¿Para que sirve el Gobierno?

Si el presidente del Gobierno no lo remedió anoche a última hora, 37.000 escolares canarios no podrán acudir hoy a clase en transporte escolar. Las guaguas escolares que hacen ese servicio, algo más de 15.000 según unas cuentas que a mí no me salen, se verán afectadas por el paro patronal de la Federación de Empresarios de Transporte, que ya no confía en las buenas intenciones de Educación para resolver un contencioso que se arrastra desde principios de esta legislatura, pero que hunde sus raíces en el impago de una deuda de hace casi diez años. Educación se comprometió a principios del mandato de Torres a resolver el problema, y anuncio en agosto del año pasado que en septiembre se actualizarían las facturas incorporando las exigencias de los empresarios. No se hizo así durante todo el primer cuatrimestre, y finalmente, tras una negociación cada vez más a cara de perro, Educación se comprometió nuevamente a pagar a los empresarios la deuda de 14 millones de euros que tiene pendiente con ellos, a actualizar las tarifas al IPC y a cumplir la promesa realizada en el mes de agosto de pagar la deuda que reconoció en tres plazos. Un tercio debía abonarse antes de finalizar 2022, un tercio en 2023 y otro tercio el próximo 2024. Los empresarios habían aceptado esa propuesta en agosto, pero ahora no se la creen: la oferta del Gobierno no incorpora ni compromisos, ni plazos, ni garantías de cumplirlos. Están hartos y se sienten engañados. Muchas de las empresas tienen flotas obsoletas que sólo podrían renovar si se abonan las cantidades reconocidas y se actualiza el IPC. Se quejan de que el Gobierno no ha hecho nada en todo este tiempo. Y con razón.

El Gobierno también tiene sus razones: alegan que el problema no lo ha creado esta administración –y es cierto- aunque fue esta administración la que reconoció la deuda, y si reconoces una deuda debes pagarla, digo yo. El Gobierno también se ha comprometido a resolver el problema de falta de personal que afecta a la actualización de las facturas. Asegura que van a poner a dos funcionarios más a tramitar las actualizaciones, aunque eso no ha logrado convencer a los transportistas. Por eso optaron en una multitudinaria asamblea celebrada la víspera de Reyes por mantener el paro. El Gobierno no puede imponer servicios mínimos, porque esto no es una huelga laboral, sino un paro patronal (curiosa laguna legislativa en un país que regula la clasificación de hasta 7 tipos de familias). Me pregunto qué ocurriría si el paro patronal afectara a la alimentación, a la sanidad privada o al transporte de mercancías a las islas, por decir algo.

Por fortuna, este paro patronal sólo durará un día, y el Gobierno ha optado por mantener el calendario escolar e iniciar las clases mañana. Lo más probable es que se produzca bastante absentismo escolar, porque la mayoría de las familias no cuentan con medios alternativos para llevar a sus chicos al cole. Perder un día de colegio inmediatamente detrás de unas vacaciones no debiera verse como un drama. Hoy es frecuente que los alumnos pierdan horas lectivas porque caen cuatro gotas o hace viento, y además, después de todos los días de clase perdidos durante la pandemia, la gente está curada de espanto.

Pero el problema es que el asunto tiene que resolverse, porque los transportistas preparan nuevos paros y medidas de presión si el Gobierno no resuelve la papeleta. Una papeleta que no afecta a los colegios privados o concertados. En ellos no existe la deuda y se han actualizado los contratos al IPC. La relación de las empresas escolares con los transportistas ha sido más eficaz que la de la Administración.

Creemos que el Estado de Bienestar es sólo dejar cada vez más dinero en manos de las Administraciones para que resuelvan todos nuestros problemas. Países más avanzados, progresistas y prósperos que el nuestro –como los países escandinavos- descubrieron hace tiempo que el Estado de Bienestar funciona mucho mejor cuando la administración implanta mecanismos como el control de su propia eficiencia, establece medios para optimizar sus recursos humanos y actúa con una cultura competitiva, respetando algunas de las reglas del mercado. Por ejemplo, la regla de que las deudas hay que pagarlas.

El Estado de Bienestar no es –como piensa nuestro consejero de Hacienda- más dinero para que el Bienestar se reparta en la Administración. Me pregunto quién responderá si hay que devolver los fondos Next Generation porque no hay quien los gestione. Como no hay quien gestione las facturas del transporte escolar. Y eso con centenares de empleados públicos de brazos cruzados.