Como era de esperar, la fiscalía apoyó ayer la posición de José Julián Mena en relación con las medidas cautelares solicitadas por el alcalde de Arona, al considerar que el PSOE vulneró sus derechos durante el procedimiento para comunicarle la apertura y posterior desarrollo del expediente que culminó con su expulsión del partido. La petición de la fiscalía se basa en el hecho de que el PSOE comunicó a su entonces alcalde y afiliado el inicio del procedimiento por burofax, pero luego se limitó a utilizar el correo electrónico, sin que existiera un acuerdo previo de ambas partes –PSOE y Mena- sobre el cambio de sistema para comunicarse.
Ese cambio habría provocado (o podido provocar) que Mena no tuviera conocimiento de las comunicaciones del partido, lo que (hipotéticamente) le habría supuesto la incapacidad de contestar a los requerimientos del PSOE y no pudiera defenderse y explicar sus decisiones, dada la indefensión que el desconocimiento de los plazos establecidos por el PSOE para las alegaciones, le habría supuesto. La decisión de la fiscalía responde a derecho, y tiende a ser la que se aplica en casi todos los casos, por cuanto la ley no estable con claridad cuales deben ser los sistemas de comunicación entre partido y afiliados en trance de ser puestos de patas en la calle.
De hecho, todo esto supone un balón de oxígeno para Mena, que logra con las medidas cautelares meter el primer gol claro en la puerta del PSOE. Mena y su partido llevan jugando al gato y al ratón desde que empezó la crisis de Arona, sin que el PSOE –dividido entre los tinerfeños, partidarios de Mena, y los grancanarios, partidarios de los ‘montescos’ enfrentados a Mena, adoptara decisión alguna hasta que fue ya demasiado tarde.
La indefinición de la dirección regional, que decía una cosa a sus aliados ‘montescos’ en Arona, y otra distinta a la dirección del PSOE de Tenerife, alineada con Mena, permitió al alcalde y los suyos prolongar durante meses la agonía del partido, y construir una estrategia de resistencia –dicen que diseñada por Nicolás García Jorge, todo un estratega en materia de resistir- que no salvará al alcalde de la quema futura, pero puede mantenerle en la alcaldía aún durante meses. Para empezar, las medidas cautelares permiten invalidar el pleno extraordinario que debería celebrarse el próximo lunes para votar que Mena abandone de una vez el grupo socialista y pase al grupo de no adscritos, permitiendo así una moción de censura contra el alcalde, que probablemente prosperaría.
La decisión de la fiscalía, planteada durante la vista celebrada el martes 2 de marzo en el Juzgado de Primera Instancia número 1 de Arona, alarga la crónica de la anunciada muerte política de Mena, y mantiene la paralización del ayuntamiento de Arona, incapacitado por los recovecos de la ley Spínola para resolver una crisis que se arrastra desde principios de 2020. Es improbable que la jueza Nadia Méndez, que tiene de plazo de cinco días para dictar un auto sobre el establecimiento de las cautelares solicitadas, vaya a oponerse a la posición fiscal. La justicia es ciega (suele serlo) y al final la jueza optara por mantener las garantías del alcalde.
Los argumentos de la asistencia letrada del PSOE, explicando que el verdadero objetivo de Mena con las cautelares es impedir la vida democrática en el Ayuntamiento y la moción de censura que permita restaurar la gobernabilidad en Arona, no van a hacer que la jueza aplique un criterio diferente al del fiscal. Como tampoco el hecho de que el 25 de febrero pasado fuera dictado el auto que incoa diligencias previas contra el alcalde por prevaricación administrativa. Esos son ‘asuntos menores’ que no afectan al hecho que Mena ha encontrado la forma de seguir amarrado a su alcaldía, aunque la alcaldía no cuente con mayoría para mantenerse.
Los caminos de la democracia son extraños: ni Kafka habría imaginado un desenlace tan absurdo como este, por culpa de una ley –la ley Spínola- planteada para dar estabilidad a los ayuntamientos. Quizá este penoso ejemplo de bloqueo de la democracia –y no es el primero- lleva a la derogación de la ley. Mientras eso ocurre, lo de Arona sigue empantanado.