Más edificios para el Gobierno

Por los motivos que sea, el vicepresidente Román Rodriguez ha decidido que hay que gastar más dinero de nuestros impuestos en la adquisición de patrimonio inmobiliario, para destinarlo a usos del Gobierno. En los últimos tres años, los presupuestos de la Comunidad Autónoma han multiplicado por dos y medio el presupuesto de inversiones para la compra o construcción de edificaciones, y también incrementan las partidas destinadas a su rehabilitación.

Hacienda explica esa decidida voluntad inversora, en un plan director de Edificios, que persigue rectificar la escasa planificación de los anteriores gobiernos regionales en el diseño de las áreas dedicadas a la atención pública. Esa ausencia de planificación habría provocado un desbarajuste en la localización de los inmuebles, repartidos con escaso criterio por las dos capitales del archipiélago.

Lo que el vicepresidente Rodríguez quiere hacer ahora -y por eso ha aumentado el dinero que se gastará en la compra de edificios públicos- es racionalizar espacios, aumentar la concentración administrativa y reubicar los centros directivos. Todo eso mejorando sustancialmente la inversión. Para entendernos, lo que se pretende no tiene nada que ver con el anterior proyecto de Román, directamente relacionado con los dos búnkers –a 60 kilos por proyecto- que el vicepresidente quiere construir en Tenerife y Gran Canaria para albergar todos los sistemas y servicios de  seguridad.

Lo que se pretende hacer ahora, amparado en la palabrería necesaria para que el proyecto suene a decisión técnica, es comprar ya por procedimiento directo y por casi cinco millones de euros el edificio Ovalum, muy próximo a las dependencias de Usos Múltiples, y que ya albergó en el pasado el departamento de Función Pública y otras dependencias de la Comunidad Autónoma. El edificio Ovalun se terminó de construir a finales de 2005 y es íntegramente propiedad de Mapfre, la aseguradora que ha ‘colocado’ una parte importante de sus promociones en Canarias al Gobierno regional, hasta la fecha básicamente como alquileres. De hecho, el edificio que ahora quiere comprar el consejero de Hacienda en Las Palmas, desde que se terminó hace 18 años sólo había logrado alquilarse al Gobierno, y además no por mucho tiempo.

Se trata de un edificio que ya roza la edad para ser ocupado sin tener que emprender costosas reformas. Para la Dirección General de Patrimonio, dependiente precisamente de la Consejería de Hacienda, las nuevas inversiones en edificios se justifican en el hecho de que la edad media de los edificios administrativos que posee el Gobierno desperdigados por toda Canarias están ya en torno a los 20 años (y eso sin contar los primeros edificios de Servicios Múltiples, que fueron transferidos por el Estado junto con las competencias de la Lotraca, y tienen por tanto una antigüedad superior a las cuatro décadas). Esos edificios ya han soportado sucesivos arreglos –a veces apaños sin proyecto ni planificación- que complican su mantenimiento e impiden  funcionar a la Administración y el personal en razonables condiciones.

Es por eso que el plan director contempla tanta inversión para el arreglo y mejora de los inmuebles, inversiones que incluye no sólo la redistribución de los lugares de trabajo y su adaptación a los estándares actuales, sino también la mejora de la ventilación, la instalación y adaptación a energías renovables, la actualización digital de los centros, o la accesibilidad a personas con movilidad reducida. Con esas obras se pretende adaptar los viejos edificios al desarrollo sostenible que se exige hoy, incorporando ahorro energético, disminución en la emisión de gases de efecto invernadero y en la huella de carbono y un uso más eficiente de los recursos de que disponen las infraestructuras públicas y los inmuebles administrativos.          

Por eso, no parece que encaje demasiado en lo que establece el plan, la compra de un edificio terminado hace 18 años, un inmueble que requerirá de nuevas y costosas inversiones de adaptación a los estándares actuales. Lo cierto es que la propuesta de compra del edificio Ovalum que plantea Román Rodríguez, más parece una apuesta personal que otra cosa.