La diputada Espino denunció ayer en el Parlamento que la reciente promesa realizada por el presidente Torres de no subirse el sueldo, que ella reconoció haber creído, tenía gato encerrado. El Presupuesto presentado por el Gobierno para el próximo año incluye esa subida, agazapada en el artículo 36 del texto articulado. Pillado en falta in fraganti y en pleno pleno, el presidente negó que el presupuesto estableciera tal aumento y esbozo una curiosa explicación: en vez de asegurar que la inclusión de la subida era un error y que pensaba corregirlo, contó dos cosas. La primera era algo sobre el párrafo 1 y el párrafo 2 y la parte contratante de la primera parte, que no entendió ni él, y la segunda –en abierta contradicción con el discurso grouchomarxista previo- una sorprendente profecía: si el Gobierno nacional logra aprobar sus presupuestos –algo que se sabe resuelto desde anteayer- e incluye en ellos la subida del salario de los funcionarios, entonces el Gobierno de aquí introducirá una enmienda a los presupuestos de aquí, para que sus sueldos no suban.
Resultó sorprendente: no hay subida de salarios en el presupuesto, pero hay que enmendarlos para que los salarios del Gobierno no suban.
Lo que si subió (de tono) fue el debate. A la diputada Espino no le gusta que le mientan. Y al final el presidente cometió el que probablemente sea su mayor desliz en lo que va de legislatura. Dijo que su subida sería de apenas ochenta euros mensuales, y que eso no es nada, que con eso no se pagan escuelas, ni hospitales ni se resuelve el problema de la pobreza. Puede que sea cierto, pero no creo que esté el patio para desdeñar ante nadie esos ochenta euros que él y Román Rodríguez y Noemí Santana y el resto del ejecutivo va a cobrar (o no) en 2022. Para la tercera parte de los canarios esos ochenta euros representan lo que les falta para llegar a fin de mes, para pagar el alquiler, hacer frente a la subida de la luz, o poder hacer una compra y llenar la nevera.