‘Ley Mordaza’: reforma en caliente

Tras la condena contra Alberto Rodríguez por agredir a un policía en una manifestación de protesta contra la Ley Wert en 2014, el Gobierno Sánchez anunció su intención de reformar la Ley de Seguridad Ciudadana, -la llamada ‘Ley Mordaza’- antes de que finalice este año, en lo que algunos creen una suerte de ‘venganza legislativa’ a la sentencia que apartó a Rodríguez de su escaño. Lo cierto es que hay dudas sobre la oportunidad de acometer la reforma –no suele ser nunca bueno legislar en caliente- y sobre todo sobre las urgencias en el cambio de la ley, una de las más polémicas de las que puso en marcha el Gobierno Rajoy, pero que ha sido mantenida por el Gobierno de coalición y ampliamente utilizada durante el estado de alarma del 2020 por los cuerpos de seguridad, para sancionar a quienes se saltaron el confinamiento obligatorio, y eso a pesar de la oposición a la ley del PSOE y Unidas Podemos.

El borrador de la reforma ha sido muy criticado por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, que entienden les crea indefensión. La manifestación celebrada en Madrid el sábado contra la reforma, a la que asistieron representaciones de todos los cuerpos –Nacional, Guardia Civil, policías locales y autonómicas, aunque los Mossos no enviaron representación formal sí acudieron agentes individuales- y el respaldo de los partidos de la derecha –Ciudadanos, el PP y Vox- pone de manifiesto la unanimidad policial en el rechazo a la reforma que propone el Gobierno, y la evidente polarización que va a provocar.

Es cierto que nunca llueve a gusto de todos, y que muchas de las propuestas del Gobierno parecen completamente disparatadas… como la ocurrencia de multar a la gente en base a su estatus económico; la de reducir a dos horas el tiempo de identificación de un detenido; o la obligación de que la persona conducida a las dependencias policiales, una vez identificada, sea conducida de nuevo por la policía al lugar donde fue detenido. Convertir a las fuerzas de seguridad en taxistas no parece muy sensato: si el Gobierno quiere demostrar buena educación, sería más barato y razonable pagarle un taxi a los detenidos que poner a su disposición la dotación de un coche policial. Un portavoz del sindicato Jupol explicaba lo que esto supondría en la práctica: “si recibimos una llamada diciendo que hay alguien hablando con menores en un parque, nosotros luego le tenemos que devolver a ese parque…” Tampoco parece muy razonable eliminar la obligación de solicitar autorización gubernativa para la realización de manifestaciones, cuando hay que pedirla para cualquier uso de la vía pública, o que “se procure” que los cacheos se hagan fuera de la vista del público. Primero porque las leyes deben evitar recomendaciones buenistas (‘se procure’) y establecer derechos y obligaciones, y segundo porque si los cacheos deben realizarse fuera de la vista del público, habrá que montar dispositivos completamente absurdos para que eso se cumpla. A veces –demasiadas veces- tiene uno la sensación de que quienes hacen las leyes no tienen ni zorra idea de lo que implica aplicarlas.

También hay cosas que modificar en la actual ley de Seguridad: la redacción de la presunción de veracidad “salvo prueba en contraria” es correcta, y además sólo afecta a las infracciones administrativas ‘multables’, las que no alcanzan rango de delito, no a los atestados policiales. Y sobre la toma de imágenes de los policías en servicio, lo que se pretende cambiar coincide con la sentencia del Constitucional que considera inconstitucional que se establezca una censura previa a la difusión de imágenes de los agentes. Puede sancionarse la difusión, pero no impedirla con carácter previo. Las decisiones del Constitucional valen para todos, policías o no. Lo que pasa es que cuando un Gobierno legisla en caliente y polariza, al final todo se ideologiza y da igual que sus propuestas (una parte de ellas) sean o no correctas.