a nadie le pareció mala idea. Lo extraño no es que se decidiera eso, sino que desde el Gobierno regional se haya negado –a veces con sordina, otras con más desparpajo- que tal situación se hubiera producido. Probablemente, el lío de aquellos días debías de ser de tal envergadura que nadie recuerda muy bien lo que pasó, y además -al decir del nonpaper de la Audiencia de Cuentas- tampoco se tomaban mucho interés en las reuniones de levantar actas de lo que ocurría en ellas. Es lógico que se hayan olvidado.
Lo que también parece lógico es que la fiscalía europea se haya tomado lo suficientemente en serio esta situación como para intervenir. No se trata sólo de una estafa sobrevenida contra el Tesoro Público. SE trata más bien de una sistemática de actuaciones que –al decir del propio portavoz del Gobierno, Julio Pérez- llegó a afectar tres de cada diez contratos suscritos por la administración para hacer frente a las dificultades de ese período. A Julio Pérez le parece que “sólo un treinta por ciento” es poca cosa, algo justificable por la situación. Yo creo que hacerlo mal una de cada tres veces no es poca cosa, es algo inaudito. Pero lo que peor me parece de todo este asunto es la cadena de maliciosos despropósitos que lo acompañan: es la explicación dada por el presidente Torres para justificar el cese presentado como dimisión de Conrado Domínguez, alegando que se produjo tras constatar que había mantenido reuniones con representantes de la empresa adjudicataria. No fue el único que se reunió con personas vinculadas a RR7. De hecho, parece asombroso que esa explicación sea de Torres, después de que su foto en un almuerzo con el cuñado y el asesor fiscal de Rayco Rubén González administrador único de RR7, se convirtiera en viral.
O que Torres considere que la petición formulada por el PP y Coalición Canaria de constituir una comisión investigadora en el Parlamento de Canarias sobre lo ocurrido, sólo busca hacer política con un asunto que ya está en los tribunales. Por supuesto que las comisiones de investigación no suelen responder a la verdad, sino a la matemática parlamentaria. Pero sirven para evitar que se oculte a los ciudadanos interesados información de trascendencia, o que las cosas se presenten de tal forma que la única versión que se conozca sea la de quien manda. Una comisión de investigación sobre este asunto, por más que sepamos que jamás provocaría una reprobación pública de quien tiene mayoría suficiente para gobernar, ayudaría a entender muchos aspectos confusos de esta historia. Y hay uno en concreto que yo no consigo entender: porqué los guasap de Conrado Domínguez con su proveedor le resultan a Torres más preocupantes y comprometedores que su propio almuerzo con el asesor fiscal y el cuñado de un empresario que hoy sabemos que estafó al Gobierno.