Jugando al ratón y al gato

Hace un par de días, el Gobierno de España filtró el acuerdo firmado con la Comisión Europea para recibir los fondos, y descubrimos que en el texto suscrito aparece de forma clara y explícita que se extenderá el periodo de cálculo de las pensiones. Es un asunto sobre el que se había estado lanzando tinta de calamar, vendiendo la idea de que el trabajador elegiría el periodo de cotización que más le conviniera, porque para la mayor parte de los trabajadores los salarios de hace 25 años suelen ser más bajos que los últimos salarios percibidos antes de comenzar a cobrar la pensión. Eso supone que con el cálculo a 25 años, el Estado se ahorrará una pasta, y que los futuros pensionistas cobrarán menos.

Es uno de esos asuntos realmente importantes, propios de una política de Estado, que requeriría cierto consenso entre las fuerzas parlamentarias, reunir el Pacto de Toledo y etcétera, pero este Gobierno suele hacer las cosas porque (y cuando) le sale del occipucio. Para despistar, el Gobierno se ha sacado a toda prisa de la manga un pacto con los sindicatos para aumentar las cotizaciones a la Seguridad Social de las empresas y los trabajadores hasta un 0,6 por ciento (cinco veces más las de las empresas que las de los trabajadores) y así poder hacer frente a las futuras pensiones de la generación del ‘baby boom’. Se trata de un acuerdo que en los próximos nueve años sisará a las empresas de este país 40.000 millones de euros, sin solucionar el problema de fondo. Pero cuando se perjudica a las empresas, la izquierda parece alegrarse: el acuerdo cuenta con el apoyo explícito de Unidas Podemos, aunque a cambio ha cabreado bastante a ERC, al PdCat y el PNV, probablemente porque el Gobierno que ahora les pide el voto para sacar la medida, la ha decidido sin contar con ellos. Especialmente crítico con la decisión ha sido el diputado Rufián, que ha dicho que el Gobierno está más preocupado por vender “el titular” que por solucionar el problema. Desde el PdCat, han sido más duros aún, recordando que el Gobierno no cuenta con mayoría para sacar adelante este asunto, que aún no ha sido llevado siquiera a la Comisión parlamentaria que debe darle trámite.     

Es sorprendente que el asunto probablemente más importante de esta legislatura, el que más puede afectar al conjunto de los ciudadanos, se esté resolviendo prácticamente a la zorruna, sin llegar a acuerdos no ya con todas las fuerzas políticas parlamentarias –sería lo suyo- sino tan siquiera con los propios socios del Ejecutivo. En realidad, el Gobierno ha firmado un compromiso para reformar las pensiones con Bruselas, que en la práctica supone una reducción de lo que van a cobrar los futuros pensionistas, algo que rechaza Podemos. Pero no es eso de lo que se habla, sino de un acuerdo realizado a espaldas del Congreso, para recaudar más, exprimiendo de nuevo a las empresas, que pagarán de media diez euros extra por cada trabajador.

Pero la verdadera cuestión es que en el año pasado los ingresos de la Seguridad Social por las cotizaciones rondaron apenas los 150.000 millones de euros, mientras el gasto fue de 200.000. En lo que va de este año hasta agosto la diferencia entre ingresos por cotización y gasto por pago de pensiones supera los 34.000 millones, una cantidad que se verá desbordada tras el otro acuerdo –ese sí, suscrito por todos- para volver a vincular las pensiones al IPC, y evitar con ello que la inflación disparada devore las rentas de los jubilados.

La estrategia sobre pensiones del Gobierno no la entienden ni ellos, es como si jugaran al ratón y al gato: acuerdan una reforma a la baja con Bruselas para garantizar que la caja no reviente, pero van a subir la factura, al volver a vincularlas al IPC. Y encima pretenden que sean las empresas las que paguen el pato. A ver si algún día conseguimos que lo que dicen en Bruselas y lo que hacen aquí sea lo mismo.